La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para esclarecer las circunstancias del presunto suicidio de Sandra Peña de 14 años que sufría acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto, en la capital andaluza.
Uno de los procedimientos, de carácter reformador, busca determinar la posible implicación de otras menores en los hechos. El segundo expediente, de supervisión, evaluará la actuación del centro educativo y si se siguieron correctamente los protocolos frente al acoso escolar y las conductas autolíticas.
El Ministerio Público aún no ha recibido el atestado policial sobre lo ocurrido, aunque ya ha solicitado documentación a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que ha confirmado que el colegio fue inspeccionado. Si se constata un “incumplimiento muy grave” de los protocolos, el centro podría perder el concierto educativo.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación de oficio para conocer cómo se activaron los mecanismos de protección a la menor y si se actuó con la rapidez y diligencia necesarias.
La Junta advierte
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado que el colegio no activó los protocolos obligatorios tras las denuncias de la familia, lo que motivó la apertura de un expediente administrativo. Si se acredita un “incumplimiento muy grave”, la Junta ha advertido que el centro podría perder su concierto educativo, es decir, dejar de recibir financiación pública.
Según la Consejería, la inspección educativa se personó de inmediato en el colegio para recoger información sobre las actuaciones del equipo directivo, las comunicaciones internas y los registros de seguimiento del caso. La investigación se centra en determinar si existió omisión o negligencia en la aplicación de las medidas de protección a la alumna.
La familia tomará medidas legales
Por su parte, la familia de Sandra sostiene que el centro se limitó a cambiarla de aula a petición de la madre y que no se activó el protocolo, pese a dos avisos previos y a que la menor inició atención psicológica en verano. Tras la muerte, denuncian además falta de contacto por parte de la dirección. Han anunciado acciones legales.