Economía

Debate electoral

Cuerpo y Bravo acaparan el primer debate entre reproches: “Las infraestructuras son un ejemplo de la falta de gestión del Gobierno”

La vivienda es el aspecto que más divide a los candidatos mientras que todos se comprometen a revalorizar las pensiones conforme al IPC

Carlos Cuerpo,
Pablo Bustinduy, Carlos Cuerpo, Juan Bravo y José María Figaredo (de izquierda a derecha).
LaSexta
Actualizado: h
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Los principales líderes económicos de los partidos han enfrentado la noche de este viernes el primer debate de la campaña electora, que ha estado protagonizado por la inversión en infraestructuras, políticas de vivienda, futuro de las pensiones, salarios e impuestos.

Carlos Cuerpo (PSOE), Pablo Bustinduy (Frente Amplio), Juan Bravo (PP) y José María Figaredo (VOX), han presentado sus propuestas de cara a las elecciones del 29 de noviembre en un debate en el que los fondos buitre, inmigración y falta de inversión en infraestructuras han pasado a un primer plano.

La inversión en infraestructuras se llevan una gran parte del debate

Pasadas las primeras dos semanas del accidente ferroviario en Urda, el primer debate electoral ha comenzado poniendo en el centro la inversión en infraestructuras. Con un Cuerpo que ha asumido las funciones del Ministerio de Transportes convencido en ser la pieza para recuperar la confianza de los españoles en el transporte ferroviario, el representante del Partido Popular ha señalado la gestión del Gobierno: “Las infraestructuras son un ejemplo de la falta de gestión del Gobierno de Sánchez”, reprochó Bravo, que acusó al Ejecutivo de haber permitido que España pierda una de sus principales señas de identidad.

El dirigente popular cuestionó la ejecución de las inversiones y puso el foco en la falta de Presupuestos Generales del Estado, recordando que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, había reconocido que esta circunstancia condicionaba la financiación.

En su defensa y para recuperar de nuevo la confianza de los españoles en el sistema, Cuerpo enumeró varias líneas de trabajo, partiendo del acompañamiento a las víctimas, seguido de la asunción de responsabilidades, el avance de las investigaciones para esclarecer las causas y la puesta en marcha de las actuaciones necesarias.

Creación de un “Libro Blanco” con recomendaciones de técnicos

Además, vicepresidente primero y ministro de Economía y Transporte anunció la creación de una comisión técnica que elaborará un Libro Blanco con recomendaciones para mejorar el sistema ferroviario a partir de un análisis exhaustivo realizado por los técnicos y sindicatos.

Cuerpo puso sobre la mesa un plan de 19.000 millones de euros para reforzar la red y blindar su financiación, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse recortes como los registrados en años anteriores. Asimismo, sostuvo que el actual Ejecutivo ha incrementado la inversión respecto a la etapa del PP.

Sin embargo, Bravo cuestionó esas explicaciones y acusó al Gobierno de no haber aprovechado adecuadamente los fondos europeos. El dirigente popular aseguró que, de los 160.000 millones de euros de fondos ‘NextGen’, se habrían dejado sin utilizar más de 60.000 millones.

Reproches de Vox a la caida de la financiación de infraestructuras

Entre la ausencia de propuestas en esta materia de Vox, cuyo representante señaló que se invertirá “lo que sea necesario” sin comprometer una cifra, el PP planteó como respuesta una auditoría, un plan de choque para recuperar la seguridad y un programa de inversiones superior a los 300.000 millones de euros en 15 años, que debería abordarse junto a las comunidades autónomas y las empresas.

Si bien es cierto, el representante de Vox aprovechó este apartado para reprochar al Gobierno que “la inversión ha caído significativamente a niveles que comienza a ser peligroso. A esto se suma una cuestión adicional y es que la corrupción mata”.

Por su parte, el representante de Frente Amplio defendió reorientar unos 13.000 millones que se han asignado a mejorar aeropuertos para destinarlo a la red ferroviaria de AVE y Cercanías. Además, puso el foco en la liberalización del mercado en el que han entrado la francesa Ouigo y la italiana Iryo: “Nos hemos gastado 70.000 millones en crear esta infraestructura y lo que no puede ser es que las aprovechen empresas extranjeras”.

Vivienda, uno de los aspectos clave del debate

Más allá del choque por las infraestructuras, la vivienda ocupó buena parte del debate. Cuerpo defendió las medidas aprobadas por el Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler y sostuvo que 1,9 millones de hogares podrán beneficiarse de ellas. Según explicó, regresar al mercado supondría un incremento del gasto del 14%, mientras que las deducciones fiscales también permitirían aliviar la situación de los inquilinos. Además, reconoció el trabajo realizado por el ala de Sumar para que la parte socialista del Gobierno diera su brazo a torcer para la aprobación de los reales decreto ley en materia de vivienda.

En este sentido, Bustinduy presentó su política en materia de vivienda atacando en numerosas ocasiones a los fondos buitre y defendió penalizar fiscalmente la acumulación de viviendas para frenar la especulación y la construcción de más vivienda pública.

Bravo, por su parte, defendió el compromiso del PP de construir un millón de viviendas durante la primera legislatura. Para conseguirlo, propuso modificar la ley del suelo, facilitar la construcción y aprobar medidas contra la ocupación. También planteó rebajas del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales, así como una hucha de ahorro para los jóvenes.

Figaredo atribuyó el problema de la vivienda al crecimiento de la demanda y a las políticas migratorias del Ejecutivo. En este punto del debate, el representante de Vox apenas orientó las medidas en materia de vivienda a defender la remigración, aunque si criticó que las actuales leyes aprobadas por el Gobierno han contribuido a destruir el mercado del alquiler y reprochó la invitación del Ejecutivo a los fondos buitre a la compra de viviendas: “Han invitado a los ricos y a los fondos del mundo con exenciones fiscales”.

Todos se comprometen a revalorizar las pensiones conforme al IPC

La revalorización y el futuro de las pensiones fue otro de los puntos clave del debate aunque con una promesa unánime de todos los representantes de los partidos: su revalorización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) en los próximos años.

Cuerpo defendió la revalorización de las prestaciones y la reforma del sistema aprobada en 2023 para garantizar su sostenibilidad ante la próxima jubilación de la generación del baby boom.

Bustinduy apostó por garantizar que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que Bravo trasladó un mensaje de tranquilidad a los pensionistas y garantizó que el PP mantendrá la actualización de las prestaciones conforme al IPC.

Figaredo, en cambio, cuestionó la sostenibilidad del modelo y acusó al Gobierno de haber vaciado la caja de las pensiones -aunque el Fondo de Reserva cuenta actualmente con 19.841 millones, la cifra más alta desde el año 2015 cuando la conocida como ‘hucha de las pensiones’ contaba con 32.481 millones de euros-. El representante de Vox vinculó las dificultades del sistema con la situación salarial y la inmigración, y defendió recuperar una economía productiva que permita aumentar la recaudación: “Los sueldos de los españoles llevan 30 años estancados y eso hace que la recaudación para las pensiones sean menores”, reprochó Figaredo.

Salarios e impuestos, las materias más olvidadas del debate

Los salarios y la fiscalidad quedaron en un segundo plano durante el debate, con intervenciones marcadas por la tensión acumulada y los reproches entre los representantes políticos. En materia salarial, Bustinduy defendió las subidas del SMI y atribuyó parte de ese éxito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, apoyó los buenos datos de empleo ante las subidas del SMI: “Cada vez que se ha subido el SMI han dicho que iba a ser el apocalipsis del empleo y hay más trabajadores que nunca”.

En esta materia, el representante del Partido Popular sostuvo que el SMI debería tener un carácter “residual” y ser fruto del acuerdo entre patronal y sindicatos, de manera que la mayoría de los españoles percibiera salarios superiores.

Por su parte, Figaredo aseguró que el salario más frecuente ha pasado de 17.000 a 16.000 euros y atribuyó este retroceso a las políticas de inmigración masiva y a la pérdida de peso de la industria.

Rebajas fiscales de PP y Vox 

En el apartado fiscal, el PP puso sobre la mesa su compromiso de bajar el IRPF si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno. Bravo defendió deflactar el impuesto para aliviar la carga sobre las familias y los trabajadores, además de introducir el IVA franquiciado para los autónomos. También reivindicó medidas de apoyo a las familias, como las ayudas a la maternidad. Figaredo coincidió en reclamar una rebaja de impuestos, especialmente en el IRPF y para las rentas más bajas.

Desde Frente Amplio, Bustinduy defendió una mayor progresividad fiscal y denunció que las grandes empresas pagan menos impuestos que las pequeñas y que las rentas patrimoniales tienen una tributación inferior a las del trabajo. Además, recordó que la presión fiscal española continúa por debajo de la media europea.

En esta materia, Carlos Cuerpo defendió que los récords alcanzados en recaudación se deben “en un 90% al aumento de las cotizaciones de los trabajadores” gracias al incremento de los afiliados a la Seguridad Social.

El primer debate en campaña ha estado protagonizado por las discrepancias entre los partidos y falta de consenso en un materias clave como la vivienda, los salarios y los impuestos. Si bien es cierto, el único entendimiento al que han llegado los representantes de Frente Amplio, PSOE, PP y Vox ha sido la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

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