La aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del nuevo Real decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes traerá consigo dos principales retos. El primero será dotar de seguridad legal a más de medio millón de ciudadanos -según estimaciones conservadoras del Ministerio de Migraciones- que ya conviven en España, pero que no tienen regularizada su situación. El segundo, más desapercibido, será cumplir con los plazos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anticipó que la totalidad de los expedientes se tramitará en apenas tres meses. En este sentido, y tal y como ha reconocido Saiz, se contempla que “a principios del mes de abril puedan iniciarse de facto todas las solicitudes, hasta el 30 de junio, con garantías, de manera ágil y eficaz“.
Sin embargo, la capacidad operativa de las oficinas de extranjería no invita al optimismo. Estas unidades cuentan actualmente con alrededor de 2.100 puestos laborales, pero operativos solo hay 1.600, según reconoce a este medio César Pérez, responsable de Extranjería de Comisiones Obreras del Ministerio de Política Territorial. Con el personal en curso, cada uno de los profesionales tendría que elaborar más de 312 solicitudes para alcanzar el medio millón de regularizaciones. Por lo que la reforma de adecuación amenaza con “colapsar las oficinas de extranjería. Esto va a dinamitarlas“, avisa Pérez.
Pero la situación puede agravarse aún más. Según estimaciones de Funcas, la cifra de personas en situación irregular en España se eleva hasta las 840.000. Lo que dispara el número de expedientes por trabajador por encima de los 500. Así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de acometer un refuerzo “importantísimo” del personal de estos departamentos para evitar “irregularidades sobrevenidas“.
15 días de tramitación
No obstante, el personal encargado del servicio no ha sido notificado por el momento del nuevo proceso de regularización. “Nos hemos enterado a través de los medios. Sabemos que tienen una reunión con el Ministerio de Hacienda, pero a nosotros no nos han comunicado nada”, advierte el funcionario. Pérez señala que han solicitado una reunión urgente con el departamento de Migraciones. “Necesitamos saber cuáles son las medidas que quieren implementar y cómo lo quieren hacer, sino no hay posibilidad de que se complete el proceso”, argumenta.
Por si fuera poco, Saiz ha fijado en 15 días como máximo el plazo para que la solicitud se admita a trámite. En respuesta al periodo estipulado, el responsable del sindicato alega que con el personal actual “no hay capacidad. Ahora mismo es imposible”. Y añade: “No creo ni que los programas lo soporten”. En esta misma línea, la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, expone que el plazo es “prácticamente inasumible” debido a la complejidad de la tramitación. “Elaborar un expediente requiere de una persona titulada en Derecho y que sea especializada en Extranjería. Además, su celeridad también depende de la experiencia”, justifica.
Los tiempos de espera de este tipo de solicitudes oscilan entre los 50 y los 70 días hábiles en la mayoría de las provincias, según indica Pérez. El motivo, reporta, radica en el mal funcionamiento de los programas y la sobrecarga de trabajo.
Antecedentes de procesos de regularización
No es la primera vez que se aprueba un proceso de regularización extraordinario de personas migrantes. El primero se produjo en 1986, cuando Felipe González acordó la adecuación administrativa de 40.000 personas. Solo cinco años más tarde se sumaron 100.000 extranjeros en un segundo procedimiento. Durante la era de José María Aznar, alrededor de 520.000 ciudadanos accedieron a la residencia legal. Y con Zapatero otras 570.000 personas migrantes vieron regularizada su situación administrativa en 2005.
Como en el último de los procesos de regularización, los sindicatos prevén que el Ejecutivo habilité un censo de entidades colaboradoras que ayuden a la tramitación. En la gestión más reciente, acometida hace más de 21 años, Castillo recuerda que se dispuso de oficinas de la Seguridad Social y del SEPE. A su vez, se concedió a los sindicatos y a Caritas capacidad para canalizar y recepcionar las solicitudes. Ahora, aunque aún por definir, la ministra Saiz adelantó ayer que los centros de Delegación y Subdelegación del Gobierno colaborarán en el nuevo procedimiento. Además, fuentes del Ministerio han asegurado a Artículo14 que cumplir con los plazos es la prioridad. Y para ello ya diseñan medidas adicionales para reforzar el sistema, aunque todavía no han trascendido los detalles.
De sumarse otras organizaciones, la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO indica que será necesario dotarlas “de una asignación económica, puesto que las ONGs por ejemplo, tienen recursos para trabajos concretos, pero no para asumir nuevas tareas”.
Un sistema entrelazado
Por otro lado, el procedimiento de regularización también requiere de la colaboración entre ministerios. Lo que puede suponer una limitación adicional. “La propuesta es del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, las oficinas de Política Territorial y para tramitar el NIE y facilitar las huellas se precisa de la colaboración de Interior” alegan desde el sindicato UGT.
La medida ha conseguido poner de acuerdo tanto a la Iglesia española, que la defiende como “un acto de justicia social”, como a la patronal, que ya demandaba un pacto de Estado para “atraer inmigración y sostener el crecimiento”. Los principales partidos políticos también se han posicionado a favor, salvo la ultraderecha y el PP, pese a que este último diera luz verde a la iniciativa legislativa popular a partir de la cual surge este procedimiento. Ahora, alrededor de 840.000 inmigrantes en situación irregular, siempre que no tengan antecedentes penales y que hayan vivido en España durante al menos cinco meses desde antes del 31 de diciembre de 2025, verán su situación puesta en regla. Siempre y cuando el Ejecutivo sea capaz de cumplir el reto.