La reforma del Estatuto Marco entra en su fase definitiva y ha encendido las alarmas entre los profesionales médicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que las negociaciones con los sindicatos están “en el punto final”, aunque lo avanzado del proceso no ha traído calma al sector. Al contrario.
La actualización del Estatuto Marco se ha convertido en un foco de incertidumbre por la decisión del Gobierno de descartar un texto normativo propio para la profesión médica. Una reivindicación histórica del colectivo.
Durante una entrevista en TVE, García defendió que el nuevo Estatuto Marco incorpora las principales reclamaciones que llevan años sobre la mesa:
- Reducción de guardias
- Límites de jornada
- Conciliación
- Disminución de la temporalidad, fijada en un máximo de dos años
Pero la ministra rechazó frontalmente crear una normativa específica para los facultativos, calificándolo de “inasumible” y “un gravísimo error”.
Sanidad enfría la posibilidad de un estatuto exclusivo para médicos
La ministra insistió en que un texto diferenciado para los médicos rompería el equilibrio del Sistema Nacional de Salud. En su opinión, el Estatuto Marco ya contempla a todos los profesionales. Establecer una normativa paralela daría “prioridad” a un único colectivo, algo que ninguna comunidad autónoma —según afirmó— está dispuesta a respaldar.
García aseguró que el nuevo Estatuto Marco pretende “enterrar la precariedad y la inestabilidad” que arrastra la sanidad desde hace dos décadas. Sin embargo, el rechazo a un estatuto exclusivo ha sido interpretado por parte de los médicos como un portazo al diálogo. Eso alimenta el malestar en un momento de fuerte tensión laboral.
Entre los cambios que introduce el Estatuto Marco, destaca la reducción de las horas de guardia y del cómputo semanal y anual de trabajo. También se refuerzan los derechos de conciliación, así como la posibilidad de investigar y formarse dentro de la jornada laboral, un punto que los sindicatos consideran imprescindible para combatir el desgaste profesional.
Aun así, Mónica García recordó que el Estatuto Marco solo marca los mínimos comunes. Las comunidades autónomas seguirán determinando salarios, complementos o incentivos. Lo que explica las enormes diferencias que existen entre territorios respecto al pago de guardias y al reconocimiento económico de la dedicación profesional.
La ministra responsabiliza a las autonomías del malestar salarial
Preguntada por las desigualdades retributivas, García empleó un símil futbolístico: el Estatuto Marco “marca el área, el gol y el penalti”, pero “cómo se colocan los jugadores y cuánto cobran” depende de cada comunidad. Señaló que algunos territorios pagan correctamente y otros “remuneran mal”. Algo que ninguna reforma estatal puede corregir sin el compromiso de las autonomías.
El Estatuto Marco fijará un marco mínimo de descanso, límites de jornada y garantías de conciliación para evitar que las condiciones laborales queden en manos de la discrecionalidad territorial. No obstante, las CCAA mantienen competencias clave. Ya se anticipan futuros roces cuando la norma entre en vigor.
A la tensión por el Estatuto Marco se suma otro frente: el conflicto con varias comunidades por la entrega de datos sobre los programas de cribado de cáncer. García afirmó que estos datos son esenciales para “recuperar la confianza” de los ciudadanos y acusó a algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular de bloquear información clave.
La ministra vinculó los errores en la notificación de cribados a la externalización de servicios. Según su argumentación, fragmentar procesos que “deben funcionar como las agujas de un reloj” provoca fallos en cadena y pérdida de control. Esta crítica añade presión a un debate ya encendido por el futuro del Estatuto Marco, que Sanidad espera aprobar en 2026.