Uno de los mayores favores que el PP le hace a Pedro Sánchez es su inmensa capacidad para deglutir cualquier revelación comprometedora y digerirlo sin siquiera haber empezado a masticarlo.
Cada vez que sale un atestado policial o una información periodística que pone en cuestión la altura ética o moral del Gobierno, el PP lo engorda para empezar a insinuar lo que puede venir en el futuro. En lugar de fijar el foco y exigir responsabilidades claras, se disuelve en la profecía del caos, debilitando su credibilidad y confundiendo en ocasiones a la ciudadanía.
El problema de correr siempre detrás del próximo incendio, dejando que el fuego actual consuma la verdad sin resistencia, es que se convierte en una circunstancia que aprovecha con frecuencia el Ejecutivo, hábil en instalar marcos mentales y desviar la atención. No hay mayor regalo para el poder que una oposición que no sabe hacia dónde mirar. Hace ya 10 días que conocimos el informe de la UCO sobre el patrimonio del ex ministro Ábalos y, rápidamente, la oposición comenzó a hablar de una financiación irregular que, sin descartarse, no se daba por acreditada en el documento policial. La presencia de este tipo delictivo no le corresponde tipificarla a la Guardia Civil sino al juez del Supremo que tendrá que decidir sobre este delito si llegase a observarlo en un futuro. Que el hedor que destila el caso Koldo es insoportable nadie lo duda. Otra cuestión es su posible encaje en el Código Penal.
De manera que sin poder acreditarse todavía financiación irregular en el PSOE, lo que es un hecho incontrovertible es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez sufragaba irregularmente -en sobres sin soporte documental- los gastos de su Secretario de Organización José Luis Ábalos. No hacía falta escalar ningún peldaño más como hizo el partido de Núñez Feijóo porque ya era suficientemente grave la actividad de esta trama -presunta y probablemente- mafiosa y delincuencial. Sólo hay que centrar la mirada en el tratamiento degradante que esta caterva de depravados le daban a las mujeres de su entorno, a quienes trataban como una mercancía con comentarios humillantes, para avergonzarse del clan del Peugeot. Por este motivo, la pregunta es ¿no era ya suficientemente serio y grave todo esto que se recoge en las investigaciones para el PP? ¿Esta oprobiosa manera de operar de la trama instalada en el Gobierno con las mujeres no merece acaso mayor reproche del PSOE?
En lugar de hablar de financiación irregular siempre es más sencillo acudir a las preguntas concretas; esas que se le suelen atragantar a los dirigentes socialistas. Por ejemplo, ¿cómo puede explicar Ábalos que estuviera cuatro años sin pasar por el cajero?; si los pagos son gastos de representación, ¿dónde están los tickets que lo acreditan?; ¿denunció Mariano Moreno, el desaparecido y recolocado gerente del PSOE los abultados gastos que Ábalos le pasaba a Ferraz y por eso compraron su silencio en ENUSA?; ¿cuántas veces Koldo le firmó a Celia Rodríguez, la secretaria del PSOE, un recibí con cada entrega de un sobre con dinero?; ¿era habitual que las mujeres de los trabajadores del Partido Socialista acudieran a Ferraz a recoger sobres de efectivo como hacía la ex esposa de Koldo?; ¿por qué están tardando tanto en documentar que ese dinero que se pagaba en sobres tenía su origen en la cuenta bancaria del Partido Socialista?
Si todo está tan claro, ¿por qué el PSOE nunca notificó al Tribunal de Cuentas que estaban operando con dinero en efectivo?, ¿por qué se lo ocultaron? La obstinación del Gobierno al negarse a responder a algunas de estas preguntas no es sólo una falta de respeto a la ciudadanía, es una confesión tácita. Callar ante acusaciones, rehuir de la transparencia y escudarse en el silencio o en evasivas, demuestra que existe más voluntad de proteger los propios intereses que en servir al bien común. No responder es, en sí mismo, una forma de corrupción: es ocultar, encubrir y menospreciar la inteligencia de la sociedad. Pero, ante este escenario, sería más útil para el PP huir de los errores del pasado, el mismo 23J, y no fiar la acción como oposición exclusivamente en los informes de la UCO.