Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, llevará la próxima semana al Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que plantea endurecer los permisos de paternidad concedidos a trabajadores temporeros migrantes.
El objetivo, según los independentistas, es frenar posibles fraudes que aseguran haberse detectado en los últimos años en sectores como la agricultura y la construcción.
La iniciativa, registrada en agosto por el grupo parlamentario y defendida por la portavoz Miriam Nogueras, llega acompañada de otra proposición de ley con la que PSOE y Junts buscan ampliar las competencias de inmigración en Cataluña. Sin embargo, la parte que afecta a los permisos de paternidad ha sido la que más polémica ha generado en el debate público.
¿Cuáles son los argumentos de Junts?
El diputado de Junts Isidre Garvín denunció en el Congreso que existen casos de temporeros migrantes que han solicitado varios permisos de paternidad en un corto espacio de tiempo, alegando el nacimiento de hijos en sus países de origen. Según Garvín, algunos de esos documentos presentados ante la Seguridad Social tenían “letra ilegible” y no podían verificarse adecuadamente.
En la misma intervención, el parlamentario aseguró que hay trabajadores que se aprovechan de la normativa afirmando que “en su país son polígamos” y que, tras recibir la prestación por permisos de paternidad, pasan a trabajar en negro en otros empleos. Estas declaraciones han encendido el debate político y social en torno a la propuesta de Junts.
La iniciativa que se debatirá en el Congreso plantea derogar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 que regula las prestaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. Junts quiere introducir nuevos requisitos que obliguen a los solicitantes de permisos de paternidad a presentar certificados oficiales expedidos y validados por los consulados españoles.
De esta manera, los independentistas pretenden asegurar que las prestaciones solo se concedan a quienes cumplan con criterios de legalidad, veracidad y finalidad de la norma. Con ello, dicen, se evitarían casos de fraude vinculados al nacimiento de hijos fuera de España.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado la propuesta de Junts. En la sesión de control celebrada en el Congreso, recordó que en Cataluña solo se han sancionado 22 casos relacionados con irregularidades en permisos de paternidad, una cifra que consideró “anecdótica”.
Saiz defendió que no es razonable plantear una reforma legal de carácter general solo para trabajadores extranjeros a partir de una base estadística tan reducida. En su opinión, los fraudes detectados afectan tanto a españoles como a migrantes, y se estudian de manera individualizada a través de la Inspección de Trabajo.
¿Qué ocurre cuando el hijo nace en el extranjero?
La legislación actual establece que, cuando el hijo nace fuera de España, el trabajador debe aportar un certificado de nacimiento válido y legal para solicitar los permisos de paternidad. Si la Seguridad Social detecta dudas sobre la autenticidad del documento, puede exigir la comprobación consular antes de conceder la prestación.
En los casos en los que se acredita fraude, el expediente se remite directamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que analiza cada caso para determinar las sanciones correspondientes. El Gobierno insiste en que este mecanismo ya es suficiente para garantizar el control.
Más allá de la cuestión técnica de los permisos de paternidad, la propuesta de Junts tiene un marcado componente político. El debate coincide con las negociaciones para ampliar las competencias de inmigración a Cataluña. Un asunto sensible que enfrenta a los socios parlamentarios y que puede marcar la agenda en los próximos meses.