La histórica huelga de los togados contra la “Ley Bolaños”, que este jueves ha tocado fin, ha abierto nuevas heridas. Entre ellas, la Asociación de Fiscales ha recurrido el documento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que recordaba a los jefes que no se podía dejar de asistir a los juicios ya señalados, y sólo hacía la excepción en caso de que el juez se encontrase de huelga. También solicitó a los jefes que le dieran cuenta de las incidencias que se produjeran durante el desarrollo de las jornadas del parón.
Un mes de plazo para contestar
La Asociación de Fiscales ha recurrido en reposición ante el propio Fiscal General del Estado, según ha informado a este medio la presidenta de dicha asociación, Cristina Dexeus. De momento, la Asociación ha recibido un acuse de recibo. García Ortiz tendrá un mes para responder, y en caso de que no lo haga, la AF estudiará la vía contencioso administrativa.
Según Dexeus, la mayor parte de los mensajes recibidos durante este parón han sido de apoyo e “indignación” por la reforma de ley presentada por el ministro y que, con toda probabilidad, verá la luz este mes, ya que las últimas declaraciones del ministro no invitan a pensar que se sentará a negociar.
Pero no oculta la crítica situación que, asegura, han vivido los fiscales que han querido secundar la huelga. “Temen que haya una caza de brujas porque luego hubo jefes que al dictado de ese documento del Fiscal General del Estado exageraron un poco más la nota, y no descartan expedientes disciplinarios”, informa. “Nunca antes se tuvo la percepción tan evidente de que el derecho de huelga no era bien acogido”.
Una situación sin antecedentes
Este método de presión aseguran que no tiene antecedentes, por lo que denuncian un interés político de fondo. Y ponen como ejemplo la huelga de 2018 contra el entonces ministro del Gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, en la que no se planteó ningún inconveniente por parte de la Fiscalía General del Estado. Fue la entonces Fiscal General, María José Segarra, quien reconoció el derecho de huelga al asumir como propios los servicios mínimos que el Comité de huelga fijó. “Hasta recuerdo a García Ortiz justificar la necesidad de la huelga planteada a Catalá, y entonces no se planteaba si el derecho de huelga estaba o no regulado específicamente, lo daba por hecho”, asevera Dexeus.
Vacío legal
La controversia tiene su origen en que, al no estar reconocido expresamente por ley que los jueces y fiscales puedan convocar huelga, pero tampoco lo contrario, permite que se amplíe la interpretación. Por este motivo, se acogen al derecho de huelga en el artículo 28 de la Constitución Española, ya que, por el contrario, sí tienen prohibiciones explícitas, como puede ser pertenecer a un partido político o a un sindicato.
“Recurrimos los acuerdos de las jefaturas de Madrid y Valencia que desarrollaban el documento del Fiscal General del Estado porque entendemos que los fiscales tenemos derecho de huelga y este no se puede limitar hasta el punto de hacer imposible su ejercicio, ni las jefaturas pueden sustituir al fiscal de huelga por otro, ni mucho menos insinuar que el ejercicio del derecho de huelga puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria para coartar su ejercicio”, asevera Dexeus.
Seguimiento de un 70%
Las cinco asociaciones profesionales judiciales y fiscales convocantes de la huelga han informado de que, a las 12:00 horas de este jueves, el seguimiento provisional de la huelga se ha situado en un 65%. Sumado a la participación de los otros dos días, las asociaciones califican de “éxito rotundo” la movilización, con un seguimiento del 70%.
Será este viernes cuando su asociación, y el resto de convocantes: APM -Asociación Profesional de la Magistratura-, AJFV -Asociación Judicial Francisco de Vitoria- FJI -Foro Judicial Independiente- y la APIF -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-.
Las enmiendas presentadas
“El anteproyecto empeora por momentos. Sabemos que de unas enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, y una de ellas es demoledora para la gente joven que ha aprobado unas oposiciones”, asegura Dexeus. “Porque permite que los jueces y fiscales sustitutos que entren por el turno excepcional tengan plaza en el lugar de su domicilio o en el lugar en que hubieran ejercido. Esto nunca pasa cuando ganas una oposición”, asevera. “Lo habitual es que vayas al destino que toque e igual tardas diez años”. Tachan de rotunda injusticia que el fiscal sustituto que haya aprobado pueda elegir destino, y la gente joven que va por detrás y está esperando a tener plaza tarde mucho más, porque aseguran que es tratar en peores condiciones a los que entran por oposición.
La “Ley Bolaños”
El empuje a este parón lo ha dado la “Ley Bolaños”. En primer lugar, aducen que ha sido tramitada por la vía de urgencia en el Parlamento, sin que se haya consultado a los operadores jurídicos, y que atribuyen así más poder al Fiscal General del Estado, “al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal”, explican.
El recuento de los datos
Sumado al enfrentamiento entre los jueces y fiscales y Bolaños, se añade el agravante de que no hay un recuento oficial de los manifestantes, dado que ni el ministerio de Justicia ni el CGPJ lo han hecho. Sólo disponen de la información publicada por las asociaciones, que ni siquiera es totalmente fidedigna, ya que se basa en los correos recibidos. Y hay personas que se han unido a la huelga, haciéndolo constar sólo verbalmente.
“El ministerio de Justicia es el que tiene que recabar los datos como piense que tiene que hacerlo. Orgánicamente, dependemos del Fiscal General del Estado, no del ministerio de Justicia, y los jueces tampoco dependen orgánicamente del ministerio de Justicia”, explica Dexeus.
Sin datos oficiales, los huelguistas cobrarán igual
Al no haber recuento oficial de datos, las personas que se hayan unido a la huelga cobrarán igual, dado que las asociaciones no proporcionarán la identidad de los manifestantes al ministerio. “Nosotros dijimos desde el primer momento que el recuento lo haríamos a los puros efectos estadísticos”, afirma Dexeus. “Y en cuanto recogemos las firmas de los compañeros y hacemos el porcentaje destruimos datos porque somos custodios de estos datos”.