El debate sobre la prohibición del burka en espacios públicos ha a Vox y al Partido Popular solos defendiendo una medida que, aunque finalmente no se ha aprobado, ha reabierto una discusión sobre derechos, símbolos y convivencia.
Para voces como la de Faouzia Chati Badou, presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes en Cataluña, el enfoque debería partir del equilibrio entre libertades fundamentales, cohesión social y proporcionalidad. “Es un debate complejo que requiere serenidad, rigor jurídico y sensibilidad social”, señala. En su opinión, el marco constitucional español ya ofrece las herramientas necesarias. “Protege tanto la libertad religiosa como la igualdad y la seguridad pública. Cualquier medida sobre la vestimenta debe analizarse equilibrando derechos fundamentales y cohesión social, evitando planteamientos simplistas que polaricen a la sociedad”.
Quienes cuestionan la necesidad de legislar destacan que el velo integral tiene escasa presencia en España y, dentro de la comunidad marroquí, su uso es aún más residual. “El impacto numérico sería muy limitado”, reconoce Chati Badou. “Pero simbólicamente, la discusión puede generar sensación de señalamiento dentro de la comunidad musulmana, incluso entre mujeres que no usan burka ni niqab”.
Para muchas asociaciones, el verdadero problema es su carga simbólica. No se debate únicamente una prenda, sino lo que representa y a quién se vincula. “Existe el riesgo de que la medida acabe señalando y reforzando la sensación de exclusión“, insiste Chati Badou.
¿Son el burka o el niqab incompatibles con la integración? Según Chati Badou, reducir la integración a la vestimenta simplifica demasiado la realidad. “Integrarse implica acceso a educación, empleo, participación social y respeto mutuo. No se puede medir solo por lo que se viste”. Y matiza: “Es legítimo discutir cómo ciertas prácticas culturales interactúan con los valores de una sociedad democrática”.
El riesgo de la exclusión
En países con prohibición general del velo integral, el efecto sobre la integración es discutible. “Una prohibición puede generar aislamiento, especialmente si algunas mujeres reducen su presencia en espacios públicos”, advierte Chati Badou.
Francia y Bélgica son los ejemplos más citados: allí, la legislación tuvo un fuerte componente simbólico, pero no resolvió los desafíos sociales, laborales ni educativos de las comunidades migrantes.
Dentro de la propia comunidad marroquí existen dinámicas diversas que rara vez se reflejan en el debate público. “Hay diferencias generacionales: las segundas generaciones, nacidas o criadas en España, suelen estar más integradas y el uso del velo integral es menos frecuente, aunque cada trayectoria personal es distinta”, explica Chati Badou.
Otro riesgo es la estigmatización. “Es importante que no se use este debate para señalar a toda una comunidad por prácticas minoritarias”, advierte Chati Badou. “En un debate centrado en confrontación cultural o identitaria, aumenta la posibilidad de reforzar prejuicios y discursos islamófobos”. Por eso, insiste, el enfoque debe basarse en datos, derechos y convivencia, no en impulsos emocionales ni mensajes simplificados.
Un llamamiento a la proporcionalidad
Chati Badou lanza un mensaje a las instituciones y les pide decisiones basadas en “respeto al Estado de derecho, proporcionalidad y diálogo con las comunidades afectadas”. A la sociedad, recuerda que “la convivencia se construye con respeto mutuo, igualdad ante la ley y oportunidades reales de integración, no solo mediante símbolos”.