Yolanda Díaz intenta recuperar pulso político y marcar el paso al PSOE, con Pedro Sánchez centrado en la agenda internacional y fuera de España. La coalición de la vicepresidenta segunda, que ejerce como fuerza minoritaria del Gobierno, ha presentado este lunes en una comparecencia institucional en el Ministerio de Trabajo las recetas en materia de vivienda con las que presionan al socio mayoritario.
La propia Díaz y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, desgranaron ante los titulares de Cultura (Ernest Urtasun) y Sanidad (Mónica García), las propuestas políticas, nuevas y reeditadas, que quieren aprobar vía real decreto ley. Sumar no tiene competencias en vivienda, un Ministerio en manos de Isabel Rodríguez (PSOE), si bien Bustinduy ha exprimido hasta ahora las capacidades de su departamento para remitir al Ayuntamiento de Madrid información de más de 15.000 anuncios ilegales de pisos turísticos.
El real decreto ley, que sólo pueden impulsar desde el Consejo de Ministros -y, por tanto, requieren al PSOE-, plantearía congelar los contratos de alquiler para dotar de mayor protección a los inquilinos (entre tres y cinco años). Incluso aunque el inmueble cambie de manos.
Abogan por ahondar en la regulación de los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos con un nuevo régimen sancionador. Además de elevar la carga fiscal a quienes tienen más de cuatro viviendas (5% anual de patrimonio inmobiliario), para frenar su uso especulativo.
También aluden a un aumento de la inversión pública en vivienda desde el futuro proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, que el Ejecutivo ve muy difícil llevar a buen puerto. A la bonificación en un 40% las rentas del alquiler en el impuesto de sociedades (sólo para alquileres asequibles según el índice anual), así como a la prohibición de que quienes compren una nueva vivienda para alquilarla a terceros lo hagan por encima de los límites de la ley de vivienda, cuya aplicación corresponde a las comunidades autónomas.
Recupera, además, propuestas como establecer un IVA del 21% para los alquileres turísticos, o considerar turístico cualquier alquiler de hasta 30 días, para evitar que sea presentado como “de temporada”.
“El mercado de la vivienda está funcionando como una colosal aspiradora de renta y de riqueza en funcionamiento de un mercado que está secuestrado por lógicas extractivas y especulativas”, afirmó Bustinduy. “La vivienda hoy divide a nuestro país. La divide entre quienes pueden heredar pobreza, que es lo que se hereda fundamentalmente, entre quienes pueden heredar un pequeño piso o quienes jamás van a poder acceder a una vivienda digna en España”, apostilló Díaz.
La preocupación por la vivienda marca récord en el CIS
Sumar mueve ficha el mismo día en que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a situar las dificultades para acceder a la vivienda como el principal problema de los españoles. En el último estudio, las alusiones a esta materia alcanzan el 37,1%, siete puntos por encima del registro de julio.
Y lo hace a las puertas de que Rodríguez, ministra del ramo, comparezca en el Congreso para presentar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Rodríguez está entre los socialistas que forman parte del Consejo de Ministros que mayores recelos y tensiones generan en Sumar.
El fin de semana, La Sexta publicó una entrevista con Rodríguez en la que la ministra de Vivienda llegaba a afirmar que, si tuviera los votos necesarios, aplicaría el artículo 155 de la Constitución a la Comunidad de Madrid para intervenir las competencias en materia de vivienda.
Este artículo constitucional sólo se ha activado en una ocasión, tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Y en Sumar acogen con estupefacción las palabras de una ministra a la que recuerdan que presionaron durante meses para establecer una mínima regulación de los alquileres de temporada.
No obstante, fuentes del ala de Sumar en el Gobierno defienden que esta batería de medidas es “compatible” con otras actuaciones del Ministerio, como una mayor inversión en obra pública o la empresa pública de vivienda. “Presentamos esto no por voluntad de chocar ni nada, es compatible y hay sinergia”, abundan.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Un movimiento estratégico que Vivienda acoge con frialdad: “Escuchamos a todo el mundo”
En Sumar presumen de un “trabajo fino jurídico” para esquivar el “boicot” del PP a la ley de vivienda en las comunidades autónomas en las que gobierna. El real decreto ley que tienen esbozado aludiría a la fiscalidad, pero a través de una modificación del impuesto a las grandes fortunas, ya que el decreto ley no es un vehículo jurídico válido para alumbrar nuevos tributos.
El problema es que necesitan del PSOE para llevar al BOE estas medidas. Y el departamento de Rodríguez ha acogido con frialdad sus planteamientos: “Bienvenidas todas las propuestas, nosotros escuchamos a todo el mundo”, despachan a Artículo 14.
Más allá de las recetas políticas concretas, este movimiento va a más porque apuntala que los futuribles Presupuestos sirvan para incentivar la actuación en esta materia. De hecho, uno de los requisitos básicos de Podemos para sentarse siquiera a negociar es que el Gobierno intervenga el mercado de la vivienda para frenar su uso especulativo y garantizar una mayor facilidad de acceso. El ala socialista del Gobierno considera imposible rebajar por ley los precios en un 40% como exigen los morados. Pero las propuestas en este sentido pueden servir para allanar una pista en la que aterrizar alguna de sus exigencias.
Sumar, que en 2024 sí desgranó sus recetas en materia presupuestaria antes de cerrar un acuerdo con su socio -aunque las cuentas nunca se presentasen-, intenta recobrar la iniciativa y sacar cabeza después de un mes en el que Sánchez ha logrado volver a marcar la agenda pública, a pesar de los escándalos de presunta corrupción de su entorno y de exdirigentes del PSOE.
Lo hace transcurrido un mes desde que Junts per Catalunya, PP y Vox, impidieran siquiera debatir su propuesta estrella, el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, en el primer pleno del curso político. Poco después sentenciaban también la agencia estatal contra la corrupción que Sumar aspiraba a crear.
Después, los de Díaz recuperaron su iniciativa para blindar el aborto en la Constitución. La portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, afirmó en entrevista con Artículo14 que ninguno de los grupos del bloque de investidura se oponía a esta reforma. Transcurridos seis días, ante los volantazos del alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida, Sánchez hizo suya esta bandera.
Con el presidente en Sharm el Sheij (Egipto), para asistir a la firma del acuerdo de paz de Donald Trump para Israel y Gaza, Sumar celebraba una poco habitual comparecencia conjunta de cuatro de sus cinco ministros (Sira Rego estaba de viaje oficial en Jordania). Y despachaba sin conceder preguntas a los medios las novedades del real decreto que proponen impulsar.
Sólo una semana antes, Díaz ya marcó perfil propio al vender otro real decreto ley, en este caso que sí era de su competencia, para extender los permisos por fallecimiento de familiar o allegado de los dos a los 10 días. Objetivo: demostrar que contribuyen a marcar el rumbo de la coalición.