Jueces y fiscales se concentran este sábado en las puertas del Tribunal Supremo con un objetivo: trasladar a la sociedad española el “peligro” que para el Estado de derecho y la democracia “representan las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno”. En concreto, el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ambas reformas impulsadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Entre los cambios que estas presentan, algunos de ellos también criticados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destaca la nueva regulación del llamado cuarto turno, un concurso-oposición que posibilita un “acceso discrecional arbitrario”, el cual “perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre”. Por otra parte, cabe resaltar la previsión de que la Policía Judicial pase a depender de la Fiscalía, un movimiento que excede el ámbito propio del estatuto fiscal, según advirtió el CGPJ.
La concentración de este sábado es un aviso previo, pues varias asociaciones judiciales y fiscales (la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) convocarán una huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Aun así, aseguran algunos sus miembros, todavía mantienen la esperanza de que el Ministerio de Justicia rectifique con respecto a estos proyectos legislativos, y así no tengan que prolongarla más allá de esos tres días.
Artículo14 habla sobre este tema con dos de las presidentas de las citadas asociaciones, la fiscal Cristina Dexeus y la magistrada María Jesús del Barco.
“Poner en evidencia el peligro”
La representante del Ministerio Público explica que con esta concentración quieren “poner en evidencia” el “peligro” al que se enfrenta el Estado de derecho, así como avisar sobre el deterioro que sufrirán la independencia judicial y fiscal. Es más, Dexeus precisa que las reformas que pretenden retirar “son una muestra más de los intentos del gobierno por dominar al Poder Judicial para hacerlo más dócil y maleable”.
Debido a la preocupación que suscita la remodelación legislativa, argumenta, espera que sean “muchos” los jueces y fiscales que apoyen la concentración. Y aunque, como señala Del Barco, no tienen datos exactos sobre la personas que van a secundarla, sí servirá para que la ciudadanía “se sienta concernida”, asegura Dexeus.
Con respecto a los efectos del parón, la magistrada indica que supondrá la suspensión de muchos señalamientos (juicios o declaraciones). Algo que le obliga a poner el balón en el tejado del Ejecutivo: “Está en manos del Gobierno evitar estos perjuicios a la ciudadanía”. Aún así, añade la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mantienen la esperanza para que el Ministerio de Justicia retire los proyectos.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, quien indica que la huelga está prevista, “de momento”, para tres días, exige que “se atiendan nuestras peticiones”. Un parón que se da como consecuencia de haber agotado “todas las posibles vías de consenso”, y en el cual cuidarán que se cumplan los servicios mínimos.
Preguntadas sobre qué grupos parlamentarios se han sentado con las citadas asociaciones para escuchar sus demandas, tanto Dexeus como Del Barco señalan: “Desde la comisión interasociativa solicitamos entrevistarnos con la totalidad de grupos parlamentarios. Solo PSOE, PP y Vox han tomado nota de nuestras reivindicaciones, que algunos de ellos comparten”. Algo en lo que profundiza la magistrada: “El PSOE apoya el proyecto, mientras que PP y Vox presentaron una enmienda a la totalidad y están en contra de la reforma por los riesgos que entraña para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia”.
La amnistía y el Constitucional
Sobre la afectación que ha tenido el reciente aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía en la carrera judicial y fiscal, Dexeus opina que esta sentencia “responde a las expectativas del Gobierno“. Es más, ambas presidentas reiteran que la corte de garantías no forma parte del Poder Judicial, así como que sus magistrados han sido elegidos por partidos políticos, lo que impide que desde esta se “predique la independencia”. Algo, argumentan, contrario a la “total y absoluta” independencia del Poder Judicial.
En este contexto, Del Barco recuerda que el Tribunal Supremo dictó una sentencia “rigurosa, técnicamente impecable y con sujeción estricta a la Constitución y a ley”. “La amnistía, como dijimos en su día y ha informado recientemente la Comisión Europea, es una auto-amnistía; responde únicamente a criterios políticos para conseguir una mayoría de investidura”, agrega la magistrada.