La denuncia interna de una exconcejala del PP en Móstoles contra el alcalde Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral, no solo acabó con su salida del ayuntamiento en octubre de 2024, sino que expuso las grietas de los mecanismos internos de protección en los partidos políticos. Los hechos, según relató la edil, comenzaron durante la campaña municipal de 2023 con comentarios y proposiciones sexuales y derivaron, tras su rechazo, en un progresivo ostracismo profesional. Pese a elevar el caso a la dirección regional del partido, quedó archivado como “desavenencias laborales”.
Bautista niega cualquier acoso y habla de una “campaña de desprestigio”. Por su parte, la exconcejala prepara una denuncia judicial por acoso laboral y filtración de correos privados. Más allá del recorrido judicial, el caso incita a pensar qué ocurre cuando los protocolos fallan justo cuando deberían proteger.
Los protocolos antiacoso en los partidos políticos españoles existen desde hace años, pero su aplicación práctica está fallando de forma reiterada, como evidencian los numerosos casos que han sacudido recientemente al PSOE, PP, Vox y otras formaciones. Casi todas cuentan con documentos aprobados, publicados en sus webs o archivados internamente, pero la sucesión de denuncias, dimisiones y silencios ha colocado estos mecanismos en el centro del debate público. ¿Están diseñados para proteger a las víctimas o funcionan, sobre todo, como un cortafuegos reputacional?
Es la pregunta que se hace Carmen Costa, abogada de Paredes & Asociados, el despacho que gestiona la denuncia, ahora retirada, de Elisa Mouliáa contra Íñigo Errejón. “El problema surge cuando esos protocolos descienden del papel a la realidad. Es ahí donde el sistema empieza a fallar, con retrasos injustificados, respuestas tardías, encubrimientos y una pérdida progresiva de confianza en los canales internos”, explica a Artículo 14.
La acumulación de casos empieza a recordar al #MeToo, esta vez en un contexto político, pero igualmente marcado por un machismo estructural que tiende a priorizar, según intuye la letrada, la estabilidad de la organización frente a la protección de las denunciantes.
Caso Salazar: cinco meses de silencio
El PSOE ha concentrado buena parte de los titulares, con al menos siete denuncias conocidas en diciembre de 2025. Entre ellas sobresale el caso de Francisco Salazar, exasesor en Moncloa, acusado de conductas como subirse la bragueta ante sus compañeras o pedirles que mostraran el escote. El protocolo aprobado por el partido en 2021, que contempla canales confidenciales y comisiones instructoras, se aplicó de forma deficiente. Durante cinco meses no se contactó con las denunciantes ni se les ofreció apoyo legal. El partido admitió una “falta de diligencia” y Pedro Sánchez asumió responsabilidad política. Desde dentro se ha prometido un rediseño del sistema con refuerzo jurídico y formación obligatoria a partir de 2026.
A estos hechos se suman otros en el ámbito socialista, como el de Antonio Navarro en Torremolinos, cesado de militancia tras mensajes de carácter sexual. O José Tomé en Monforte de Lemos. Un mes después de verse obligado a abandonar la presidencia de la Diputación de Lugo, por denuncias internas de presunto acoso sexual, el pleno municipal ratificó el 26 de enero el decreto que le devuelve una nómina pública de 62.555 euros brutos anuales como alcalde. Están también Toni González en Almussafes; o Xosé Carlos Valcárcel en Barbadás. En Galicia, el reconocimiento por parte de José Ramón Gómez Besteiro de que conocía las acusaciones desde octubre provocó dimisiones colaterales, como la de Silvia Fraga.
En el PP se han registrado al menos tres denuncias judiciales contra alcaldes: José Ignacio Landaluce en Algeciras, investigado por abusos desde 2024; Jorge Peiró en Jericá, imputado por agresión a dos menores; y Enrique Hueso en Navalmoral. El partido adaptó su Código de Conducta en 2023 para incorporar un “protocolo interno”, pero en la práctica los casos han sido judicializados o archivados sin medidas cautelares inmediatas.
Vox afrontó en 2023 la dimisión de Javier Esteban Bejarano, jefe de redes, acusado de agresión sexual a un menor de 16 años. El partido negó los hechos y no activó un procedimiento claro pese a contar con un protocolo aprobado ese mismo año, que trata la violencia sexual como “riesgo laboral” y no garantiza el anonimato. En Xàbia, otra denuncia derivó en la retirada de funciones a José Marco Pons por acoso a una asesora.
Sumar aprobó su protocolo en enero de 2025 tras el caso Errejón, aunque reconoció fallos que deterioraron la confianza ciudadana. Podemos cuenta con un protocolo desde 2018, actualizado en 2020, duramente criticado por su falta de respuesta en casos como el de Juan Carlos Monedero.
El problema no se limita a los partidos estatales. ERC suspendió a Josep Barberà en Valencia por acoso a una exsecretaria; Junts investiga a Toni Comín por tocamientos y propuestas sexuales a trabajadoras en Bruselas; EH Bildu prioriza en su protocolo de 2022 un enfoque de reparación restaurativa. PNV y BNG disponen de códigos éticos o protocolos recientes sin activaciones conocidas.
Miedo a no ser creída
El caso Salazar se ha convertido en un símbolo. No es el único ni el más grave, pero concentra en pocos meses todas las grietas del modelo: protocolos aprobados, canales habilitados y discursos feministas que, aun así, desembocan en retrasos, silencios y decisiones tardías. A este fallo estructural, Carmen Costa suma otro obstáculo persistente: el miedo. “Miedo a no ser creída, a sufrir represalias o a que denunciar suponga el final de una carrera política, un contrato o una red de apoyos”. En un ámbito tan dependiente de equilibrios internos y lealtades personales como la política, ese temor se multiplica. No es casual que una de las denunciantes del caso Salazar extremara las precauciones técnicas para evitar ser identificada. “La confidencialidad existe, pero a menudo solo sobre el papel”.
Los protocolos suelen estar gestionados por las propias organizaciones, es decir, por personas que comparten espacio, intereses e incluso vínculos personales con el denunciado. Ahí opera el machismo estructural que lleva a normalizar, silenciar y dudar. “Esto retrasa las decisiones y prioriza la cohesión interna frente a la protección de las víctimas”, añade la letrada.
La última macroencuesta del Ministerio de Igualdad estima que el 36,2% de las mujeres de 16 o más años en España ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, más de 7,7 millones. “Sin embargo -opina Costa-, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Aunque la legislación obliga desde 2007 a prevenir y actuar frente al acoso, y los partidos cuentan formalmente con protocolos, no existe una reacción diligente que proteja realmente a la víctima durante la investigación.
Virginia Gil, presidenta de la Fundación Aspacia, ha señalado que muchos protocolos son un “corta y pega” elaborado para cumplir la ley, sin adaptación real a la estructura del partido ni participación de personal especializado. “Hasta que no se enfrentan al primer caso, muchas organizaciones no descubren que su protocolo no se ajusta a su propia realidad”. La clave pasaría por la externalización. Órganos independientes, con profesionales formados y ajenos a la estructura interna, que reduzcan la subjetividad y las presiones personales.
Las carencias se agravan por la falta de formación, la escasa difusión interna y la ausencia de presupuesto. “El resultado es un sistema que desincentiva la denuncia y refuerza el silencio”, indica Costa. En 2025 se contabilizaron al menos once denuncias relevantes en el ámbito político, con solo tres acusados procesados y dos condenas. Un balance que refuerza la percepción de ineficacia. Por eso, cada vez más voces coinciden en que la externalización es la única salida creíble, con estructuras independientes capaces de investigar sin presiones internas y de enviar una señal clara de que denunciar no se volverá contra quien da el paso.
El Gobierno estudia fórmulas para homogeneizar los canales antiacoso en partidos, sindicatos y empresas. Las expertas advierten, sin embargo, que sin un compromiso real, los protocolos seguirán existiendo más como declaración de intenciones que como herramientas eficaces de protección.
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