La batalla entre Isabel Díaz Ayuso y María Jesús Montero, en su faceta de ministra de Hacienda, se recrudece cuando aún está pendiente de cerrar el modelo de financiación autonómica. El último dardo de la Comunidad de Madrid contra Montero surge a colación de la renovación de la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La candidatura de Inés Olóndriz, mano de derecha de María Jesús Montero como secretaria general de Financiación Autonómica y Local, ha hecho saltar las alarmas por las dudas sobre su capacidad para ejercer con independencia.
Para los expertos consultados por Artículo14, el salto desde el Ejecutivo a un organismo independiente como la AIReF dificulta esa labor de vigilancia. “¿Cómo se puede evaluar bajo los criterios de independencia de la AIReF las políticas que acabas de diseñar?”, advierte Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. En esta misma línea, Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, advierte de que la persona debe velar por la estabilidad presupuestaria es, al mismo tiempo, quien participado en el diseño de un modelo de financiación autonómica que lo “pone en riesgo”.
En este contexto, la Comunidad de Madrid ha denunciado que este nombramiento es el “último asalto del Gobierno al único organismo independiente que quedada“. Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz se alerta del “grave conflicto de interés” que supone colocar a la mano derecha de Montero al frente del organismo encargado de fiscalizar las políticas del propio Ministerio de Hacienda.
“Un conflicto de interés insalvable”
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, aseguró ayer que esta designación constituye “un ataque sin precedentes contra la independencia del último organismo regulador que el sanchismo no había logrado colonizar”.
El Gobierno madrileño afirma que es una “incongruencia” y un “conflicto de interés insalvable” que Inés Olódriz, quien ha sido una de las principales artífices del modelo de financiación autonómica impulsado por Montero sea ahora la encargada de fiscalizar “con independencia y objetividad” las políticas que ha ejecutado como parte del Gobierno. Cabe recordar que, en el marco de la nueva propuesta de reparto de recursos a las comunidades autónomas, Olóndriz ha liderado junto a la ministra iniciativas como la quita de deuda o las negociaciones en torno al cupo catalán.
“Olóndriz ha demostrado que antepone los intereses políticos de la ministra Montero a la veracidad y la legalidad, por lo que su papel al frente de la AIReF sería el de validar de manera complaciente las políticas de su Gobierno hasta que le llegue el momento de jubilarse”, advirtió la consejera madrileña.
Rocío Albert recordó que, según consta en las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), fue Olóndriz quien consignó como abstención lo que, según Madrid, fue en realidad el abandono de la sala por parte de los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP durante la votación de la quita de deuda, “falseando así el resultado de la votación”. De hecho, la Comunidad de Madrid mantiene un recurso judicial contra dicha acta.
Choque con la política fiscal de Ayuso
La Comunidad de Madrid es una de las más combativas -si no la que más- con la estrategia fiscal del Ejecutivo central. Isabel Díaz Ayuso es la bestia negra de Pedro Sánchez y su Gobierno, y en el caso de María Jesús Montero, la discrepancia se sitúa en la política de impuestos bajos que se promueven desde la Puerta del Sol. Este es el punto central de fricción, lo que ha llevado incluso a crear un impuesto ad hominem, el de grandes fortunas, para obligar a Ayuso a recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio.
Esto se acompaña de amenazas de penalizaciones si baja más los impuestos, lo que el nuevo modelo de financiación quiere consagrar, y una penalización en la financiación que recibe y aporta Madrid. El discurso de Montero se acompaña además de constantes alusiones al supuesto recorte de servicios públicos por parte de Ayuso.
La visión de los expertos
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor con Jesús Fernández-Villaverde de La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los libros), cree que hay dos problemas: que el supervisado pase a ser supervisor de un día para otro, y que la persona elegida haya diseñado la nueva financiación.
Una propuesta sobre la que, precisamente, Cristina Herrero -presidenta de la AIReF hasta el pasado 3 de marzo- ha alertado de que podría poner en riesgo la estabilidad presupuestaria, al otorgar el Estado 21.000 millones a las comunidades para que los gasten. Este experto fiscal entiende que Olóndriz no contaría con la autoridad moral que otorga el ejemplo en este tipo de instituciones.
Además, advierte de que la citada reforma se ha presentado de “manera opaca”, con un PowerPoint con datos parciales, a diferencia de la última, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, que se preparó con expertos, con el Instituto de Estudios Fiscales y con un Libro Blanco. En esta ocasión, no se ha tratado con nadie.
A esto añade que la AIReF es una institución con un fuerte carácter presidencialista, ya que el presidente es el único cargo conocido y concentra prácticamente todos los poderes. Por ello considera, que considera que es imprescindible que el presidente de la AIReF disponga de un “cierto ascendente moral y -a su juicio- Olóndriz no lo tendría. Pueden decirle, “usted lo hacía peor cuando estaba en el Gobierno”. Y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, puede responder a sus críticas con que son simplemente políticas.