La reciente declaración de Donald Trump, en la que sugirió que “quizá deberíamos expulsar a España de la OTAN”, ha encendido todas las alarmas diplomáticas. Sus palabras, pronunciadas durante una rueda de prensa junto al presidente finlandés Alexander Stubb, sacudieron el equilibrio político de la alianza atlántica y provocaron una inmediata reacción en Madrid.
Sin embargo, más allá del ruido mediático, la pregunta real es si una expulsión de este tipo es siquiera posible. La respuesta corta es no. Pero el debate que deja abierto sobre el papel de España en la OTAN va mucho más allá de un titular incendiario.
Un comentario explosivo que reabre viejos reproches
Trump lleva tiempo criticando el gasto en defensa de varios aliados europeos. Y su regreso al poder ha traído consigo una nueva oleada de presión sobre los socios más “moderados” en ese sentido. Durante su intervención, el republicano acusó a España de quedarse “rezagada” en el cumplimiento de los objetivos de inversión militar, e incluso ironizó: “Tal vez deberían echarlos, francamente”.
El trasfondo de sus declaraciones radica en el nuevo objetivo de gasto del 5 % del PIB que la administración estadounidense pretende impulsar dentro de la alianza. Un porcentaje que pocos países están dispuestos a asumir. España, que actualmente destina alrededor del 1,3 % de su PIB a defensa, ha considerado esa cifra “inasumible” en el contexto económico y político actual.
Aun así, fuentes del Ministerio de Defensa recuerdan que nuestro país cumple con otras obligaciones operativas: contribuye a misiones internacionales, participa en la defensa colectiva y mantiene una infraestructura estratégica clave, como las bases de Rota y Morón.
La legalidad: una alianza sin mecanismo de expulsión
Aunque el tono de Trump pueda parecer categórico, la realidad jurídica es muy distinta. El Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, no contempla ningún mecanismo para expulsar a un país miembro. Sí permite la retirada voluntaria, recogida en el Artículo 13, que establece que cualquier Estado puede abandonar la organización notificándolo con un año de antelación al Gobierno de Estados Unidos, depositario del tratado.
Pero eso es todo. No existe en los textos fundacionales de la OTAN una cláusula que permita forzar la salida de un miembro. Por mucho que otro lo reclame. En palabras del propio secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, “la OTAN no tiene cláusulas de expulsión”. Y eso convierte en mera retórica cualquier intento unilateral de apartar a España en la OTAN.
De hecho, los analistas coinciden en que, si Trump pretendiera insistir en esa idea, necesitaría el apoyo unánime de todos los demás países miembros. Algo política y diplomáticamente impensable. La OTAN funciona por consenso. Cualquier decisión importante debe ser aceptada por todos. Y la expulsión de un socio sería un terremoto institucional sin precedentes.
El peso estratégico de España en la OTAN
Además de ser miembro desde 1982, España en la OTAN desempeña un papel logístico y geopolítico de enorme relevancia. Las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) son esenciales para las operaciones en el Mediterráneo y el norte de África, zonas que concentran buena parte de los desafíos de seguridad actuales. Desde allí operan tanto fuerzas estadounidenses como aliadas, y su posición geográfica convierte a España en un nodo indispensable para el despliegue rápido de tropas y aeronaves.
Por tanto, más allá del debate sobre los porcentajes de gasto, la presencia española dentro de la estructura atlántica tiene un valor práctico que pocos aliados podrían reemplazar. Expulsar a España en la OTAN sería, en la práctica, debilitar la capacidad operativa del conjunto.
La política interna y la diplomacia de contención
El Gobierno español ha optado por no entrar en confrontaciones verbales con Trump. Fuentes diplomáticas han subrayado que España es “un miembro de pleno derecho” y que “cumple con sus compromisos”. En realidad, el Ejecutivo español ya había negociado una exención del objetivo del 5 % dentro del último marco de planificación. Una muestra de que la alianza entiende las particularidades económicas y políticas de cada país.
Aun así, el debate sobre la inversión en defensa no desaparecerá. Estados Unidos seguirá presionando para que los socios europeos asuman más carga presupuestaria, especialmente en un contexto de tensiones crecientes en Ucrania, Oriente Medio y el Pacífico. Pero incluso en ese escenario, la posibilidad de ver a España en la OTAN cuestionada por una medida de expulsión no pasa de la categoría de provocación política.
¿Y si Trump insiste?
Si el presidente estadounidense realmente intentara forzar el tema, su margen de maniobra sería más retórico que legal. Podría ejercer presión bilateral, reducir cooperación militar o incluso amenazar con limitar el uso de recursos estadounidenses compartidos. Pero ninguna de esas medidas equivaldría a una expulsión.
Más bien, el escenario más probable sería un aumento de la tensión diplomática y una campaña mediática que intentase presentar a ciertos países —entre ellos España— como “beneficiarios pasivos” de la protección norteamericana. Sería un discurso orientado a su base electoral interna más que a una estrategia internacional coherente.
En ese sentido, la retórica de Trump se inscribe en una lógica populista: apelar al nacionalismo estadounidense y presentar a los aliados como socios “injustos” o “morosos”. Ya lo hizo en su primer mandato, cuando amenazó a Alemania y Canadá con recortar fondos, pero nunca llegó a ejecutar ninguna medida concreta.