“Ahora no podemos ser todos sospechosos”. “Tenemos que seguir confiando”, por mucho que uno salga “rana”. Un miembro del Gobierno se expresaba así escasos días después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en junio de este año dinamitó la carrera política del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, y puso en soporte vital al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El ministro en cuestión respondía así a las preguntas sobre las informaciones de distintos medios de comunicación, que anticipan nuevos informes del Instituto Armado. Estos documentos aludirían al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Gobernaban en Canarias y Baleares, respectivamente, durante la pandemia. Esto es, cuando la trama presuntamente se lucró con el cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario.
Meses después de la caída de Cerdán, en el PSOE admiten haber requerido explicaciones en privado a la presidenta del Congreso y a Torres. Y recuerdan que las primeras publicaciones periodísticas que afectan al ministro son anteriores incluso a los avances sobre el informe de Cerdán. “Llevamos así desde febrero”, lamentan.
En esas reuniones en privado, tanto Torres como Armengol aseguraron no haber violado ninguna ley, según las fuentes consultadas por Artículo14. Y trasladaron que prevén que estos documentos despejen cualquier posible duda sobre la limpieza y la legalidad de sus actuaciones.
Sin embargo, después del golpe que supuso la imputación de Cerdán y su ingreso en prisión provisional, los suyos son hoy mucho más cautos. Ya no ponen la mano en el fuego, como sí hacían hasta escasas horas antes de que trascendiera el informe sobre Cerdán.
Entre ellos, los dos pesos pesados del Ejecutivo, María Jesús Montero y Félix Bolaños, vicepresidenta primera y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, respectivamente. Los dos defendieron públicamente la inocencia de Cerdán antes de que trascendiera el informe UCO. Menos de tres semanas después, el exsecretario de Organización, accedió caminando al Tribunal Supremo para declarar como imputado. Y lo abandonó en un furgón policial, rumbo a la cárcel de Soto del Real.
Moncloa: “No tenemos capacidad de conocer los informes”
Fuentes de Moncloa aseguran desconocer el contenido de estos documentos, que elabora la UCO en calidad de policía judicial: “No tenemos capacidad de conocer los informes”, recuerdan.
Sí prevén que generen titulares en los medios de comunicación, e insisten en que los propios aludidos ya han rendido cuentas a puerta cerrada. Ahora les toca aguardar a que estas explicaciones se correspondan con lo que plasmen los textos.
También recuerdan que ambos son aforados, y por tanto no pueden ser investigados salvo que lo autorice el Congreso de los Diputados. Otra cosa es que aparezcan en conversaciones en las que terceros les atribuyan supuestos comentarios o actuaciones que puedan resultar más difíciles de defender en el plano ético o estético.
O que incluso trasciendan mensajes de Torres y Armengol que puedan poner en duda las versiones que ambos han trasladado hasta la fecha sobre sus actividades como gestores. O sobre sus relaciones con los protagonistas del caso Koldo.
En esta causa están siendo investigados los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. Ambos, nombrados por Sánchez. En el Gobierno creen haber logrado “encapsular” el daño en torno a los protagonistas de la supuesta trama, aunque critican el uso político y mediático de los hallazgos del Instituto Armado.
En particular, señalan al PP, por vivir en la “hipérbole”, y por mezclar “mentiras y medias verdades” para tratar de amplificar el daño que ya les generan estas investigaciones. “El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Está tan pringado como ellos”, acusó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso, el miércoles.
Torres, “tranquilo”: “Ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas sexualmente”
En Ferraz aseguran que el ministro está “tranquilo”, como repite su entorno en las conversaciones informales con los medios de comunicación. El miércoles, en el Congreso, fue el propio ministro quien se defendió de las acusaciones y aseguró que siempre ha jugado limpio.
El informe, según Torres, evidenciará que “ni ha pedido mordidas, ni se ha beneficiado de comisiones, ni ha estado con mujeres explotadas sexualmente”. Son los comportamientos que la Guardia Civil sí atribuye a otros protagonistas de la trama.
Y son las cuestiones que el diputado del PP Jaime de Olano quiso hacer extensibles al titular de Política Territorial. El ministro reprochó a los conservadores que se dediquen a esparcir “bulos”, y anticipó que nunca le pedirán disculpas, vista su “mínima catadura moral” y su “miseria ética”.
Distintos medios han publicado que el informe es “inminente”, y el PSOE espera que, con su publicación se puedan despejar todas las dudas. El último informe de la UCO les ha generado cierto alivio, al no apreciar indicios de financiación irregular. Y ahora aguardan a la próxima entrega de la investigación para poder avanzar de pantalla.