Más de una veintena de años transcurrieron, 22 concretamente, entre la creación de una sala específica en la que tratar asuntos judiciales militares en el Tribunal Supremo y la llegada de una mujer a la misma. Clara Martínez de Careaga, nacida en 1959 y licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, se convirtió en una pionera en 2009, fecha en la que tomó posesión como magistrada de la Sala Quinta del Alto Tribunal.
Previamente, Martínez de Careaga ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y desempeñó sus funciones en los pretéritos Juzgados de Distrito de Novelda (Alicante), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Vitoria y Madrid. En julio de 1988 fue nombrada magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, siendo la primera mujer que ingresó en esa Sala y la única que se integró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al crearse este en 1989 y desaparecer las Audiencias Territoriales.
Como magistrada del Supremo formó parte del tribunal que confirmó la suspensión de empleo a un capitán de la Guardia Civil durante dos meses al considerar probada la “grave desconsideración con los subordinados en el ejercicio de sus funciones”. Más concretamente, este capitán de la Benemérita le dijo “aquí mandan mis cojones” a una mujer. La que es esposa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, también confirmó, junto a otros magistrados, la pena de seis meses de prisión a un sargento primero del Ejército de Tierra por cometer un delito de deslealtad al adulterar orina para intentar superar un test de drogas o confirmó la expulsión de un guardia civil que intentó extorsionar a una mujer usando datos policiales.
Vocal del CGPJ
Su actividad como magistrada del Alto Tribunal se vio interrumpida entre diciembre de 2013 y julio de 2024 debido a que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Durante ese mismo periodo de tiempo también fue presidenta de la Comisión de Igualdad del órgano de gobierno de los jueces.
En esos casi 11 años como componente del CGPJ, al cual llegó a propuesta del PSOE, protagonizó varios episodios destacables. Fue una de los 11 vocales que vio inoportuna la reforma del aborto iniciada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Además, fue una de los ocho vocales que hicieron un voto particular en el que, además de numerosas críticas al texto del anteproyecto de ley, pidieron la retirada de la reforma porque “nos aleja del sistema general implantado en los países de nuestro entorno” y “supone un retroceso” respecto a la igualdad y los derechos de las mujeres.
Otra de las notables tareas de Martínez de Careaga fue elaborar el protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial. Con la aprobación del documento, el órgano de gobierno de los jueces se comprometió a adoptar una política de “tolerancia cero” ante las manifestaciones de acoso y violencia, sin atender a quien fuera la víctima o la persona acosadora, ni cual fuera su situación dentro de la organización judicial.
En 2015 fue una de las cuatro vocales que recurrieron la renovación anual de las comisiones que integran el organismo de gobierno de los jueces. Entonces, señalaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que el expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Lesmes, “haciendo caso omiso” a su propuesta, se negó a someter a votación las candidaturas formuladas y la composición individualizada de cada una de las comisiones, presuntamente vulnerando su derecho de participación. Finalmente, el Pleno de la Sala Tercera del Alto Tribunal tumbó por mayoría el recurso presentado por las cuatro vocales.
Más recientemente, en noviembre de 2023, fue una de los siete vocales que sí consideró que Álvaro García Ortiz era idóneo para ser fiscal general del Estado. Aquella fue la primera vez en democracia que el CGPJ se pronunció contra el candidato propuesto por el Gobierno, pues la votación no vinculante fue de ocho votos negativos frente a siete favorables.
Cabe recordar que tras la formación del tercer Gobierno de Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros propuso la renovación del mandato del fiscal general. Una proposición, tal y como fija el artículo 124.4 de la Constitución, que debe ir acompañada de una audiencia preceptiva por parte del órgano de gobierno de los jueces.