Este miércoles 1 de abril debía entrar en vigor la reforma del reglamento de extranjería que amplía las vías de regularización para quienes llevan tiempo viviendo en España sin papeles o atraviesan situaciones especialmente difíciles. La medida abre la puerta a un visado de residencia de un año, renovable, y fija un plazo de solicitudes hasta finales de junio.
Para acceder, será necesario demostrar al menos cinco meses de residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además, introduce formas más flexibles de acreditar la permanencia y tiene en cuenta realidades diversas, desde situaciones humanitarias hasta vínculos familiares o procesos de integración social.
Teniendo en cuenta que España ha registrado el mayor aumento de inmigración irregular de toda la Unión Europea en los dos últimos años, la reforma podría alcanzar a unas 500.000 personas, según el Gobierno. Algunas estimaciones elevan la cifra por encima del millón. Detrás de estos números hay historias como la de María, una madre peruana embarazada, o la de Paulina, una mujer ecuatoriana que encadena años de precariedad.
Maternidad al límite
María es una joven madre peruana a punto de dar a luz a su quinto hijo. Llegó a España hace unos meses y, en principio, su situación, no encajaba en los requisitos tradicionales de arraigo por el escaso tiempo de permanencia en el país. Sin embargo, su embarazo avanzado y la inminente llegada de su hijo han cambiado su situación.
Acompañada por la abogada de la Fundación Madrina, iniciará hoy los trámites. Según nos cuenta, tiene confianza porque podrá acogerse a las nuevas vías de regularización por razones humanitarias y de vulnerabilidad. “Necesito trabajar porque tres de mis hijos dependen solamente de mí. Regularizar mi situación me ayudará a encontrar un empleo que garantice condiciones dignas para su cuidado”, dice.
La historia de María es la de muchas mujeres que migraron en situaciones límite, empujadas por la necesidad, y que encuentran en el sistema administrativo barreras difíciles de superar en los primeros meses de estancia. La reforma busca precisamente acortar esos tiempos de espera. “En Perú trabajé como costurera en mi propio taller. Posteriormente, abrí un restaurante, pero no pude sacar nada adelante. Allí la vida es muy difícil. Hay demasiada violencia y mucha miseria”.
Siete años de penurias
Más complejo es el recorrido de Paulina, una mujer ecuatoriana de 39 años que también espera regularizar su situación. Llegó con una beca de estudios a Girona en 2018 con el objetivo de cursar un máster en Dirección y Planificación de Turismo. “Con la pandemia, las clases presenciales se suspendieron y tuve que dejar el piso que compartía porque mis compañeros regresaron a sus casas. Sola y en la calle, me asaltaron, sufrí una caída que me dejó sin poder caminar durante un tiempo… Afortunadamente, me acogieron de forma temporal las monjas de una congregación que ya conocía de Ecuador. Quise aplazar el master por las lesiones que había sufrido, pero no me dejaron. Las dificultades económicas truncaron todos mis planes”.
Sin posibilidad de regresar ni de continuar sus estudios, quedó en una situación de extrema vulnerabilidad. Actualmente, reside en Madrid gracias al apoyo que recibe en la sede madrileña de esta misma congregación religiosa. En estos años ha vivido episodios especialmente duros que han dejado graves secuelas en su salud: una agresión, violencia de género, pobreza, enfermedad y sensación de soledad. “Al menos, gracias a los informes médicos, he logrado reunir documentación suficiente para acreditar mi permanencia continuada en España durante más de seis años”, explica un poco más aliviada.
Estos documentos serán fundamentales en su solicitud de regularización, ya que la nueva normativa reconoce una mayor variedad de pruebas para demostrar el arraigo. La actualización del reglamento de extranjería pretende adaptarse a situaciones que hasta ahora quedaban fuera del sistema. Entre los cambios más destacados se encuentra la flexibilización del arraigo social y laboral, la introducción de nuevas figuras y la reducción de trabas burocráticas.
El éxito de la medida dependerá en gran parte de su aplicación práctica y de la capacidad administrativa para gestionar el volumen de solicitudes. Las entrevistadas confían también en que estos procesos vengan acompañados con políticas de integración, acceso a vivienda y protección social. “Solo buscamos una vida digna. Como inmigrante indocumentada, la vida está siendo muy difícil. Trabajar sin los documentos de residencia es difícil porque los empleadores pueden decirte una cosa y luego obligarte a hacer otra. A veces te pagan menos de lo acordado, lo que lo complica todo”, dice Paulina, que ha trabajado algunas temporadas como interna en el servicio doméstico.
Efecto llamada y colapso administrativo
Como María y Paulina, cientos de miles de solicitantes presentarán a partir de hoy sus solicitudes, de forma telemática o en oficinas específicas habilitadas, con la esperanza de obtener un visado que les permita trabajar y reconstruir sus vidas. La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) gestionará los expedientes, con un plazo máximo de resolución de tres meses, aunque la admisión provisional permite empezar a trabajar en solo 15 días.
Las historias de estas dos mujeres reflejan la necesidad de dar una salida a quienes viven en la precariedad y la vulnerabilidad, y ofrecerles una oportunidad de integración social y laboral. No obstante, la medida no está exenta de polémica. PP y Vox alertan sobre los riesgos de esta regularización masiva y de un posible “efecto llamada” que podría incrementar la inmigración irregular y tensar los servicios públicos. Critican además la falta de controles claros y de una base legal sólida y advierten de la dificultad que entraña para la administración gestionar un volumen de solicitudes tan elevado. La reforma, en fin, plantea el doble reto de proteger a los más vulnerables mientras se garantiza que el sistema pueda absorber el impacto de un cambio de esta magnitud.