Hemos aprendido esta semana que la mejor manera para pactar el modelo a través de cual en los próximos años se pretende repartir a las autonomías el dinero es dejarlo cerrado, en primer lugar, con una persona condenada e inhabilitada precisamente por haber malversado fondos públicos en una autonomía.
Lo lógico en un país que tuviera un mínimo de sentido común y altura institucional, en una nación donde las políticas se desarrollaran de una manera sensata, sería confeccionar el nuevo modelo de financiación autonómica tras mantener conversaciones con todas las comunidades autónomas, analizando sus problemas demográficos, socioeconómicos y estructurales y, en definitiva, sus necesidades. Y, solamente, tras haber completado este importante paso previo se les presentaría a todas ellas un modelo justo, objetivo, neutro, imparcial, ecuánime y sobre todo honesto con el que tratar de satisfacer sus necesidades. Es justo reconocer que este paso es extraordinariamente complejo pero sería la manera de articular un modelo de máximos que con el que contentar a las autonomías.
Pero la España de Pedro Sánchez es diferente y como el presidente anda corto de escaños y necesitado de unas cuentas públicas en Cataluña lo que hace en primera instancia es pactarlo con un político como Oriol Junqueras que no estará en la reunión del miércoles pues no preside ninguna autonomía sino que lidera la oposición de una de ellas. Y, luego, ya como segundo plato se presenta el plan para que las demás autonomías se vayan enterando de lo que les queda del reparto.
En esencia el nuevo sistema que pone sobre la mesa el Gobierno es muy sencillo y funciona del mismo modo que cuando un dirigente público trata de favorecer a una empresa determinada en una licitación pública: se redacta el pliego de condiciones confeccionándolo a la medida del beneficiario.
De este modo, trasladándolo al caso que nos ocupa para el nuevo reparto se tienen en cuenta con carácter previo sobre todo esos parámetros que benefician a Cataluña, discriminando o directamente eliminando de la ecuación los que más le perjudiquen. El modelo se lo aplicas a todos y para compensar los desequilibrios generados por el injusto sistema de reparto el estado da un dinero adicional al resto de las autonomías que puedan sentirse más perjudicadas.
En rigor, no importa que el Ministerio de Hacienda intente parchear la situación con estas supuestas compensaciones porque esta transferencia se hará reduciendo aún más unos recursos del estado que ya resultan escasos para sostener los servicios públicos básicos.
Y para lograr el enjuague con el independentismo todo queda camuflado con un nuevo concepto que es el de la “ordinalidad” que nos puede resultar abstracto pero que es muy sencillo. La ordinalidad consiste en que quien más aporta porque es más rico, más recibe. Y quien menos aporta menos recibe. Esto lo trasladas a personas concretas y el resultado es que el que cobra un millón de euros debe recibir más y mejores servicios públicos que el que cobra 10.000. Desde luego todo un ejercicio de igualdad socialista. Esto de privilegiar a una de las autonomías más ricas como Cataluña debe ser la legendaria solidaridad sanchista y la incansable y extenuante lucha por los más desfavorecidos, en este caso las autonomías más desfavorecidas.
De este modo perdemos todos porque el Estado tendrá que renunciar a cerca de 20.000 millones de euros y cederlos a las comunidades autónomas que salen más perjudicadas solo porque Cataluña tiene que salir más beneficiada. Claro si el Estado pierde todo ese dinero que supone un 8% de su presupuesto anual, no se ahorra nada de nada sino que se pierde. No hace falta decir que todo ese dinero el Ejecutivo tratará de recuperarlo con un nuevo estacazo fiscal. Es decir que, en última instancia todos los españoles sufragaremos con nuestros bolsillos la precaria estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez.
Y este es el gran problema. En España desde hace demasiado tiempo se legisla coyunturalmente, no con arreglo a las necesidades de la ciudadanía sino con arreglo a las de un presidente en horas bajas. Y así nos va.