La industria de la defensa está pasando por uno de sus mayores períodos de tensión institucional. El Ministerio de Defensa le ha dado portazo jurídico a Santa Bárbara Sistemas al desestimar íntegramente el recurso de alzada presentado por la compañía en enero pasado. Con esta nueva resolución, el Gobierno ratifica la adjudicación de los grandes programas de artillería autopropulsada a la UTE formada por las empresas españolas Indra y Escribano (EM&E), un contrato cuyo valor conjunto supera los 7.000 millones de euros.
La decisión del departamento que lidera Margarita Robles no solo confirma la validez de los contratos, sino que también cierra la puerta a las pretensiones de SBS de acceder al expediente de contratación, una petición que la empresa había reiterado en diversas ocasiones. Según fuentes del ministerio, el procedimiento se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, priorizando criterios que van más allá de lo puramente técnico o económico.
El blindaje de la “Soberanía Estratégica”
En el centro de la resolución ministerial reside un argumento de peso político y estratégico: la autonomía nacional. Defensa sostiene que las decisiones de adjudicación en este ámbito deben proteger los intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro y, sobre todo, la autonomía estratégica de España.
“La Administración ha valorado el marco jurídico aplicable en España y en la Unión Europea para asegurar la disponibilidad operativa de las capacidades militares“, señalan desde el Ministerio.
Este enfoque refuerza la apuesta del Gobierno por crear un “polo nacional” de defensa liderado por Indra y Escribano, en detrimento de la filial española del gigante estadounidense General Dynamics. La resolución pone fin a la vía administrativa y deja claro que los actos administrativos impugnados mantienen su plena eficacia.
Santa Bárbara Sistemas no se rinde: próxima parada, la Audiencia Nacional
A pesar del varapalo administrativo, la dirección de Santa Bárbara Sistemas ha reaccionado con firmeza. La compañía ha confirmado que elevará el conflicto a la vía judicial, interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
Curiosamente, hay un desfase en las comunicaciones oficiales. Mientras Defensa confirma la resolución, desde la sede de SBS aseguran no haber recibido ninguna notificación formal. Sin embargo, recalcan que el recurso de alzada era un “paso previo indispensable“ para agotar la vía administrativa y acudir a los tribunales.
“Tenemos plena confianza en la solidez de nuestros argumentos. Nuestro objetivo es la defensa del sector industrial español, de sus capacidades actuales y del mantenimiento de los puestos de trabajo asociados”, afirman desde la compañía.
Un conflicto de dos frentes
La batalla por los obuses del Ejército de Tierra no es el único frente abierto para la filial de General Dynamics. El pasado diciembre, la empresa ya inició otra ofensiva legal, esta vez ante el Tribunal Supremo, cuestionando los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria a Indra y EM&E para el desarrollo de estos programas de artillería.
SBS argumenta que su exclusión del programa no solo perjudica a sus factorías como la histórica planta de Trubia, en Asturias, o la de Sevilla, sino que también pone en riesgo el tejido industrial especializado que la compañía ha mantenido durante décadas. No obstante, en un gesto de diplomacia industrial, la empresa ha reiterado su “disponibilidad para cooperar con todas las instituciones” a fin de dotar a las Fuerzas Armadas de los mejores recursos.
El futuro de la artillería española
Con la ratificación de los contratos, Indra y Escribano se consolidan como los arquitectos de la futura artillería del Ejército de Tierra. El programa busca sustituir sistemas veteranos por plataformas modernas que integren tecnología de vanguardia en mando y control, puntería y movilidad.
Mientras Indra y EM&E ya comienzan a ejecutar el mayor contrato de artillería de las últimas décadas, la sombra de la Audiencia Nacional planea sobre el proyecto. El desenlace de esta batalla legal determinará no solo quién fabricará los cañones del futuro, sino también cómo se redefinirá el equilibrio de poder en la industria de la defensa española durante los próximos veinte años.