El avance del calendario sigue dejando sin efecto los anuncios del Gobierno sobre la horquilla en la que prevé aprobar los Presupuestos. Cuando debía empezar a elaborar las Cuentas de 2027, ha vencido el tope que marcó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que el Consejo de Ministros validara el anteproyecto de ley de los de 2026: “Enero o febrero”, “principios o mediados del primer trimestre”, decía Montero el pasado 18 de noviembre tras el cónclave ministerial que validó el techo de gasto.
En lugar de aprobar los Presupuestos, este último martes de febrero el Consejo de Ministros va a desclasificar los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, según ha anunciado el propio Pedro Sánchez este lunes en un tuit.
¿Por qué no ha presentado ya los Presupuestos? ¿Por falta de apoyos?, cabe preguntarse, sobre todo si se tiene en cuenta que justo a la vuelta del verano el Gobierno anunció su intención de hacerlo en todo caso y aunque no los tuviera. A diferencia de lo que venía practicando, gobernando con los Presupuestos de 2023 prorrogados y sin haber presentado ni los de 2024 ni los de 2025. Aseguró que no le importaba que se los tumbaran, con lo que parecía que iba a cumplir, esta vez, sí, con el mandato constitucional de validarlos en Consejo de Ministros.
El argumento era que haría todo lo que estuviera en su mano y que un rechazo retrataba en todo caso a quienes votaran en contra. Y que si ocurría, seguiría gobernando, lejos de la disolución de las Cortes que ordenó Sánchez en marzo de 2019 cuando ERC le tumbó las Cuentas de 2020.
Con todo, preguntados por la fecha en que se prevé ahora aprobarlos, desde Hacienda trasladan que cuando le preguntan a la ministra, que es a menudo, responde que en el primer trimestre.
¿Se van a presentar en marzo? Fuentes parlamentarias consultadas por Artículo14 lo ven muy difícil y apuntan a que al Gobierno le sigue preocupando, como en los dos últimos años, que le tumben los Presupuestos y por eso no los lleva a la Cámara.
Si no fuera así los habría aprobado ya, insisten. Estas fuentes creen que pesa la condición de Montero de candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, una circunstancia que no es nueva pero que los malos resultados para el PSOE en las elecciones extremeñas y aragonesas y lo que muestran los sondeos que maneja el PSOE le estarían llevando a reponderar sus planes.
Las Cuentas catalanas y las estatales
Quien sí que estaría siguiendo la línea de aprobar las Cuentas en todo caso es Salvador Illa, que ha anunciado este lunes que aprobará el próximo viernes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para este 2026 en un Consell Executiu extraordinario que inicie el trámite parlamentario para aprobarlos aunque no cuenta con apoyos suficientes.
Ante este anuncio, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha recomendado al Govern que no presente el proyecto de ley de Presupuestos “sin tener los votos atados“.
“Mi recomendación es que es mejor que no lo hagan, pero si lo hacen es su decisión. Nuestro posicionamiento está muy marcado, es muy claro“, ha afirmado la portavoz republicana en rueda de prensa este lunes, en la que ha explicado que las negociaciones presupuestarias se mantienen encalladas porque no se ha avanzado en el compromiso de que Cataluña pueda recaudar el 100% del IRPF.
Las Cuentas catalanas van ligadas a las estatales y los de Esquerra no están en estos momentos proclives a avalarlas. ERC registró en septiembre una proposición de ley en el Congreso para que Cataluña recaude el 100% del IRPF, que retiró una vez pasadas las extremeñas. Lo hizo cuando Montero presentó su nuevo modelo de financiación que privilegia a Cataluña, pero que no llega a ser el cupo que recogen los pactos entre el PSC y ERC.
Todo indica que ERC tuvo este gesto a cambio de otro sobre el IRPF o el cupo que ni Sánchez ni Montero han replicado, lo que deja las negociaciones parlamentarias paradas. Al menos hasta que se celebren las elecciones andaluzas, lo que será como muy tarde en junio.
Y es que el Gobierno se mueve entre dos aguas desde el verano porque los privilegios y el cupo catalán frenan la candidatura de Montero.
La nueva financiación y la condonación, también paradas
El anuncio de Montero de que los Presupuestos se aprobarían en febrero implicaba que se solaparían con la reforma del modelo de financiación autonómica, que preveía llevar entre febrero y marzo a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para inmediatamente después aprobarlo en Consejo de Ministros y arrancar su tramitación en el Congreso. Todavía no se conoce texto. Y se tramitarían en paralelo a la condonación de la deuda autonómica, cuyo proyecto de ley está en el Congreso desde diciembre. Sin embargo, no han trascendido avances en ninguna de estas normas.
El Gobierno insiste, como en otoño, en que va a acabar la legislatura pero no parece que ahora le dé igual que le tumben los Presupuestos. Entonces sostenía que no descartaba volver a presentar el mismo proyecto de Presupuestos si lo tumbaba el Congreso. Esto es, si se daba una “ventana de oportunidad” y alguno de los grupos parlamentarios que lo puedan rechazar viren y cambien de posición. Por ejemplo, Junts.
Ahora mismo, una votación en contra no parece venirle bien a la candidata Montero, y cuando Juanma Moreno Bonilla tiene la potestad de convocar elecciones en el momento en que mejor le convenga.
Rifirrafe con el PP a vueltas de la Constitución
“Gobernar con presupuestos prorrogados cumple con la Constitución y cumple con la ley”, ha defendido Montero en el Senado y en el Congreso la pasada semana.
El diputado del PP Ángel Ibáñez recordó a Montero que el Gobierno tiene la obligación de llevar unos nuevos presupuestos “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, como establece la Constitución, algo que el Ejecutivo no ha hecho y mantiene prorrogados los de 2023.
Montero respondió con otra alusión a la Constitución y a su artículo 134.4, que establece que las cuentas se considerarán automáticamente prorrogadas hasta la aprobación de unas nuevas.
“No solamente tiene plena validez constitucional, sino que está contemplado en la propia Constitución. Cuando dice el PP que gobernar con presupuestos prorrogados es ilegal, es falso, es mentira. Es plenamente constitucional”, defendió.