El juez Juan Carlos Peinado ya tiene el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando por un delito de malversación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa.
La Sala resuelve que hay indicios suficientes contra las dos investigadas que presentaron sendos recursos de apelación al considerar que no había ningún indicio de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente, ni en el desempeño de sus funciones.
Pero la Audiencia estrecha el cerco sobre ellas y refuta sus argumentos. En concreto, subraya que su contratación podría ser delictiva desde el momento en que “el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez”.
Además, la Audiencia incide en que la elección de Álvarez “sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público”, precisa el auto.
Esto es, consideran los magistrados que hay suficientes sospechas por el hecho de que mantuvieran una amistad previa -reconocida por ambas- y que Álvarez terminara haciendo gestiones para los negocios privados que siguió manteniendo Begoña Gómez.
La defensa de Álvarez consideraba en su recurso que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer un delito de malversación que sólo cometería quien lo destina aprovecha o consiente esa decisión”, alegando que no podría haber malversado dinero público ayudando a Gómez en su actividad profesional.
Sin embargo, la Audiencia le recuerda: “El funcionario está obligado a evitar el resultado lesivo contra el patrimonio público pues el ordenamiento jurídico no solo espera del funcionario el cumplimiento de sus deberes específicos, sino que lo coloca en posición de garante, por lo que debe evitar el resultado”.
Otro de los argumentos de los recurrentes era que el desempeño de las funciones de asesora no tenía horarios y que en algún momento puntual “como favor de amiga” podría haber enviado Álvarez un correo electrónico en nombre de Gómez para pedir financiación para la cátedra que codirigía, tal y como reconoció la esposa de Pedro Sánchez en una de sus declaraciones ante Peinado.
En este punto, la Audiencia apostilla: “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”.
Los correos de Cristina Álvarez
Lo que ha desencadenado todo esto son los correos electrónicos aportados en un informe de la UCO de los que se desprende que Cristina Álvarez era la encargada de la interlocución con las empresas privadas que ponían dinero para financiar la Cátedra que codirigía Begoña Gómez. Lo hacía a veces a su nombre pero desde la cuenta de correo electrónico personal de Gómez o, directamente, utilizaba su cuenta de Gmail para dirigirse a Doadrio o a los patrocinadores.
Es significativo el lenguaje que empleaba Cristina Álvarez en estos correos. Usaba el “nosotros” como si ella estuviera inmersa en el proyecto. “Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40 000 EUR”, escribía, por ejemplo, en 2022 para solicitar a Google dinero para la creación de una herramienta docente.
Álvarez se comunicaba en nombre de Begoña Gómez con gigantes como Google, Indra, Deloitte o KMPG. En todas las ocasiones su función era gestionar los posibles fondos que podrían prestar estas empresas y cómo adecuarlos con la normativa de la Complutense.
Pero también realizó otras gestiones como preguntar sobre el límite salarial que personas como Begoña Gómez podrían alcanzar de su actividad docente como personal externo a la Universidad. Además, gestionó eventos en el Caixa Forum relativos a la Cátedra, consultaba normativa vigente, preparaba cursos de verano o solicitaba asesoría jurídica a la Complutense.
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