No hubo decisión final hasta las diez de la noche del miércoles. Una reunión muy larga en la que se midieron las fuerzas de dos de los protagonistas del caso que azota al PSOE. Por un lado, José Luis Ábalos con sus abogados, por el otro Koldo García y su defensa.
El exministro de Transportes, auspiciado por su abogado, se inclinó durante horas por renunciar a su acta de diputado, perder su aforamiento y devolver la causa a la Audiencia Nacional por considerar que en el Supremo está siendo sometido a un “juicio político”. Teme ir a prisión tras el próximo cara a cara con el juez Leopoldo Puente, cosa que ocurrirá la semana que viene.
No obstante, públicamente, en el Congreso de los Diputados Ábalos negaba la mayor: “Aquí todo el mundo opina de lo que debe hacer uno”. Y cuando le insistían sobre el asunto aseveraba: “¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, hombre?¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad?”.
Finalmente, este miércoles a última hora terminó ganando la postura de Koldo García que abogaba por seguir como hasta ahora para demostrar que “no hay temor” porque “no se ha cometido ningún delito”, aseguran fuentes presentes de la reunión a Artículo14.
Renunciar hubiera implicado suspender la declaración del 15 de octubre. El objetivo sería que Ismael Moreno asumiera la instrucción. Un juez que tiene 70 años.

Por eso, fuentes del caso sospechaban que la meta fuera llegar a un cambio de juez instructor que les resultara favorable: “Con un poco de suerte jubilan a Ismael Moreno, en el Consejo del poder judicial seleccionan un juez progresista y se acabó el asunto”, advertían.Y solo habría una manera de evitar el acontecimiento si en algún momento vuelve a optar por esta maniobra: “Que el juez procese Ábalos antes de que renunciara al acta”.
Cabe recordar que en su anterior declaración ante el Supremo ya hubo discrepancias entre la estrategia que quería llevar la defensa de Koldo García y la de la defensa de Ábalos.
El exministro amagó con un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. En aquella ocasión también se salió con la suya el exasesor de Koldo García alejándose de cualquier tipo de negociación con el Ministerio Público.

Ahora, la tensión es máxima. Ambos temen entrar en prisión después del último informe de la UCO en el que ha aflorado el manejo de 95.000 euros en efectivo. De hecho, tal y como avanzó Artículo 14, las acusaciones populares están estudiando la petición de esta medida cautelar y la Fiscalía no lo descarta.
A eso se añade la tensión con la “información sobre la vida íntima” del exministro que la UCO habría entregado ya al juez como evidencia de los pagos a mujeres que realizaba, presuntamente, Koldo García. El juez acordó una pieza separada para esta información sensible que las partes no podrán sacar del Tribunal Supremo.
Así las cosas, este miércoles el juez negó devolver a Koldo García los dispositivos incautados en el registro. Su abogada pidió la suspensión de las actuaciones porque sostienen que se menoscaba “su derecho a la defensa”.
Alegan que las conversaciones del informe están sacadas de contexto y que solo con acceso a ellas pueden demostrarlo pero el magistrado, en la providencia respaldó el informe de la UCO: ”Se sustentan en informaciones que, cuando procedentes de los mencionados terminales (muchas otras proceden de distintas fuentes de información) no solamente se consignan y describen, sino que se reproducen también en los informes referidos”.
Por ello, ofrecía a Koldo García dar las aclaraciones necesarias en su declaración de la próxima semana.