Habemus foto. Donald Trump y el presidente Sánchez se saludaron este lunes en Sharm el Sheij antes del encuentro entre 30 líderes mundiales para firmar el acuerdo de paz en Oriente Próximo. Un acuerdo de paz que se ha alcanzado tras la mediación de El Cairo, Doha, Ankara y Washington, para poner fin a una guerra que ha mantenido en vilo al planeta desde el 7 de octubre de 2023.
El Ejecutivo de Sánchez, a través de un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, apoyó dicha firma. “El Gobierno de España se felicita por la liberación de los rehenes”, afirma, “tras dos años secuestrados y retenidos en condiciones intolerables por el grupo terrorista Hamas”. El Ejecutivo afirma que España ha exigido desde el secuestro de los rehenes su liberación, lo que ha significado el cumplimiento de la primera fase, así como la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. La postura de España será continuar, se afirma, “redoblando sus esfuerzos” y “contribuir” para avanzar en las siguientes fases en aras de la solución de los dos Estados.
El embargo continúa en España
No obstante, el hecho de que se selle la paz no es óbice para suspender el bloqueo a Israel, según el Ejecutivo. “No está en estos momentos sobre la mesa”, afirman fuentes de Moncloa respecto a la posibilidad de echar marcha atrás. Una de las cláusulas que establece el Real Decreto Ley que se detallará este martes en Consejo en Ministros, es que se veta la importación de productos originarios de “asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado”. Esta es una de las perchas, que apoyan en las resoluciones de la ONU para mantener el precepto vigente. Un concepto que los judíos rebaten, en cuanto a que lo consideran territorios “en disputa”.
La postura diplomática
Después de dos años con una acción exterior marcadamente anti israelí, el Gobierno se encuentra en una situación difícil tras haber agitado las calles y enarbolar la bandera palestina por delante de sus socios, Sumar y Podemos. Quienes, además, rechazan el acuerdo de paz. Así, al mantener la rescisión de los contratos, el Ejecutivo lava la cara ante sus socios.
Desde la ciudad de Sharm El Sheij, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que el hecho de que España apoye la paz no implica que se paralice la investigación de la Corte Penal internacional iniciada por la fiscalía española, ni tampoco “el caso presentado ante el Tribunal Internacional de Justicia, basado en la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio”.
La letra pequeña del decreto
La respuesta de Israel
En una entrevista de este medio a la encargada de negocios, Dana Elrich, realizada después de los incidentes de La Vuelta en Septiembre, aseguró que el “Ejecutivo español lastima a la economía y defensa española”, y enfatizó en que “Son contra Israel pero realmente los afectados son los españoles”. No detalló si se habían rescindido realmente todos los contratos, pero sí explicó que el gobierno israelí no movía ficha hasta que no se conociera la votación en el Congreso. Tras la aprobación en la Cámara Baja del boicot a Israel -una semana después de lo previsto para respetar la fecha del 7 de octubre-, y la presentación de las adjudicaciones este martes, desde la embajada israelí se desconoce si habrá respuesta por parte del Gobierno de Netanyahu.
Asociaciones judías recurrirán el embargo ante el TS
Por el contrario, asociaciones judías como ACOM -Acción y Comunicación sobre Oriente Medio- han tomado medidas más ofensivas. En concreto, informa la Asociación, han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, y denuncian que el Ejecutivo “haya hecho un uso indebido del instrumento del Decreto-ley, recurriendo a él sin acreditar la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución”, informan. “De este modo, el Gobierno ha regulado materias que requieren debate parlamentario y, además, lo ha hecho sin contar con el preceptivo informe del Consejo de Estado”. Según la asociación, se vulneran los derechos de libertad de expresión, el principio de igualdad y no discriminación, la libertad de empresa y el derecho de propiedad.
Asimismo, afirman, el escrito “pone de relieve la inseguridad jurídica generada por la falta de definiciones precisas en el texto legal”, así como “la invasión de competencias exclusivas de la Unión Europea en materia de política comercial común, recogida en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE”.