Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que la Fiscalía Europea requirió para examinar los contratos de Red.es recomendados mediante carta por Begoña Gómez concluye que tales contratos salieron adelante “incumpliendo la ley”. La Fiscalía Europea, independiente de la Fiscalía española, asumió el caso al sospechar que pudo producirse uso indebido de fondos europeos en la adjudicación de tres contratos públicos por valor de 10,6 millones de euros a empresas vinculadas a Carlos Barrabés, el empresario socio de Begoña Gómez y artífice de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que dirigió la mujer del presidente del Gobierno.
El informe de la IGAE es demoledor en el sentido de que señala indudables incumplimientos a la hora de resolver las adjudicaciones. “La distribución del peso de los criterios no evaluables mediante fórmula y evaluables mediante fórmula que figura en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (40% para los primeros y 60% para los segundos), no responde a la realidad del peso de la distribución de ambos tipos de criterios en la distribución de la puntuación. Lo anterior implica que los Pliegos en vez de dar certidumbre al proceso han transmitido información errónea a los licitadores”, expone la Intervención del Estado.
Y sigue: “La valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración. La Mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado”
En palabras de la Intervención del Estado, “que se haya atribuido a la Mesa de Contratación la valoración de las ofertas en base a una distribución de puntuaciones entre valoración de criterios evaluables mediante un juicio de valor y valoración de criterios evaluables mediante fórmula que no responde a la realidad, teniendo los criterios evaluables mediante juicio de valor un peso superior, podría constituir un fraude de Ley, mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos, en el que no podría haber participado el director proponente del contrato, o por un organismo técnico especializado, lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas, más teniendo en cuenta que el informe de valoración lo ha firmado una sola persona y el comportamiento pasivo con que ha actuado la Mesa de Contratación”.
Sin competencia
El informe pericial también concluye que “lo que parece indudable es que la eliminación de aproximadamente el 50% de los licitadores por baja calidad ha conducido a restringir gravemente la competencia. Se desconocen las causas por las que tan elevado número de ofertas son de tan escasa calidad a juicio del técnico firmante del informe y por ello se han producido tan elevado porcentaje de eliminaciones”.
La Intervención del Estado observa “una gran opacidad y que el proceso de contratación no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública”.