La conversión de trabajadores interinos en fijos -en un sector donde las mujeres suponen más del 60%- queda en manos del Tribunal Supremo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestiona la eficacia del modelo español para sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público, pero no impone una solución concreta.
El fallo responde a una cuestión prejudicial planteada por el propio Supremo, que deberá ahora determinar si el marco jurídico español se ajusta al Derecho de la Unión y qué medidas resultan adecuadas para corregir estos abusos. El Gobierno sostiene que la resolución es “meramente aclaratoria” y que no obliga a modificar la normativa vigente ni a convertir en fijos a los trabajadores temporales.
El TJUE cuestiona las medidas actuales
El TJUE concluye que las medidas previstas en España no permiten sancionar “debidamente” el uso abusivo de contratos temporales ni “eliminar las consecuencias” del incumplimiento. El caso analizado se refiere a una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid. La justicia española calificó su relación como indefinida no fija tras apreciar una utilización irregular.
Sobre esta figura, el tribunal europeo señala que “no constituye una medida adecuada”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal” y perpetúa la “situación de precariedad” del trabajador, pese a que la estabilidad en el empleo es un elemento “primordial” de protección, informa Europa Press. Además, considera que las indemnizaciones previstas en la normativa española no garantizan una compensación “proporcionada y efectiva” ni una reparación “adecuada e íntegra” del daño.
El TJUE también cuestiona que los procesos selectivos que valoran la experiencia previa sirvan para corregir el abuso, al no asegurar que los afectados obtengan una plaza ni evitar que la situación se prolongue.
El Gobierno descarta cambios
Así, la sentencia sitúa el foco en el Tribunal Supremo, que deberá evaluar si el ordenamiento español cumple con las exigencias europeas y, en su caso, qué medidas deben adoptarse para prevenir y sancionar el abuso de la contratación temporal. El TJUE recuerda que la normativa europea exige medidas “efectivas, proporcionadas y disuasorias”, pero no impone la conversión automática de los contratos temporales en fijos.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno ha reiterado que el derecho europeo no obliga a convertir a los interinos en funcionarios. “El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”, señalan fuentes del Ministerio de Función Pública. El Ejecutivo defiende que el acceso al empleo público está regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a la fijeza automática sin oposición.
Reducción de la temporalidad
Según Función Pública, la tasa de temporalidad se ha reducido del 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad. Además, asegura haber superado el objetivo comprometido con la Comisión Europea de estabilizar 300.000 plazas, con un total de 419.756 plazas cubiertas. Entre 2021 y 2026, el empleo público neto ha aumentado en 381.257 personas, un 14,11% más, y España concentra el 41% del empleo público creado en la Unión Europea, según datos de Eurostat citados por el Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo se sitúa el exceso de temporalidad en comunidades autónomas y entidades locales, con tasas del 40% y el 36%, respectivamente, frente al 4,7% de la Administración General del Estado. Sectores como la educación y la sanidad concentran los mayores niveles de temporalidad. “La Administración no puede cerrar servicios esenciales, no puede dejar de prestar servicios”, señalan las mimas fuentes ministeriales.
En este sentido, el Ejecutivo reconoce que “queda trabajo por hacer” y prevé introducir nuevas medidas en la Ley de Función Pública y en la reforma de las carreras judicial y fiscal, en tramitación parlamentaria.
Los sindicatos denuncian incumplimientos
El Tribunal de la Unión Europea vuelve a coincidir con #CSIF: las administraciones siguen abusando de la temporalidad en el sector público.
✖️ Una cuarta parte de las plazas ofertadas para estabilización siguen sin estar cubiertas y la temporalidad sigue anclada en el 30%: al… pic.twitter.com/H2vdPKnrcc
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) April 14, 2026
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que al menos 125.000 interinos siguen en situación de abuso de temporalidad sin que sus plazas hayan sido convocadas o cubiertas en los procesos de estabilización. El sindicato sostiene que las administraciones públicas están incumpliendo “de manera sistemática” la Ley 20/2021 y recuerda que los procesos debían haberse resuelto antes del 31 de diciembre de 2024.
Según sus datos, la tasa de temporalidad en el sector público se mantiene en el 30%, el doble que en el sector privado, lo que equivale a cerca de un millón de trabajadores temporales. Así, CSIF propone establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” contra las administraciones que incurran en abuso de temporalidad, así como contra sus responsables.
Además, reclama convocar todas las plazas estructurales, reducir los plazos de los procesos selectivos -que, según denuncia, “se incumplen sistemáticamente”- y eliminar la tasa de reposición.