“Se considera víctima de un proceso injusto quien debe defender los Tribunales”

La preocupación dentro de los fiscales por el daño que el juicio del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está haciendo a su reputación, se acrecienta.

No entran a valorar el curso del proceso judicial, ya que afirman que es competencia de la Sala, precisamente por el “respeto” que se espera hacia la Justicia. Un respeto que, lamentan, no mantiene el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Él ya ha dictado sentencia, lo que es una intromisión directa en la actuación de los tribunales. Por un lado, usurpa su función, ya que él ya ha decidido según parte del juicio que el Fiscal General del Estado es inocente”, argumenta Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Esta manifestación pública del jefe del Ejecutivo no es, a su juicio, una mera opinión, sino una forma de presionar al Tribunal. “Porque si decidieran hipotéticamente condenar, puede queda en muy mal lugar para algunos sectores de la opinión pública”. Y la función del presidente, asegura, “no es pontificar”.

Desde la Asociación de Dexeus se afirma, directamente: “Jamás, ni de lejos, se ha vivido una situación de tanta tensión institucional, en la que la Fiscalía esté en boca de todos para mal, nunca no habíamos visto en una situación de descrédito tan relevante”. Por una cuestión, asevera, muy sencilla: “Se está zarandeando el principio de igualdad ante la ley. En función de quién seas, te defenderá el presidente o no. En función de quién seas, será una persecución o no”. Y concluye: “Se está poniendo en jaque el Estado de Derecho”.

Una presión que los fiscales no creen que llegue a puerto

Los fiscales, no obstante, confían en la independencia de la judicatura. “Los tribunales tienen que hacer un esfuerzo para superar cualquier tipo de juicio paralelo y hacer su trabajo”, postula Dexeus. “Y es lo que confiamos que hará el Tribunal Supremo“.

Una confianza que no quita la sensación entre los fiscales, afirma, de “desazón” por “la situación en la que está quedando la carrera”. Para la fiscal, este show judicial “destruye el trabajo que hacemos diariamente los fiscales”. No sólo es indignación, afirma, es también “tristeza por ver como se dilapida el crédito que como profesionales nos hemos ganado día a día durante tantos años por este comportamiento empecinado de García Ortiz por mantenerse como Fiscal General”. Dexeus no concibe el que haya acudido al juicio sin previamente haber dimitido del cargo.

Una estrategia de “confrontación”

La fiscal califica de “confrontación” la estrategia seguida por García Ortiz, a tenor de sus declaraciones durante el proceso judicial, en las que se manifiesta víctima “de un proceso injusto”. Una postura que a Dexeus le resulta “inconcebible” teniendo en cuenta el cargo que ocupa. “Eso que lo diga alguien que está ejerciendo como Fiscal General del Estado cuando su función es defender los tribunales tiene una trascendencia brutal”. Desde su asociación no critican que defienda su inocencia, ya que está en su derecho, pero sí consideran que entonces debe abandonar su puesto. “Entonces acudes al juicio como un ciudadano cualquiera, no haciendo ostentación de quién eres”.

“No es ético ni estético”

Para la fiscal, no es “ético ni estético”, que se entre en una trifulca política que les debe ser ajena. No obstante, sí considera que esta situación no está generando una división profunda entre progresistas y conservadores. “No se puede hablar de bandos, no es ajustado. Ni yo ni mi asociación nos definimos como conservadores, no llevamos ningún adjetivo. Somos neutrales, y puedo afirmar que está mayoritariamente toda la carrera detrás de nosotros”.

No niega que “una serie de compañeros”  apoyan a García Ortiz, y  consideran que lo que hizo “no merece ningún tipo de reproche”, pero afirma que “no hay que olvidar que los fiscales estábamos en nuestros despachos trabajando. Y, en general, asegura, “la mayoría no ha visto con buenos ojos la actuación del Fiscal General del Estado”.

Critican que use a la fiscalía para “entrar en una cuestión menor”

“No se puede utilizar a la fiscalía para entrar en una cuestión menor, como es a quién se la ocurrió la idea de pactar o dejar de pactar una conformidad”, asevera Dexeus. “Eso es anecdótico, que se puede defender sin necesidad de hacer ese despliegue de información ni pasar a todo el mundo cuentas de una causa de la que somos nosotros parte, lo que  ha sido muy negativo para la fiscalía”. No obstante, asegura que si tiene encaje penal es el juez quien debe decidirlo. “En eso no nos hemos metido ni nos hemos personado en la causa”.

Las propuestas para evitar un nuevo caso como el de García Ortiz

Una vez pase el proceso judicial, Dexeus propone una serie de medidas para evitar a futuro un nuevo caso que vuelva a poner en jaque la credibilidad de la fiscalía. Así, afirma que sería necesario hacer una reforma del ministerio fiscal, en la que “se prevea como causa de cese o motivo de dimisión si el Fiscal General del Estado fuera investigado por el Tribunal Supremo”. En esta línea, debería cesarle quien le hubiera nombrado.

Otro paso sería potenciar las “prevenciones internas en el seno de la fiscalía”. Porque, asevera, “los contrapesos dentro de la Fiscalía General del Estado son mínimos”. Un mayor reparto de funciones, considera, evitaría que el Fiscal General del Estado fuera “el único que gobierna la carrera”, o “el que detenta casi todas las decisiones en la carrera”.

Y, por último, crear un estatuto del Fiscal General del Estado. Todas estas propuestas, deberían pasar por una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. En este sentido, a Dexeus le sorprende que, en las distintas reformas que pretende acometer el Gobierno de Sánchez, como la del enjuiciamiento criminal, no se contemple nada que tenga que ver con el papel del Fiscal General, dada la situación que se está viviendo.