El mundo judicial se encuentra en pie de guerra. El mismo día en que la Justicia ha dado un varapalo al Ejecutivo de Sánchez, enviando a prisión al ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, por corrupción, las asociaciones de jueces y fiscales se preparan para batallar contra la “ley Bolaños”, en una histórica huelga que comenzará este martes.
El parón del pasado sábado 28 de junio a las puertas del Tribunal Supremo ha sido sólo el preámbulo de la acción de protesta judicial, que tendrá su fin este jueves en caso de que el Gobierno dé marcha atrás.
“No hemos recibido ninguna respuesta por parte del ministro Bolaños desde el sábado”, afirma María Jesús del Barco, presidenta de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura). Se trata de una de las cinco asociaciones que protesta contra la ley que lleva el nombre del titular de Presidencia y de Justicia. Pese a que 5.000 personas cifradas por las corporaciones, 3.000 según la delegación de Gobierno, se concentraron bajo el lema “Sin estado de Derecho no hay democracia”, Bolaños compareció para afirmar: “Pueden estar tranquilos, ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”.
Vulneración de su independencia
Las asociaciones no han hecho pronóstico de cuántas personas pararán mañana. “No sabemos aún. Veremos cómo se desarrollan los días”, asegura Del Barco. Será un pulso histórico de la carrera judicial contra el Ejecutivo, ya que el objetivo de las asociaciones es no reanudar el trabajo hasta que se modifique la ley.
No ha habido una huelga judicial de esta envergadura. Las dos últimas fueron en 2018, una fue contra el ministro Rafael Catalá, y la otra contra Dolores Delgado. Reclamaban que se crearan más plazas de oposición.
En primer lugar, denuncian que al bajarse el nivel de los requisitos para acceder a la carrera judicial, se intente seleccionar candidatos según el perfil político. Otro punto que ha hecho saltar las alarmas es que el Consejo Fiscal deja de ser un contrapeso, ya que se eliminan sus competencias decisorias, explican, dotando de un mayor poder al Fiscal General del Estado. Además, se reducen de seis a cinco los candidatos que pueden votar y, explican, “se modificarán los resultados de las votaciones en favor de las asociaciones minoritarias para dotarlas de una representatividad que no tienen”, afirma Cristina Dexeus, presidenta de la AF -Asociación de Fiscales-. “Con esta reforma, el único contrapeso que quedaría es la Junta de Fiscales de Sala.
Tal y como informaron fuentes del ministerio de Justicia, está previsto que la ley tenga luz verde en este mes de julio. El trámite parlamentario es el siguiente: una vuelta en el Congreso y en el Senado, y de nuevo una definitiva en la Cámara Baja. Su suspensión debe producirse antes de que se publique en el BOE, ya que la rúbrica del Jefe del Estado será el paso final. La carta inicial del ministro es que llegue a término.
El guiño de Isabel Perelló
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, “no procede” tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello. No obstante, cabe destacar que la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló, sí votó a favor.
Suspensión de servicios
Las asociaciones son conscientes de que esta huelga supondrá la suspensión de muchos señalamientos (juicios o declaraciones). Algo que le obliga a poner el balón en el tejado del Ejecutivo: “Está en manos del Gobierno evitar estos perjuicios a la ciudadanía”, afirman.
En cuanto a qué grupos parlamentarios se han sentado con las citadas asociaciones para escuchar sus demandas, tanto Dexeus como Del Barco señalan: “Desde la comisión inter asociativa solicitamos entrevistarnos con la totalidad de grupos parlamentarios. Solo PSOE, PP y Vox han tomado nota de nuestras reivindicaciones, que algunos de ellos comparten”. Algo en lo que profundiza la magistrada: “El PSOE apoya el proyecto, mientras que PP y Vox presentaron una enmienda a la totalidad y están en contra de la reforma por los riesgos que entraña para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia”.
La ley de la amnistía
La resolución del Tribunal Constitucional en cuanto a aprobar la ley de amnistía que sostiene en el poder a Pedro Sánchez, fue una muestra más para estos jueces y fiscales de que el Ejecutivo trata de controlar el mundo de la ley. La amnistía, además, está pendiente de resolución en el TJUE, pero ya existe el precedente de la Comisión, que la tildó de “autoamnistía”.
Las posibilidades tras el jueves
“De momento serán tres días de huelga y luego consideraremos”, afirma Cristina Dexeus. En caso de que el Ejecutivo no diera marcha atrás, la intención es “seguir de la manera que consideremos mejor o ver opciones”.