Tan solo le han hecho falta dos días a la UCO de la Guardia Civil para analizar los 121 correos electrónicos entregados por Juan Carlos Doadrio, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, al juez Juan Carlos Peinado. Doadrio fue el nexo entre el centro educativo y Begoña Gómez desde que se creó la Cátedra de Transformación Social Competitiva en septiembre de 2020 hasta que dejó el cargo en enero de 2023.
En su testifical, el vicerrector confesó que acabó teniendo más contacto con Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Gómez, que con la propia esposa del presidente. Y prueba de ello son las comunicaciones intercambiadas por e-mail que entregó el propio Doadrio en sede judicial y que motivaron a Peinado a dar un impulso a la investigación y transformar el procedimiento.
En los mensajes analizados por la UCO se desprende que es Cristina Álvarez quien se encarga de la interlocución con las empresas privadas que ponían dinero para financiar la Cátedra que codirigía Begoña Gómez. Lo hacía a veces a su nombre pero desde la cuenta de correo electrónico personal de Gómez o, directamente, utilizaba su cuenta de Gmail para dirigirse a Doadrio o a los patrocinadores.
Es significativo el lenguaje que empleaba Cristina Álvarez en estos correos. Usaba el “nosotros” como si ella estuviera inmersa en el proyecto. “Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40 000 EUR”, escribía, por ejemplo, en 2022 para solicitar a Google dinero para la creación de una herramienta docente.
Álvarez se comunicaba en nombre de Begoña Gómez con gigantes como Google, Indra, Deloitte o KMPG. En todas las ocasiones su función era gestionar los posibles fondos que podrían prestar estas empresas y cómo adecuarlos con la normativa de la Complutense.
Pero también realizó otras gestiones como preguntar sobre el límite salarial que personas como Begoña Gómez podrían alcanzar de su actividad docente como personal externo a la Universidad. Además, gestionó eventos en el Caixa Forum relativos a la Cátedra, consultaba normativa vigente, preparaba cursos de verano o solicitaba asesoría jurídica a la Complutense.
Otro de los factores relevante es que Begoña Gómez le presentaba como “compañera”, cuando en realidad era su asesora para las cuestiones relativas a su agenda oficial como esposa del presidente. Así lo hacía constar en un correo enviado al CENIEH, que se había ofrecido a colaborar con la cátedra: “Te propongo que hables con mi compañera Cristina para agendar una videollamada en las próximas semanas”, proponía la propia Gómez.
Cabe recordar que el juez Peinado sospecha que se usó dinero público, el salario de Álvarez, para fines privados de la mujer del presidente, su actividad docente en la Universidad Complutense. Si esta pieza separada que investiga a Gómez, Álvarez y Francisco Martín Aguirre por un delito de malversación llegara a juicio se regiría por la ley del Tribunal del Jurado y serían nueve ciudadanos anónimos quienes decidirían la sentencia.
La vía de la malversación
Así, el informe de la UCO convierte en papel mojado la declaración de Begoña Gómez, en la que hizo alusión a que Cristina Álvarez envió algún correo para sus asuntos personales como “favor de amiga puntual”. Las tareas que realizó Álvarez en favor de Begoña Gómez fueron habituales, según queda patente en los correos.
En su última declaración ante el juez, Gómez dijo que Álvarez estaba encargada de su agenda oficial, aunque precisó que también tenía constancia de sus negocios privados como su actividad docente para que no se solaparan ambas tareas. Sin embargo, estos correos van más allá de tener constancia de sus quehaceres en el sector privado.
Por ello, las fuentes jurídicas consultadas por Artículo 14 consideran que el descubrimiento de estos correos dan oxígeno al juez. “Sí que dan base suficiente para que Peinado siga investigando. En esa línea va la petición de nuevos correos al Instituto de la Empresa”, precisan, haciendo referencia a la última providencia de Peinado solicitando también los correos intercambiados entre Álvarez y el organismo.
¿Suficiente para atar el delito de malversación? “Los correos no tienen entidad suficiente para que concurra un delito de malversación. Hay que tener en cuenta como contexto que la asesora es un cargo de confianza y que existe amistad íntima previa entre ella y Begoña Gómez. Solo habría malversación si se demostrara que la asesora no ha realizado las funciones para las que ha sido contratada”, concretan las fuentes consultadas por Artículo14.