España debate el burka: más que una prenda

Actualmente residen en España más de 2,5 millones de musulmanes y existen oficialmente 1.766 mezquitas, casi el doble que hace una década, además de un número indeterminado de oratorios ilegales o templos encubiertos. El 55% de los musulmanes son extranjeros, sobre todo marroquíes (casi un millón), aunque el 45% ya tiene nacionalidad española.

Por eso, lo que España discute estos días es algo más que una prenda. Se trata de ver qué modelo de convivencia es posible y qué límites del Estado son oportunos ante una transformación demográfica que se hará más evidente con la regularización masiva de migrantes aprobada por Pedro Sánchez.

El término “islamización” se ha convertido en una alarma para unos y en el signo de una sociedad plural para otros. Con ese telón de fondo, nace la iniciativa parlamentaria de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. El debate llega hoy al Congreso de los Diputados a instancias de Santiago Abascal. Vox ha registrado una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab (no el hiyab o velo islámico) en espacios públicos y “lugares privados con proyección a un espacio o uso público”.

Multas y penas de prisión

El partido defiende que se trata de una medida “para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana”. El texto contempla penas de prisión de uno y medio a tres años para quienes impongan estas prendas mediante coacción, que podrían elevarse hasta cuatro años si la víctima es menor o vulnerable. Además, propone modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar el uso del velo integral con multas de hasta 600 euros (30.000 en caso de reincidencia) y habilitar la expulsión de extranjeros que incurran en infracciones muy graves.

El Partido Popular ha anunciado su voto favorable. En su última ponencia política ya rechazaba el burka y el niqab por considerarlos contrarios a la dignidad y a la seguridad. En Baleares, donde gobierna en minoría, respaldó junto a Vox una proposición no de ley en el mismo sentido. La iniciativa obligará también a posicionarse a Junts per Catalunya, que en mayo aprobó internamente su oposición al velo integral y al uso de cualquier velo por menores en la educación obligatoria.

Europa como precedente

Los defensores de la prohibición exponen precedentes europeos. Francia fue pionera en 2011 al vetar las prendas que cubren el rostro en espacios públicos. La norma fue avalada en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bélgica aprobó una ley similar ese mismo año; Austria lo hizo en 2017 y Dinamarca en 2018. En Países Bajos la prohibición es parcial y afecta a edificios públicos, transporte y centros educativos. España, a diferencia de Francia, es constitucionalmente aconfesional y mantiene desde 1992 un acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica. No existe hasta ahora una prohibición estatal del velo integral.

El debate ha fracturado también al feminismo. Sectores clásicos y organizaciones como la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género apoyan la prohibición, al considerar que el velo integral simboliza sumisión y desigualdad estructural. Una treintena de colectivos ha criticado incluso que el Instituto de las Mujeres financiara estudios que, a su juicio, “normalizan” el hiyab.

Frente a esa posición, la socióloga Carmen Núñez Cuenca critica que el debate sobre el burka y el niqab se presente como un duelo moral entre prohibir o permitir, “como si la vida de las mujeres pudiera resolverse en un plebiscito binario”. En su reflexión, nos invita a detenernos un instante para ver que estas prendas no son solo telas ni dogmas, sino superficies donde se proyectan miedos, identidades, prejuicios y batallas políticas. “En Europa, el velo integral se ha convertido en un símbolo que incomoda porque obliga a mirar de frente algo que preferimos no discutir: quién decide sobre el cuerpo de quién”.

Lo que casi nunca aparece en el debate público, dice Núñez Cuenca, es la pluralidad de experiencias de las propias mujeres que lo llevan. “Algunas lo usan como parte de una tradición religiosa vivida con convicción íntima, sin épica ni dramatismo. Otras lo adoptan como gesto identitario en sociedades donde su presencia es leída con sospecha, como si el velo fuese un pasaporte cultural que hay que mostrar para justificar la pertenencia. Y también están quienes lo llevan porque no tienen alternativa: por presión familiar, comunitaria o social. Ninguna de estas historias es intercambiable, aunque el discurso público insista en tratarlas como si fueran la misma”.

Tensiones, controversias y seguridad

Juristas consultados en distintos foros recuerdan que cualquier limitación deberá superar el test de proporcionalidad del Tribunal Constitucional y el encaje con la libertad religiosa. El precedente francés indica que el argumento de “convivencia” y “seguridad” puede ser suficiente si la restricción es general y no discriminatoria, pero España no tiene tradición laicista estricta y su marco es distinto.

El debate viene acompañado de tensiones puntuales, como controversias vecinales por la apertura de centros de culto y un repunte de operaciones policiales contra el yihadismo. En 2025 se registraron 100 detenidos por yihadismo en España, máximo histórico desde el 11-M. No obstante, en el Ministerio del Interior indican que la lucha antiterrorista debe centrarse en conductas delictivas, no en símbolos. Las cifras de arrestos preocupan, pero la mayoría de los musulmanes rechaza cualquier forma de violencia.

Con más de 2,5 millones viviendo ya en España y una realidad religiosa cada vez más visible, el debate sobre el velo integral no es solo una cuestión de seguridad ni únicamente una forma de protección a mujeres coaccionadas. La votación en el Congreso marcará la posición política, pero el verdadero desafío será decidir qué modelo de convivencia quiere consolidar España en una sociedad que hace tiempo dejó de ser homogénea y que aún está aprendiendo a gestionar su diversidad sin vulnerar sus principios constitucionales.