Junts per Catalunya presentó el mes pasado una Proposición de Ley Orgánica para regular el uso del nicab y el burka en Cataluña, con el objetivo (según su texto) de mantener la seguridad pública y regular la convivencia. Para ello, han aportado numerosos argumentos feministas como, por ejemplo, que dichas prendas son símbolos de subordinación y exclusión por razón de sexo, que invisibilizan a las mujeres, las relegan a una posición de inferioridad y las excluyen de participar en la vida pública en condiciones de igualdad.
Ante esta iniciativa, el Partido Popular redobló la apuesta, presentando otra Proposición aplicable a todo el territorio nacional y esgrimiendo también la seguridad y la igualdad como razones para prohibir el uso de las prendas. Coinciden ambos en repetir, a modo de canto coral, la palabra “dignidad”, “dignidad”, “dignidad”.
Impulsar medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres es deseable en cualquier sociedad democrática, lo que llama la atención de ambas propuestas, es que ninguna menciona a los hombres ni al machismo como causantes de la subordinación.
Si de verdad fuesen propuestas feministas, descubrirían (no ocultarían) el rostro de quien provoca la desigualdad, ya que mostrar el origen del problema es la única forma de remediarlo. Cualquier persona que lea estos textos sin saber nada sobre el tema entenderá que es una cuestión que afecta a las mujeres, pero también, que proviene de ellas. El término “mujeres” se emplea constantemente, pero cuando toca referirse a quien ejerce la coacción, la palabra “hombres” es sustituida por “familias” o “entornos” y el “machismo” se convierte en una cuestión “estructural”, “cultural” o de “religión”. ¿Quién está borrando qué?
Las propuestas de Junts y PP no solo dejan a los hombres fuera del problema, sino también de la solución. Junts propone prohibir, pero no indica las medidas que va a tomar y el Partido Popular plantea imponer multas económicas, suponemos que a las mujeres que lleven las prendas (aunque en esta parte concreta, el término “mujer” se transforma curiosamente en masculino: “al infractor”).
Dirigir las medidas punitivas hacia las víctimas derivará en una sanción múltiple: física por llevar la prenda, social por resultar relegadas, económica derivada de la multa y cultural, porque castigarlas públicamente reforzará el racismo en el contexto en el que se busca su integración.
Como a estos partidos les suena que el feminismo aconseja no quedarse solo en el castigo, adornan sus propuestas añadiendo que las sanciones irán acompañadas de “acciones de sensibilización, formación o integración”. Suponemos que estas sesiones formativas también se dirigirán a ellas y no hacia los hombres que las obligan, que son quienes lo necesitan.
La parte de velar por la seguridad ciudadana tampoco viene acompañada de datos o estadísticas que demuestren la gravedad de los posibles delitos cometidos por las mujeres que llevan nicab o burka, que intuimos serán poco relevantes.
Celebramos que los partidos políticos apliquen la perspectiva feminista en sus proyectos legislativos. También que denuncien, desde el conocimiento y sin maquillaje, la realidad de una prenda que está en las antípodas de la libertad y de la igualdad para las mujeres. Pero también exigimos que lo hagan rigurosamente y asegurando la dignidad y los derechos de las víctimas, no exponiéndolas a un mayor dolor y discriminación. Y, sobre todo, transmitiendo un relato fiel, que nombre a los culpables y dirija las medidas correctivas hacia ellos.
Es necesario que tengamos un debate profundo sobre la regulación del uso del burka y el nicab. Para ello hay que contar con personas expertas, escuchar a las mujeres atravesadas por este problema y tener mucha cautela, para no fomentar el racismo en nombre de un supuesto feminismo.