“¿Dónde está la ministra de Vivienda? No ha hecho una sola llamada para ayudar”. Un dirigente de peso en Sumar desvía la atención sobre los socialistas y reconoce la angustia de los suyos ante el más que previsible naufragio del real decreto ley con medidas sobre vivienda que lograron arrancar a sus socios de coalición tras una nueva batalla.
Ante el impacto de la guerra de EEUU e Israel en Irán, el socio minoritario de la coalición consiguió aprobar una norma que obliga a prorrogar los contratos de alquiler de vivienda que iban a caducar entre 2026 y 2027. Y topa en un 2% lo máximo que pueden subir los precios de estos alquileres.
El próximo martes se cumple un mes desde que Sumar escenificó un plante a sus socios a las puertas del Consejo de Ministros. Desde entonces, sus principales representantes se han centrado en hacer pedagogía: han reiterado que la norma entró en vigor con su publicación en el BOE. Y han alentado a sus potenciales beneficiarios para que remitan el correspondiente burofax a sus caseros, reclamando acogerse esta prórroga.
Ni rastro de las grandes movilizaciones que aspiraban a convocar. La forma de hablar sobre Junts por parte de sus primeros espadas, como Yolanda Díaz, tampoco invita al optimismo.
Sin avances
Han apurado al máximo, pero la convalidación se votará en apenas 10 días, el 28 de abril. Y, hasta el momento, ni en público ni en privado han trasladado un solo avance en las negociaciones que afirman estar pilotando: “Estos días ha habido muchas conversaciones cruzadas; el contacto es constante con los grupos [parlamentarios]”, sostiene una dirigente. Si no hay un golpe de timón, la mayoría del Congreso de los Diputados votará en contra de su convalidación, y por tanto la norma decaerá.
“Está complicado”, admiten fuentes de La Moncloa. En la dirección del PSOE son todavía menos optimistas. Sin embargo, en la cúpula de Sumar hay dirigentes que ven “algo de agua” en la piscina; que identifican una mínima esperanza. “No sé si la presión [sobre Junts] va a ser suficiente para que podamos llegar algún tipo de acuerdo favorable”, asumen.
Además, en los discursos públicos de PSOE y Sumar suelen incluir apelaciones al PP. En privado, sin embargo, ambas fuerzas reconocen que es el partido de Carles Puigdemont quien tiene en sus manos el futuro de esta norma. Sobre el PP, que ha rechazado incluso reunirse con ellos para negociar, reconocen que no hay margen para entenderse. La pelota está, de nuevo, en el tejado de Junts.
La apertura con los pequeños rentistas y la escalada verbal
En Sumar insisten en que todavía hay senderos por explorar. Por ejemplo, abriendo la mano con los “pequeños rentistas con pocas propiedades”. Puntualizan que una cosa es diluir el espíritu de esta norma, y otra bien distinta es darle la vuelta: “El marco [para actuar] es el de la emergencia habitacional”, insisten.
También advierten de que no aceptarán “nada que tenga que ver con favorecer a fondos buitre”. Y recuerdan que no comparten la vía de las bonificaciones a los caseros, como las que el presidente del Gobierno anunció en enero. Tuvo que meterlas en un cajón y nunca volvió a aludir a estas recetas.
El clima, además, tampoco es hoy el más propicio para negociar. El pasado jueves, en una entrevista en Onda Cero, la vicepresidenta segunda pasó de confesar su “optimismo” sobre el futuro de la norma a insistir en que Junts es una formación “clasista” y “racista”. Estas palabras fueron contestadas con un nuevo portazo por parte de Puigdemont. “Buen viento. La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor”, le espetó en redes sociales.
Un día antes, Junts ya había confirmado su “firme” rechazo al real decreto ley. Lo hizo mientras presentaba sus propias recetas en materia de vivienda (un cheque fiscal para hipotecados e inquilinos). Y, tras el choque con el expresident de la Generalitat y prófugo de la Justicia, dirigentes del espacio de Díaz se esforzaron por restar hierro a estos golpes. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, los rebajó a “tensiones y decibelios” asumibles en el marco de una negociación.
Jessica Albiach, líder de Los Comunes (dentro de Sumar) en el Parlament, se desmarcó de los calificativos de Díaz sobre Junts. “Tengo diferencias abismales con Junts, pero hay un tema de estrategia: no quiero soltarles la mano porque son necesarios para la transformación”. Los independentistas, que ya escenificaron la voladura de todos los puentes con Sánchez en octubre, no modificaron sus posiciones. El propio Puigdemont respondió a Albiach: “Luchamos contra los que estáis españolizando Cataluña. Luchamos contra los que estáis arruinando el país. Y por eso bramáis”.
Moncloa vende que está ayudando a negociar, pero el PSOE señala a Sumar
Conforme se agotan los días, los dirigentes de Sumar empiezan a señalar con claridad a sus socios de coalición. Particularmente, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: “No se la ha visto, no se la ve y no se la espera”; “da la sensación de que al PSOE no le interesa”. “De que está usando a Junts para que le haga el trabajo sucio”, insiste una de ellos.
Lo cierto es que Rodríguez, como el conjunto del ala socialista del Ejecutivo, no creía en la prórroga de los contratos de alquiler como fórmula para paliar la crisis de acceso a la vivienda. En su ministerio recuerdan que es Sumar quien “lidera” las conversaciones, y afirman que, al ser una medida aprobada por el Consejo de Ministros, la apoyan “en todos los foros” a los que acuden.
Rodríguez, que prevé la aprobación del nuevo plan estatal de vivienda en el próximo Consejo de Ministros -liberará 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030-, admite en público que el escenario se antoja “muy complicado”.
En Moncloa, sin embargo, aseguran que están “apoyando las negociaciones”, contribuyendo con las llamadas. También sostienen que Junts sigue sin descolgar el teléfono. En el PSOE, por su parte, afirman que podrán ayudar más adelante, si así se les requiere. Pero reiteran que ésta es una receta de los de Díaz. Que deberán ser la vicepresidenta y los suyos quienes corran con la factura si el real decreto ley acaba estrellándose en la Cámara Baja.
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