Desde hace años la esperanza de vida en Europa crece a un ritmo asombroso, pero vivir más no siempre significa vivir mejor. El 40% de los españoles mayores de 65 años reconoció en 2024 tener dificultades para realizar actividades básicas del día a día. Sin embargo, pese a ser uno de los países más envejecidos, y por ende con un mayor número de personas en situación de dependencia, España destina solo entre un 0,9% y un 1% del PIB a Cuidados de Larga Duración (CLD). Apenas la mitad del promedio de la OCDE (1,8%) y muy lejos del 3%-4% que invierten los países del norte de Europa. Así lo recoge un informe publicado recientemente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde).
A la brecha de financiación se suma otra desigualdad: la cobertura de ayudas. Aunque España ha experimentado un avance notable en los últimos años -con un 14% de mayores que reciben apoyos en el hogar-, el país mantiene una presencia muy limitada de atención institucional, situada en torno al 2,3%.
Un antes y un después
No obstante, también ha habido un gran progreso. La Ley 39/2006, conocida como Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, supuso un cambio radical en España. Antes de su implementación, las ayudas dependían de los recursos de cada municipio y se financiaban con presupuestos muy limitados. Con la creación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), se estableció un marco más equitativo y universal. Como consecuencia, el acceso a la atención ya no depende de la edad ni de otras características demográficas.
Este sistema se financia de manera mixta. Aproximadamente el 20% de la dotación es estatal, un 60% regional y el 20% restante corresponde a los propios usuarios. Es decir, copagos, aunque suelen estar subestimados. La gestión es descentralizada, y la experiencia del usuario varía según la comunidad autónoma, con tiempos de espera que siguen siendo significativos. A finales de junio de 2025, casi 287.000 personas estaban en listas de espera, desde la valoración inicial hasta la entrega del servicio aprobado.
El procedimiento para acceder al SAAD comienza con la solicitud de valoración de dependencia, se sigue con una evaluación en el domicilio que permite determinar el grado de la misma y diseñar un Plan Individual de Atención (PIA). En promedio, el tiempo desde la solicitud hasta la decisión sobre la prestación es de 411 días, pero existen diferencias notables entre comunidades autónomas. Cinco regiones superan los 500 días, encabezadas por Canarias, con hasta 943 jornadas hasta recibir la decisión. En el extremo contrario, Ceuta es la más rápida, seguida de Castilla y León (117 días) y País Vasco (139 días).
Un sector al alza con salarios estancados
Esta alta demanda también se refleja en el desarrollo del empleo en el sector. Según datos del informe, en el segundo semestre de 2024 había aproximadamente 700.000 personas ocupadas en él. La cifra supone un aumento del 12% interanual y representa el 3,2% del total del empleo en España. Además, desde 2018, la tendencia es claramente ascendente. Y evidencia una creciente necesidad de servicios de atención a personas en situación de dependencia.
A pesar del alza, los salarios relativos continúan siendo bajos. En promedio, los trabajadores del sector perciben alrededor del 75% del salario medio en España. La tendencia continua a la baja desde los años del estallido de la burbuja, cuando las cotas superaban el 85%. El retroceso provoca que los autores, tal y como recoge el escrito, se cuestionen: “¿Estamos realmente valorando a este sector como se merece?”.
La actividad también evidencia profundas realidades sociales. Del total de trabajadores que se dedican a las labores de cuidado de personas dependientes, más del 80% son mujeres. Al mismo tiempo, existe una alta presencia de trabajadores extranjeros, con un 23% nacidos fuera de España y un 8‑9 % con nacionalidad no española. Se trata de un sector de entrada laboral, que ofrece oportunidades, pero también plantea desafíos en términos de condiciones salariales y estabilidad profesional.
El coste olvidado de la dependencia
Por otro lado, el servicio conlleva un elevado desembolso. Según el estudio, el cuidado formal entre residencias y atención domiciliaria profesional alcanza un coste total aproximado de 9.561 millones de euros. Repartido entre residencias públicas (3.979 millones), privadas (3.342 millones). Y asistencia en el hogar (2.240 millones en total, sumando pública y privada). Sin embargo, el gasto en CLD no se limita a lo que financia la administración pública o los servicios privados. Gran parte del mismo está en manos de las familias. Y posee un valor económico que a menudo pasa desapercibido.
Así, y según estimaciones, el valor total de este tipo de atención en España podría situarse entre los 5.096 millones de euros (valor basado en el ingreso que el cuidador podría haber obtenido en el mercado laboral) y 11.643 millones de euros (método de reemplazo, que estima lo que costaría sustituir esta atención con profesionales). Este cálculo se obtiene multiplicando el total de horas de cuidado informal (1.252 millones de horas) por un salario promedio ponderado según la probabilidad de trabajar y los salarios de mercado.
En este sentido, entre costes formales y estimaciones de los informales, el desembolso total fluctúa entre los 14.600 y los 21.200 millones de euros. Es decir, el equivalente a entre el 1,2% y el 1,7% del PIB.