El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior ha registrado 418 casos de menores víctimas de ciberdelitos de carácter sexual en lo que va de 2025, una cifra que se eleva a 5.474 menores si se atiende a los datos desde 2018.
“El Ministerio del Interior realiza múltiples acciones para tratar de asegurar su protección, tanto desde el punto de vista preventivo como reactivo”, ha indicado el Gobierno por escrito en contestación a una pregunta parlamentaria de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, el Ejecutivo se centra en “el reciente problema de las ultrafalsificaciones”, también conocidas como deepfakes, mencionando el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales –aprobado en marzo por el Consejo de Ministros– y que trata de luchar contra el uso con fines delictivos del rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento.
Vox pregunta por extranjeros
En su pregunta, Vox citó el caso de un inmigrante detenido en Tenerife por distribuir material de abuso sexual infantil en la dark web, reclamando al Gobierno datos sobre el número de personas que habían cometido este tipo de delitos y si eran españoles o extranjeros.
Sin embargo, Interior advierte de que el Sistema Estadístico de Criminalidad “no puede determinar el número de detenciones o investigados por infracciones penales relacionadas con victimizaciones de menores de edad”.
Por este motivo, la estadística del Ministerio del Interior lo que refleja es que de los 418 menores víctimas de ciberdelitos entre enero y junio de 2025, 52 eran extranjeros -sin incluir datos de los Mossos d’Esquadra-. Desde 2018, son 707 los extranjeros, en torno al 13% de los 5.474 menores.
Simulaciones sexuales o vejatorias
El Gobierno repasa las modificaciones legislativas para “abordar directamente el reciente problema de las ultrafalsificaciones, de forma que constituye un tipo delictivo la difusión, exhibición o cesión de imágenes o audios que se generen, modifiquen o recreen utilizando herramientas tecnológicas y simulen situaciones de contenido sexual o vejatorias”.
Por otro lado, el Ejecutivo quiere que sea punible que el referido material “se ponga a disposición de una colectividad indiscriminada de personas usuarias, entre las que va a existir una amplia representación de personas menores de edad”.
Además del citado Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, el Gobierno destaca que Interior cuenta para hacer frente a esta problemática con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 y que revisa el l Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, entre otras medidas como la Red Inhope, que es un canal de comunicación facilitado por INCIBE para las notificaciones de contenido relacionado con el abuso infantil.