El pasado jueves 4 de diciembre la patronal catalana Foment Treball, mediante el estudio ‘La España de los 50 millones de habitantes’, lanzó una contundente advertencia: Sin inmigración, España enfrentaría un déficit de 1,4 millones de trabajadores en los próximos diez años. El informe, coordinado por Juan Francisco Caro, director de Opina 360, revela los retos a abordar por el país ante el retiro de la generación del ‘baby boom’ para seguir garantizando la “competitividad de las empresas” y la “sostenibilidad del sistema de pensiones”. Por ello, el presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, instó entonces a las formaciones políticas a cerrar un gran pacto de Estado que sentase las bases para solventar los desafíos demográficos y laborales que se avecinan. E identificó a los extranjeros como “la solución para nuestro futuro económico“.
A este grito de auxilio de los empresarios catalanes se sumó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El responsable de la patronal quien defendió en un encuentro organizado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) en CaixaForum que la demografía es el “mayor reto al que se enfrentan las políticas sociales y las empresas“. Así, la alta esperanza de vida y la caída a mínimos de la tasa de fecundidad convertirá a España, según datos de la OCDE, en el segundo país con la población más envejecida del mundo en 2050, solo por detrás de Corea del Sur. Por ello, Garamendi puso el foco en la inmigración como forma de “sostener el crecimiento”.
Pacto de Estado
La jubilación de la mano de obra requiere, en palabras del líder de la CEOE, de “la llegada de talento”. En la actualidad, los empleados extranjeros en el país representan el 15% de los cotizantes. Aunque el presidente de la patronal reconoce que es “mucho mayor” si se tiene en consideración la economía sumergida.
Pese a que el arribo de migrantes no esté exento de desafíos, Garamendi sostuvo durante su intervención que son necesarios para el crecimiento, ya que paliarán los efectos de la retirada del empleo de muchos trabajadores que, como reconoció, podría afectar no solo a servicios como la sanidad -por la mayor demanda de cuidados-, sino también a “aspectos mucho más macro como la política fiscal o incluso la monetaria”.
Así, Sánchez Llibre aseveró ayer durante su intervención que la inmigración “no es un debate”. Y afirmó que sin una estrategia demográfica clara, cualquier plan de futuro “se queda cojo”. En este sentido, el presidente de Foment Treball volvió a insistir en la necesidad de suscribir un pacto de Estado. Y llamó a desechar “soluciones fáciles” y desligar a los extranjeros de prejuicios como la delincuencia, la inseguridad o la violencia.
Por su parte, Garamendi, aunque de acuerdo con las exigencias de Llibre, se cuestionó la situación al contar España con más de 3 millones de desempleados. Y se preguntó: “¿Qué pasa con nuestra gente?“, señalando “la falta de actitud” de parte de la población activa cuando “todavía hay más de 100.000 vacantes en hostelería, construcción y transporte”.
Un sistema “quebrado”
Al mismo tiempo, el presidente de la CEOE reconoció que el aumento claro del gasto en pensiones representa ya un “sistema quebrado”. Según datos de la Airef, el coste de las prestaciones pasará del 13% del PIB actual al 17% en 2050. En esta línea, José Ignacio Conde, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), argumentó que al tener ahora la pirámide invertida respecto a hace 50 años, la única solución que hay para sostener la estructura de pensiones, además de la llegada de extranjeros, es la “mejora de la productividad“. Así, explicó que solo el aumento del rendimiento en el trabajo de un menor número de profesionales puede alcanzar la misma producción que la que registraba previamente una mayor cantidad de empleados.
No obstante, Conde expresó su preocupación ante la falta de políticas en esta línea. Además, el investigador de Fedea puso el acento en el gran peso que los jubilados tienen en el país. Lo que, a su juicio, frena el desarrollo de medidas en favor del sistema, y no de sus beneficiarios. Así, reformas como la ampliación de la edad de jubilación o la congelación de las prestaciones, no se incluyen entre las iniciativas de los partidos políticos por la dependencia de sus votos en las elecciones.”Ninguna organización recoge lo que precisa el sistema por el coste electoral que conlleva“, anotó el subdirector de Fedea.
Progreso como solución
Por otro lado, el escenario completamente fracturado del Congreso no invita al optimismo de cara a conseguir un pacto entre las diferentes fuerzas. Así, el presidente de la CEOE hizo un llamamiento a la concordia. Y defendió que “si todos queremos un crecimiento sostenido a largo plazo, necesitamos de la integración de los migrantes”.
En este sentido, Manuel Aria Maldonado, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, concluyó que “hace falta elites políticas, económicas y culturales que sean responsables. Si los votantes acompañan mejor, pero para ello necesitamos progreso. Del hartazgo nacen los populismos”. En clara referencia a posturas antimigratorias de la ultraderecha.