Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, pidió la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en tres ocasiones. En esta última, con motivo del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, presentó un recurso al Tribunal Supremo en contra de García Ortiz por no aceptar la investigación de la idoneidad para el cargo de la ex ministra de Justicia, debido a su relación con el ex juez Baltasar Garzón. Pese a este triunfo, no cree que deje el cargo y duda de que el Alto Tribunal pueda decidir sobre su continuidad como fiscal, ya que los recursos fueron presentados antes de esta última sentencia judicial. “Estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia en cuanto a separación de poderes”, afirma.
La sentencia del Tribunal Supremo lo deja claro: había que investigar la incompatibilidad del nombramiento de Dolores Delgado.
Sí. Parece una excentricidad según quien realiza comentarios en relación con este tema, pero es lo habitual en el supuesto de que uno de los candidatos puede estar en una causa de incompatibilidad con su pareja, y lo lógico es que se siga el procedimiento, se incoe el expediente, se investigue esa supuesta incompatibilidad y una vez resuelta decida el Consejo Fiscal la incompatibilidad del candidato, y si no la hay, el fiscal del Estado hace la propuesta y ya está. No es algo anómalo.
El hecho de que el fiscal García Ortiz impidiera esa investigación, ¿no es síntoma de algo turbio?
Había mucha prisa. Se habían adelantado las Elecciones Generales y estudiar la incompatibilidad suponía retrasar el nombramiento. Todo fue fruto de ese interés por resolver cuanto antes la situación de Dolores Delgado antes de las elecciones.
Al fiscal General del Estado se le suman más casos: también se tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala Militar, el TSJM ha abierto una causa por la filtración sobre el novio de Ayuso, el CGPJ no le considera idóneo…
Es un paso más en toda su andadura. Nosotros le hemos pedido al menos en tres ocasiones la dimisión y nunca ha accedido. Es de prever que siga igual. Pedimos su dimisión con ocasión del anuncio de los pactos de investidura, cuando se habló del lawfare, porque se puso de perfil. También en nuestro Congreso de Jerez, porque seguía sin pronunciarse y conceder amparo a los fiscales del procés a los que se les señalaba, y también cuando se negó a debatir en el seno del Consejo Fiscal la proposición de la ley de amnistía.
¿Existe algún precedente en España de algún fiscal que haya tenido que dimitir por algo similar?
No. No existe algo semejante. Torres-Dulce decidió dimitir, él sabrá las razones, pero la situación no tiene nada que ver. César Ortiz-Úrculo también dimitió sin aguantar el mandato, pero tampoco eran estas circunstancias.
Hay cinco jueces que tienen que decidir sobre la continuidad de García Ortiz y ha pedido apartarlos.
A mí me sorprende esa petición de recusación de unos magistrados. Ellos deben decidir si es o no idóneo para asumir el cargo. No sé si todo esto que está sucediendo ahora se tomará en consideración o no, porque cuando se planteó el recurso contra su nombramiento por la APIF, otra asociación minoritaria, no habían sucedido aún estos acontecimientos. Lo único que hay es el informe del CGPJ y la primera resolución del Tribunal Supremo anulando el primer nombramiento de Delgado como fiscal de Sala Militar, haciendo alusión a la desviación de poder.
¿Tiene recorrido el recurso del Fiscal General del Estado?
No lo sé. Pero creo que el hecho de que esos magistrados hayan considerado que en una ocasión un nombramiento del Fiscal General del Estado se ha desviado o ha incurrido en desviación de poder administrativa, no quiere decir que la siguiente vez que se pronuncien tengan que estar condicionados. Van a enjuiciar lo que se les pone delante. Pero como estrategia está en su derecho en hacerlo.
El senador socialista Oleaga ha dicho en el Senado, tras la petición del PP de que García Ortiz dimita, que el PP arremete contra la Justicia cuando se habla de corrupción. ¿No es paradójico después de la postura del Gobierno con el caso de la mujer del presidente del Gobierno?
Los políticos defienden lo que consideran adecuado. No se les presume conocimientos jurídicos. Son cosas que dicen en defensa de sus intereses.
¿Estamos viviendo el peor momento de la democracia en cuanto a separación de poderes?
Sí, eso es evidente. Desde hace tiempo a esta parte se ha ido gestando en la clase política un estado de opinión en contra del poder judicial cuando las resoluciones no se ajustan a las pretensiones, más allá de la crítica ordinaria dentro del Estado democrático. Se ha subido el listón: la acusación de jueces fachas, fachas con toga, señalamiento de algún juez con nombre y apellidos… Eso apoyado por los pactos de investidura donde se reconoce la versión independentista de que no fueron los políticos los que cometieron delito sino al contrario, fueron jueces y fiscales los que judicializaron la política. Se acrecienta la sensación de que el Poder Judicial es partidista y actúa por intereses espurios.
¿Hay una clara interferencia del Poder Legislativo en el Judicial?
La sensación de que el Poder Judicial es partidista se generaliza en la ciudadanía porque hasta miembros del Gobierno hablan del lawfare, y ahora ya cuando llega un asunto en el que la investigada es Begoña Gómez la solución fácil es señalar a los jueces. Eso, junto con la Ley de Amnistía, es una una interferencia del poder legislativo en el judicial.
¿Cómo puede actuar la Justicia si el independentismo sigue su ruta, después de que se le ha deslegitimado?
Pues imagínese teniendo en cuenta que hay delitos que han desaparecido. La sedición ha desaparecido, la malversación de caudales públicos ha visto la visto la penalidad muy reducida… No es sólo que hay que enfrentarse a esa persecución judicial de la clase política, si no que hay delitos que no existen. La convocatoria de un referéndum ilegal tampoco existe. Las armas legales para actuar son menores que las que había.
Es decir, que dependemos de Europa básicamente.
Sí, realmente sí. Estamos abocados a que Europa actúe.
¿Puede llevarse a cabo la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal sin el blindaje del fiscal?
Todavía no está en vigor esa reforma. No es el mejor momento para conferir la investigación de las causas al fiscal porque la credibilidad en nuestra institución ha caído por los suelos, y si no hay una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal profunda no va a ser posible que se den las garantías de éxito. Y, claramente, no se puede hacer la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal si previamente no está blindada la figura del fiscal para que pueda hacerlo sin ninguna presión.
De momento vemos que el Tribunal Supremo actúa con independencia y el juez Peinado ha solicitado a la UCO la investigación de la mujer del presidente pese a la oposición de la fiscalía.
Hay que trabajar con arreglo a la ley y a los principios constitucionales y hacer oídos sordos. Aguantar, ya vendrán tiempos mejores, pero es evidente que no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por la situación que estamos viviendo.
¿Cree que hay un descrédito por parte de la ciudadanía hacia el funcionamiento de las instituciones?
Totalmente. Existe un descrédito hacia la Justicia inmerecido porque se está trabajando mucho con los pocos medios con los que estamos dotados y asuntos como los que estamos viendo en la actualidad ponen en la picota la forma de trabajar profesional y seria de compañeros de una manera muy injusta.