El malestar de jueces y fiscales va en aumento. Este miércoles, a las 12.00 horas, han dado un primer aviso con un parón de diez minutos en las puertas de los juzgados y principales sedes judiciales del país (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Vigo, Palma, Granada, Murcia, Oviedo y Alicante, entre otras), pero ya han advertido que lo siguiente será acudir a la huelga si el Gobierno no retira las dos reformas legales con las que pretende modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como modificar la estructura de la Fiscalía porque, a su juicio, buscan debilitar el Poder Judicial “en su función de contrapeso del poder político”.
En Madrid, a las puertas del Tribunal Supremo (TS) se han concentrado más de cien jueces y fiscales tanto de esta sede judicial como de la Audiencia Nacional (AN), así como de las fiscalías antidroga y anticorrupción. Pero el parón se ha seguido en buena parte de las capitales de provincia españolas, puesto que estaba convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución “implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política”.
Jueces y fiscales se han unido a esta protesta simbólica que ha incluido un manifiesto que subraya que “esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas“.
Las reformas del Gobierno
Las protestas tienen su origen en el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal —que este jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso— y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
“No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente”, alertan.
Respecto a la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, las asociaciones han advertido de que “se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a ambas carreras eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración“.
Los presentes
Entre quienes han secundado el paro en la cúpula judicial y fiscal se encontraban el presidente de la AN, Juan Manuel Fernández; magistrados de ese mismo tribunal como María Tardón, Antonio Piña, José Luis Calama o Eloy Velasco; magistrados del TS como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya o Manuel Almenar; fiscales del TS como Javier Huete y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
En el marco del manifiesto, las asociaciones también han criticado la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. “Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo”, señalan.
Y recalcan que ello, “sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.
Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en “un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.