“Hacienda no puede ser un búnker, Tributos da un servicio público”. Así lo ha avisado Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), preguntado por las relaciones de empresas y fiscalistas con la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, después de que el pasado verano se cortaran las reuniones habituales que mantienen. En aquel momento, tras el estallido del caso Montoro, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio orden de que no se les recibiera.
El pasado 16 de julio se filtró buena parte de la causa contra Cristóbal Montoro y Equipo Económico que llevaba siete años secreta y en la que está personado el PSOE.
“Se trasladó que se iba a elaborar un protocolo”, ha recordado Bande, pero “mis noticias son que no se ha mejorado en este asunto”, ha dicho en la presentación del trabajo de Aedaf Propuestas para mejorar la fiscalidad de la empresa familiar en el ámbito de la normativa estatal.
Esta situación causa hondo malestar entre fiscalistas y asociaciones que sostienen una interlocución habitual con el Ministerio y con Tributos, contactos que tienen un apoyo legal. Se trata de las consultas vinculantes que se plantean a la DGT, cuya respuesta es pública y es ley para contribuyentes en la misma situación. Pueden plantearse sin establecer contacto presencial con Hacienda, pero es habitual comentar el caso para que la pregunta se plantee de forma eficaz.
Éste es el sentir de Aedaf sobre la situación general, aunque sí consta a fuentes consultadas por Artículo14 que Tributos ha recibido a alguna gran empresa en estos meses. En todo caso, en el seno de la DGT se viven momentos de incertidumbre por la salida de su directora, María José Garde, hacia la OCDE, tras ser nombrada jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales el pasado 26 de febrero y cuando la propia Montero está de salida.
Reuniones presuntamente remuneradas y opacas
Llama la atención que se prohíban estos contactos, cuando la propia Montero ha puesto “la mano en el fuego” por su jefe de Gabinete, Carlos Moreno Medina, que se reunió con Koldo García y Víctor de Aldama en bares y mostró “interés en inmuebles”, según muestra el volcado de mensajes en la trama Koldo por la UCO. Moreno Medina se compró una vivienda poco después, para las que no acreditó efectivo suficiente en sus declaraciones como alto cargo.
Aldama buscaba un aplazamiento de deuda de una de sus empresas, Pilot Real Estate, que salió de la lista de morosos poco después, tras lograr reunirse con Consuelo Sánchez García, la número dos de la actual directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, en plena pandemia y con las oficinas de la Agencia Tributaria cerradas. Se ha conocido además que el Fisco aplazó pagos de 66 millones a Have Got Time, la sociedad que compró un chalet a José Luis Ábalos en Cádiz y que formó parte de la trama del fraude del IVA con los hidrocarburos.
Koldo le pidió que tuviera un detalle con Moreno y Aldama le dio 25.000 euros que el asesor entregó al jefe de Gabinete de la vicepresidenta en un sobre en un bar, sostuvo el comisionista.
Montero intentó normalizar el relato de Aldama en el Senado sosteniendo que las reuniones de su jefe de Gabinete con empresarios entran dentro del buen funcionamiento de su Ministerio. “Es una persona que se relaciona con toda la Administración General del Estado. Su número de teléfono lo tiene todo el mundo, la capacidad de contactarle”, dijo.
“Por supuesto que un asesor de Gabinete de ministro [en alusión a Koldo] habla con un director de Gabinete, que agiliza procedimientos, ve qué pasa con un expediente”, admitió. Unos encuentros presuntamente remunerados y opacos que no guardan relación con los que se sostienen habitualmente con Tributos.
El ‘caso Montoro’ y los lobbies
El pasado 16 de julio, en el epicentro de los casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, y en medio de la polémica por la cesión a Cataluña del 100% del IRPF y el desguace de la Agencia Tributaria por el cupo catalán, se filtró a los medios un auto del magistrado Rubén Rus del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona del 19 de junio que levantó el secreto de sumario tras siete años y notificó la imputación de 28 personas, entre ellas, Montoro, ex altos cargos de Hacienda y de empresas y profesionales de Equipo Económico.
El proceder y los tiempos de la Justicia han causado estupor entre penalistas. Dos denuncias anónimas, 10 años de investigación, siete de secreto que se levantan justo ahora, una fiscal multada y un origen en tres “hallazgos casuales” de los Mossos en dos registros en empresas en Tarragona y en Barcelona en pleno procés, cuando Montoro tenía la Hacienda catalana intervenida.
Cuando España sigue si regular los lobbies, el auto deduce delito de la supuesta capacidad de influir del despacho, que atribuye también a EY, contratado “en paralelo” a Equipo Económico, y acusa a los imputados de una trama criminal que no sustancia y de la que la UCO tampoco ha encontrado indicios, y de la que sólo se concretan pagos en el caso de una trabajadora del despacho que se encarga de la facturación y de cobrar los servicios de la firma a sus clientes. En todo caso, la interlocución con el director de Tributos la atribuye a EY. El juez no ha practicado ninguna diligencia desde julio y acaba de prorrogar seis meses más la instrucción.