He vivido muchos momentos extravagantes y debates oportunistas durante los últimos ocho años, pero, desde luego, lo único que me faltaba por ver era a un gobierno de mi país situando a la ciudadanía ante la falsa disyuntiva de tener que elegir entre Donald Trump o China. Si este debate se hubiera planteado de forma honesta, la elección debería ser entre la democracia estadounidense y la dictadura china.
Para concluir que China está gobernada por un régimen dictatorial no hace falta atender a los informes de derechos humanos de la ONU, ni escuchar a los disidentes, opositores o minorías étnicas que son aplastadas sistemáticamente. Basta con acudir al primer artículo de su Constitución, que reza así: “La República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática popular”. Me permito recordar que, entre el preámbulo y el primer artículo, la palabra “dictadura” se repite nada menos que cuatro veces. Mucho cuidado pusieron quienes redactaron este texto en dejar claro el modelo de gobierno que lleva funcionando allí durante los últimos ochenta años.
Pues bien, en España, según parece, decir de China lo que los padres de su Constitución dejaron por escrito se considera un insulto y una falta de respeto.
Le preguntó Carlos Alsina a Yolanda Díaz si China era una dictadura. La vicepresidenta respondió: “Les invito a que se lean los informes de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los que se dice que China está avanzando progresivamente y consolidando el estado de derecho”. Sinceramente, me importa más bien poco que Yolanda Díaz esté afiliada al Partido Comunista de España o su afinidad con la ideología que impera en China. Lo que me importa es que mienta.
Durante el fin de semana me tomé la molestia de leer ese informe de la ONU, donde no encontré nada de lo que afirma la vicepresidenta. Lo que sí encontré fue un sinfín de atrocidades y violaciones de los derechos humanos: desde la detención masiva de uigures y otras minorías religiosas, pasando por el millón de personas detenidas arbitrariamente y recluidas en “campos de reeducación” sin debido proceso judicial, hasta la persecución de opositores y disidentes o la vulneración de los derechos de las mujeres, esterilizadas en contra de su voluntad como mecanismo de control de la natalidad. Extraña manera de avanzar en la “consolidación del estado de derecho”.
Volviendo al falso dilema: por mucha aversión que pueda generar un personaje como Donald Trump, obligarnos a elegir —aunque sea de forma artificiosa— entre Estados Unidos y China como si fueran equiparables me parece un disparate y entrar en falsas disquisiciones, una pérdida de tiempo. La Constitución de los Estados Unidos fue concebida, en su esencia, para proteger a los ciudadanos frente al abuso y los excesos de sus líderes, así como para prevenir cualquier inclinación hacia la tiranía mediante una estructura de pesos y contrapesos. Por el contrario, la Constitución de China protege a sus gobernantes, estableciendo que el poder corresponde al pueblo representado exclusivamente en el Partido Comunista de China, único partido y líder de la estructura estatal.
Como mucho, a Donald Trump le quedan dos años; sin embargo, a Xi Jinping le quedan los que él mismo determine, lo mismo que a Putin. Y sospecho que el oportunista acercamiento de Pedro Sánchez, junto con sus constantes viajes a Pekín, responde más a su proyecto personal de futuro que a un verdadero interés nacional. En realidad, no se trata de estar más cerca de Trump, sino de no alejarnos del eje en el que siempre nos hemos situado: Washington, Londres, París y Berlín; los lugares donde siempre hemos estado y que ahora estamos cambiando por Pekín, Brasilia o Ciudad de México, donde, curiosamente, escasea la seguridad ciudadana.
El mundo está cambiando muy rápido, al igual que los socios de España. Estas nuevas amistades resultan especialmente preocupantes.
En un escenario global cada vez más complejo, la verdadera fortaleza de un gobierno no reside en su capacidad de adaptarse a cualquier relato, sino en mantener principios reconocibles incluso bajo presión. La confusión interesada entre pragmatismo diplomático e ideología encubierta tiene un coste: el de la credibilidad. Y cuando un gobierno elige sus alianzas mirando más al bolsillo que al mapa, los ciudadanos tienen todo el derecho a preguntarse a quién representa realmente. Porque, entre las muchas cosas que están cambiando en este mundo acelerado e incierto, hay una que no debería cambiar nunca: saber distinguir con claridad dónde empieza y dónde termina la libertad.