La defensa de Begoña Gómez, ante Peinado: “Si un camarero de la Moncloa le atiende cuando no está Sánchez ¿también es malversación?”

Tres horas de vista en plena Semana Santa en las que el juez Juan Carlos Peinado escuchó a todas las partes personadas en el caso Begoña. Sobre la mesa, cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral, malversación y apropiación indebida. El objetivo de la jornada: cumplir el trámite para poder transformar el procedimiento a juicio con jurado. Esto es, comunicar a las partes que, de ser enviados a juicio oral, lo harán ante un tribunal formado por nueve ciudadanos anónimos.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, expuso sus razones para archivar la causa de manera incisiva, a veces incluso utilizando el sarcasmo, aseguran fuentes presentes. Defendió por enésima vez que no hay caso, que todo se basaba en el “ardor acusatorio” de Peinado y de las acusaciones populares dirigidas por Hazte Oír.

Fue delito a delito sustentando la petición de archivo. Aseguró que no podía haber cometido intrusismo laboral por haber firmado unos pliegos de la Universidad Complutense que el propio centro le solicitó. Que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa no influyó en la trayectoria laboral de Begoña Gómez, en referencia al tráfico de influencias. Que no se apropió de un software ni de una marca que perteneciera a la universidad pública por solo registrar un dominio web. Y, por último, que su asesora en la Moncloa no incurrió en malversación por redactar un par de correos como favor de amiga. En este punto llegó a plantear a Peinado: “Si un camarero de la Moncloa le atiende cuando no está Pedro Sánchez, ¿también es malversación?”.

El abogado de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, José María de Pablo, suscribió esta argumentación e insinuó con una metáfora que la imputación de Álvarez no tenía sentido porque todos sabían en la sala que “hay elefantes en la habitación que hacen imposible la investigación y que, si no eran elefantes, eran insectos”. Para él, su representada no ha podido incurrir en el delito de malversación por cobrar un sueldo público y acompañar a Begoña Gómez a “diez actos en ocho años” porque, según argumentó en su último recurso con ironía: “Suponen una media de 1,25 actos al año. O lo que es lo mismo, según el Auto recurrido, mi representada solo habría acompañado a doña Begoña a un acto cada nueve meses y medio. ¡MENUDO ESCÁNDALO!”, aseveró.

Por su parte, el abogado de Barrabés dijo ante Peinado que la relación con Begoña Gómez en la Complutense se limitaba a haber impartido un par de clases y recordó que  las adjudicaciones públicas recibidas para sus empresas están siendo investigadas en la Fiscalía Europea, por lo que no podían ser objeto de la causa. El juez Peinado sospecha que la amistad entre Barrabés y Gómez sirvió para que esta firmara cartas de recomendación en favor del empresario y favorecer en la adjudicación de esas subvenciones.

El ministerio Público también pidió el archivo de la causa como en otras ocasiones. Acusó al juez de una “iniciativa inquisitiva”. Eso sí, le reconoció con sarcasmo a Peinado que por fin había hecho los trámites de manera correcta: “Si bien es cierto que, en esta ocasión, al menos, y tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada”, afeó la Fiscalía al juez instructor.

Por último, la acusación popular dirigida por Hazte Oír ratificó todos y cada uno de los cinco delitos. Para ellos, la base de todo es que “si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, no hubiera conseguido profesionalmente lo que consiguió, compartiendo la base de la acusación con el juez Peinado.

Ponen como ejemplo las personas con las que se reunió para conseguir financiación. “No es normal que la directora de una cátedra se reúna con el presidente de Indra o Telefónica para conseguir dinero”, argumentan.

Por otro lado, creen que hay un claro delito de intrusismo y una intención de registrar el software a su nombre. Reseñan que la relación con la Complutense se cortó justo antes de que Begoña registrara la marca y eso les hace sospechar que “había plena consciencia e intención” en quedarse con un software valorado en más de cien mil euros.

Además, inciden desde la acusación popular en la relación entre Barrabés y Begoña Gómez en la que aseguran que había “un plan con intereses”. Centran la base de estas sospechas en que Gómez registró la marca el dos de marzo de 2020 y el ocho de marzo se grabó un vídeo con Barrabés de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), vinculados al tema principal de lo que había registrado.

Si bien reconocen que el delito de intrusismo es el que menos se sostiene, avanzan a este medio que se plantean realizar una futura acusación por los cinco delitos. Además, dejaron claro en la vista que faltan informes de la UCO donde pueden salir nuevos correos o reuniones que incriminen a los imputados.

Así las cosas, las fuentes del caso consultadas creen que el proceso irá rápido porque Peinado quiere cerrar instrucción cuanto antes y sentar tras dos años de investigación a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo de los acusados.