El Ministerio de Hacienda inicia 2026 con el compromiso de dar a conocer un nuevo modelo de financiación autonómica entre los meses de enero y febrero, un anuncio que ha llevado a las comunidades a reactivar el debate sobre los criterios que consideran prioritarios en este sistema, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo entre PSOE y PP.
Según informa Europa Press, por el momento, el Ejecutivo central no ha desvelado aspectos concretos del nuevo esquema y se ha limitado a señalar su voluntad de conjugar la multilateralidad con la bilateralidad. La última propuesta elaborada por Hacienda, presentada hace varios años, se sustentaba en el criterio de población ajustada, aunque finalmente no logró salir adelante.
Queda por aclarar ahora si el Ministerio retomará ese documento como base de trabajo o si plantea un planteamiento completamente distinto. La ministra María Jesús Montero sí ha garantizado que ninguna comunidad autónoma se verá perjudicada y ha adelantado que en determinados tributos se incrementará el porcentaje de cesión a las regiones.
Según han ido avanzando tanto las comunidades como el propio Gobierno, todo apunta a que el nuevo modelo de financiación autonómica que prepara el Ejecutivo incorporará cambios relevantes respecto al sistema vigente.
Entre ellos, el Gobierno contempla suprimir las entregas a cuenta en los próximos ejercicios, uno de los pilares fundamentales del modelo actual. Asimismo, el nuevo esquema deberá incorporar la singularidad catalana acordada entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.
Calendario del próximo modelo
La ministra Montero comunicó a las comunidades autónomas su intención de presentar el nuevo modelo en los próximos meses, previsiblemente entre enero y febrero. El plan del Gobierno pasa por convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico para abordar de manera específica la reforma de la financiación autonómica.
Conviene recordar que el Ejecutivo dispone del 50% de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que le bastaría con el respaldo de una sola comunidad para sacar adelante su propuesta en este órgano multilateral.
Una vez superado este trámite, el modelo será elevado al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso de los Diputados, donde deberá contar con una mayoría suficiente para su aprobación. El objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema entre en vigor en 2027 y que se logre un acuerdo amplio que garantice su estabilidad en el tiempo, si bien Montero considera que el PP no quiere “ni siquiera discutir” el nuevo modelo.
Ocho CCAA unidas por la despoblación
El debate en torno a la financiación autonómica ha generado históricamente posiciones territoriales divergentes, ya que algunas comunidades defienden la inclusión de criterios como la dispersión geográfica, mientras que otras priorizan variables distintas.
No obstante, una parte mayoritaria de las comunidades reclama que se tengan especialmente en cuenta la despoblación y el envejecimiento de la población, debido al impacto que ambos factores tienen sobre el gasto autonómico.
En concreto, son ocho las regiones que defienden estos criterios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Hace algunos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, promovió, cuando presidía la Xunta de Galicia, un encuentro con otros siete presidentes autonómicos para aprobar una declaración conjunta en la que se exigía la consideración de estos elementos, entre otros.
CCAA con población ajustada
Por otro lado, las comunidades denominadas como ‘infrafinanciadas’ llevan tiempo reclamando al Gobierno central la creación de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el sistema de financiación autonómica.
Estas mismas autonomías defienden que el nuevo modelo priorice el criterio de población ajustada. Se trata de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.
El PIB regional con más peso
En contraste, las principales comunidades desde el punto de vista económico —Madrid, Cataluña y Baleares— apuestan por que el Producto Interior Bruto (PIB) regional tenga mayor peso en el nuevo sistema de financiación autonómica.
Asimismo, Baleares y Canarias plantean la incorporación del criterio de insularidad para compensar los sobrecostes derivados de su condición geográfica dentro del modelo que prepara Hacienda.
En cualquier caso, el Gobierno mantiene que la reforma de la financiación autonómica debe sustentarse en un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país, lo que exige un entendimiento entre PSOE y PP.