La patronal catalana ha lanzado una advertencia contundente sobre el papel crucial de la inmigración en la economía española. Sin ella, según un reciente estudio presentado ayer en CaixaForum, el país se enfrentaría a un déficit de alrededor de 1,4 millones de personas para cubrir los puestos de trabajo que quedarán vacíos debido a la jubilación de cerca de cinco millones de habitantes en los próximos años. Ante este panorama, Foment del Treball, a través de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, ha propuesto un gran pacto social que involucre a poderes públicos y sociedad civil para abordar los retos demográficos y laborales que se avecinan.
El informe ‘La España de los 50 millones de habitantes’ alerta de un escenario en el que la inmigración se ha vuelto “crucial para la sostenibilidad del estado de bienestar“, tal y como reconoce Josep Sánchez Llibre, presidente de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball. “España y su economía necesita inevitablemente de la inmigración para progresar. Las empresas los necesitamos sí o sí para ser más productivas y competitivas”, subrayó Llibre, quien a su vez reconoció que los extranjeros son “la solución para nuestro futuro económico”.
Una inmigración “necesaria”
El estudio, coordinado por Juan Francisco Caro, director de Opina 360, muestra que la España de los 50 millones de habitantes presenta “grandes retos demográficos” debido a la baja natalidad y el envejecimiento de la población, y requiere de “mano de obra extranjera”. En este sentido, Foment de Treball explicó que es prioritario “corregir las cuestiones que asocian inmigración con inseguridad, delincuencia y violencia. Hay que evitar las tentaciones de las soluciones fáciles”. Y destacó que es también responsabilidad de las administraciones “ayudar a las personas que llegan para que se puedan integrar dignamente“, sin ignorar las “dificultades de acoger culturas diferentes”. La no regularización de estos trabajadores supone, en palabras de Sánchez Llibre, un problema que fomenta “el incremento de la economía sumergida”.
En los últimos 25 años el país ha registrado el quinto mayor crecimiento demográfico de la Unión Europea (UE), solo por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Malta y Chipre, estados mucho menos densamente poblados. El alza ha estado motivada por la llegada de foráneos en busca de oportunidades laborales. Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 6,91 millones de personas con nacionalidad extranjera y si se suman los nacidos en otros países, pero que cuentan con nacionalidad española la cifra asciende hasta los casi 10 millones de ciudadanos.
Impacto en el PIB
El crecimiento de la población no nacional no solo ha transformado la demografía de España, sino que también tiene un efecto directo sobre la economía. Así, el análisis evidencia que las comunidades autónomas que mayor número de inmigrantes han conseguido atraer en los últimos ejercicios son, a su vez, las que muestran un crecimiento del PIB más pronunciado y mayor número de ocupados. Lo que pone de relieve el papel de la inmigración como motor económico.
Este empuje poblacional ha llevado a España registrar un crecimiento anual tres veces por encima de la media de la Eurozona. Sin embargo, sostener este ritmo requiere de ajustes. Así, el informe considera que en cifras concretas se deberán incorporar cada año alrededor de 140.000 extranjeros al mercado laboral. De no cumplirse, se ampliaría el déficit de trabajadores para cubrir los puestos vacantes por jubilación, lo que provocaría una caída en el ritmo de producción.
Estructura económica
Como advierte Félix Riera, director de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, “la situación económica del país está definida por la inmigración. Y la capacidad que tengamos en el futuro de absorberla determinará un mayor crecimiento“. Frente a un horizonte sin inmigración, España se enfrenta a un riesgo tangible de estancamiento económico por el déficit de mano de obra. Así, frente a los partidos escépticos con los extranjeros, como Vox, el director de Opina 360 objetó que “la polarización no va a resolver el problema”. Y se cuestionó: “¿Está dispuesta España a producir menos?”.
Pero la llegada de foráneos no está siendo redistributiva. El crecimiento demográfico se concentra principalmente en zonas costeras como el arco mediterráneo y en grandes urbes. En total, ese espacio concentra el 89% del aumento poblacional. Además, las ciudades más grandes como Barcelona y Madrid están empezando a expulsar población hacia municipios medianos colindantes -como es el caso de Toledo y Guadalajara- ante la incapacidad de absorber todo el flujo de llegada. En cambio, los pequeños pueblos de menos de 5.000 habitantes, los más mermados, han perdido mucha densidad poblacional.
Permisos de trabajo
El informe recoge además una encuesta realizada a 803 entrevistados que anota que la sociedad respalda, en gran medida, el papel económico de la inmigración. Según los resultados, dos de cada tres españoles (67,8%) considera que el incremento poblacional es positivo para la economía. Y el 40,5% identifica la llegada de extranjeros como un factor directo de crecimiento. En el lado opuesto, los recelos se reparten entre el temor al incremento de la inseguridad (27,9%) y la presión sobre los servicios públicos (23,5%). Mientras, un 14,8% señala la tensión que su arribo produce sobre el mercado de la vivienda.
En cuanto a las medidas prioritarias, más del 70% apuesta por flexibilizar los permisos de trabajo y agilizar los procesos de regularización. Al fin y al cabo, “necesitamos a los extranjeros como el agua que bebemos o el aire que respiramos”, zanja el presidente de Foment Treball.