El mundo de la judicatura se prepara para un verano caliente, y no sólo por las altas temperaturas. La inminente entrada de la “Ley Bolaños” ha provocado que jueces y fiscales convoquen una huelga que, afirman, no tendrá marcha atrás hasta conseguir que la ley no vea la luz. Precisamente, este martes se han reunido con el grupo parlamentario socialista en el Congreso, sin llegar a ningún acuerdo. “No tenemos más intención que defender el Estado de Derecho y un Poder Judicial robusto e independiente”, afirma Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. “Y creemos que las dos reformas que pretende aprobar Bolaños van en la dirección contraria”.
Sumada a esta asociación, participarán en la huelga otras cuatro: La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Ya que, tras el parón simbólico, que reunió a jueces y fiscales el pasado 11 de junio, han decidido dar un paso más dada la escasa reacción que tuvo el Ejecutivo ante este toque de atención.
Según explican, habrá una concentración el 28 de este mes en enfrente del Tribunal Supremo que preside Isabel Perelló -quien denuncia de forma reiterativa en sus discursos el cerco del Ejecutivo a la Justicia-, y después una huelga del 1 al 3 de julio.
Aseguran que están recibiendo un apoyo masivo, y no sólo por parte del mundo judicial, sino también por parte de asociaciones de otros grupos profesionales que están mostrando su apoyo. “Esto concierne a toda la ciudadanía. Hasta que suspendan la ley la huelga no se detendrá”. En definitiva, o el Ejecutivo negocia, o el Poder Judicial no se reactiva.
“No ha habido una huelga de esta envergadura”
Las dos últimas huelgas de jueces fueron en 2018, una fue contra el ministro Rafael Catalá, y la otra contra Dolores Delgado. Reclamaban cuestiones de carácter profesional, que se crearan más plazas de oposición. “No ha habido una huelga de esta envergadura”, afirma Dexeus. “Se trata de la defensa del Estado de Derecho. Y, por tanto, todo apoyo en este sentido será bien recibido”.
Lo que está en juego
Principalmente, a lo largo de los dos últimos años las asociaciones denuncian ataques continuos al poder judicial por parte incluso de miembros del propio de Gobierno, sumado al descrédito por parte de la Fiscalía. “Llevamos mucho tiempo diciendo q los ataques que padecemos son intolerables en un Estado de Derecho”, asevera María Jesús del Barco, presidenta de la APM.
Y, ahora, se añade a sus críticas la pronta aprobación de dos reformas. Una se refiere al acceso a las carreras judicial y fiscal, donde critican que por un lado se rebajan las exigencias del examen ordinario para entrar en las dos carreras, y por otro lado, “excusándose en exigencias europeas que no son tales, se pretende el acceso de jueces y fiscales sustitutos en las carreras sin pasar por unas pruebas que acrediten su mérito, capacidad e independencia”, explica Dexeus. “Lo que necesariamente introduce sospechas de que a través de ahí se intenten seleccionar determinados perfiles y entre el poder político en nuestras carreras”.
La otra reforma polémica es la del estatuto del ministerio fiscal. Según esta, el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. No obstante, lo que podría ser una reforma en aras de una mayor independencia judicial, para las asociaciones se trata de ” mero maquillaje”. Porque, explican, lo que garantiza es que el fiscal general del Estado tenga mayor poder que del que actualmente tiene en el seno de la carrera, ya que se elimina el contrapeso del Consejo Fiscal -órgano de representación democrática de los fiscales-. “Se elimina sus competencias decisorias, como puede ser en materias disciplinarias o en compatibilidades. Todo eso desaparece y queda en manos del fiscal General del Estado”, asegura Dexeus.
Por otro lado, se modifica la representatividad democrática del órgano. En la actualidad, los fiscales pueden votar un máximo de seis candidatos para entrar en el Consejo Fiscal en listas abiertas de carácter nacional, y si se aprueba la reforma lo que hará será “reducir a cinco el número de candidatos totales que se pueden votar”, afirma la presidenta de la Asociación de Fiscales. “Y se modificarán los resultados de las votaciones en favor de las asociaciones minoritarias para dotarlas de una representatividad que no tienen”, explica. “Con esta reforma, el único contrapeso que quedaría es la Junta de Fiscales de Sala. Que, a día de hoy, está dominada por el fiscal general del Estado”.
Aprobación inmediata
Según informan fuentes del ministerio de Justicia, esta ley está en marcha y prevén tenerla aprobada para mediados del próximo julio. Para que llegue a término, debe pasar por trámite parlamentario: una vuelta en el Congreso y en el Senado, y de nuevo una definitiva en la Cámara Baja. Su suspensión debe producirse antes de que se publique en el BOE, ya que la rúbrica del Jefe del Estado será el paso final.
Las asociaciones consideran “sospechoso” que esta ley se tramite por vía de urgencia, dado que no hay una demanda social. “Detrás de estas reformas la finalidad es dominar al poder judicial, para evitar que controle la legalidad de la actuación del poder ejecutivo y del poder legislativo. El Gobierno ataca a los jueces cuando las resoluciones les resultan incómodas”, afirma Dexeus. Lo que corrobora su colega de profesión: “Las reformas legales van en ese camino de minar la independencia de los jueces y dinamitar los pilares básicos de nuestra democracia”.
Reuniones con los grupos parlamentarios
Las asociaciones han pedido reuniones con todos los grupos parlamentarios. Este martes se han reunido con el PSOE y el PP. Vox ha fijado una reunión para la semana que viene, pero el resto de fuerzas políticas no han contestado. Tras la reunión con el PSOE en la Cámara Baja, el partido se ha mostrado “abierto a mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria y estudiará cualquier enmienda constructiva que reciba”, pero las asociaciones consideran que no es suficiente. “Hemos pedido la retirada del proyecto de ley, por eso hemos convocado una huelga. Una modificación no es suficiente, sólo cabe la retirada”, afirma Del Barco. “Agradecemos que nos hayan recibido, pero no es suficiente.
Las asociaciones acuden a Europa
Según la primera toma de contacto, las asociaciones buscan trasladar la situación a Europa. Por este motivo, De la Barca anuncia que han pedido reuniones a la Comisión Europea -órgano que tildó recientemente de “autoamnistía” la ley del Ejecutivo- y al Parlamento Europeo, pendientes de que les den fecha.
Un clima muy asfixiante
“Trabajar con esta presión es lo último que necesitamos”, critica Dexeus. “No puede ser que un Gobierno traslade a la ciudadanía que el Poder Judicial es un poder envenenado que realiza una caza de brujas en contra del poder político”.