El Gobierno y el PSOE obvian las críticas internas -que entienden muy limitadas- a la defensa cerrada de Pedro Sánchez sobre la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y descartan hacer comentarios sobre quienes impugnan este respaldo. Está previsto, además, que Sánchez haga gala de su apoyo al fiscal este miércoles, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El máximo representante del Ministerio Público declara este miércoles como investigado ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, y voces del PSOE como el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, o el expresidente Felipe González, se han desmarcado de la estrategia del jefe del Ejecutivo.
Ni en Moncloa ni en Ferraz quieren dar pábulo a las declaraciones sobre la “defensa enardecida” al fiscal general, en palabras de Page. Tampoco quieren valorar el rechazo de González a entrar en el fondo de la cuestión. “Respeto lo que esta haciendo el Tribunal Supremo, de ninguna manera voy a pronunciarme sobre su trabajo”, dijo este martes a los medios, a su entrada en un desayuno informativo.
Son dos figuras políticas más que distanciadas de la cúpula de Ferraz, desde la que han llegado a referirse a ellos anteriormente como “los de siempre”. Los sucesivos congresos en las federaciones socialistas, celebrados durante la primera mitad del año, han dotado al aparato de un mayor control e influencia sobre las federaciones. “No hay mucha opinión en general, la verdad”, censura un cargo público socialista.
No descartan la “posibilidad” de una condena “por respeto a la Justicia”
En público, el Gobierno y el propio Sánchez no quieren contemplar siquiera una posible condena al fiscal general. En una entrevista en El País publicada el domingo, el jefe del Ejecutivo evitó hasta en dos ocasiones la pregunta directa sobre si le seguirá considerando inocente si el Alto Tribunal falla en sentido contrario. “Respeto su pregunta, pero le digo que creo que la verdad se acabará imponiendo. Y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente”, incidió el presidente.
En privado, sin embargo, fuentes de La Moncloa introducen matices. “No descartamos la posibilidad por respeto a la Justicia, pero el respeto no está reñido con una opinión”; “Quien decidirá si hay pruebas suficientes es el Tribunal [Supremo]”, abundan.
El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó que no hubo “ninguna intromisión” por parte de Sánchez al defender a García Ortiz, tras las críticas del PP y de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera.
Y en Moncloa insisten en esta idea: estaba “manifestando una opinión”, que ya habían trasladado previamente, y que no supone “ninguna novedad”, sino una valoración en respuesta a sucesivas preguntas. “No ha dicho esto en el ámbito institucional”.
También abundan en que esta opinión viene respaldada por las pruebas que, hasta el momento, se han presentado en el juicio en el Tribunal Supremo. “Probablemente”, apostillan, no aflorarán nuevas pruebas sobre el rol que podría haber tenido García Ortiz en la supuesta revelación de secretos. Están dispuestos a seguir defendiéndole, independientemente de las críticas internas y externas.
El plato fuerte de esta fase del procedimiento es la declaración del propio García Ortiz, que este miércoles deberá responder por la presunta filtración de un correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador, en relación al presunto fraude fiscal por el que también deberá sentarse en el banquillo. La defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoció que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal y exploró un acuerdo con el Ministerio Público.
Sánchez, en el Congreso este miércoles
Previsiblemente, el presidente del Gobierno deberá responder este miércoles a la oposición sobre la imagen del fiscal general en el banquillo, así como sobre los casos de corrupción que presuntamente afectan a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Sánchez comparecerá para informar de múltiples asuntos, entre ellas las últimas cumbres internacionales, el Consejo Europeo, y sobre el bloqueo legislativo anunciado por Junts per Catalunya. Ha presentado enmiendas de totalidad ante 25 las normas que impulsa el Ejecutivo -ante las que procedimentalmente ha podido hacerlo- y amenaza con votar en contra de las 21 que están en la recta final de su tramitación, sumando sus votos a los del PP y Vox. Y garantizando su naufragio.
La intención del presidente, y más a la vista del ciclo electoral que se inicia el 21 de diciembre en Extremadura, es ahondar en la gestión y en la situación de los servicios públicos como la sanidad o la educación, en su mayoría en manos de las comunidades autónomas. La crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, o el anteproyecto de ley recién aprobado para rebajar las ratios de alumnos en la enseñanza obligatoria, prevén servir para contraponer modelos con el PP y para tratar de desplazar el debate a estas lindes.
De hecho, Moncloa se cura en salud pese a la gravedad de las advertencias del partido de Carles Puigdemont, y fuentes del Ejecutivo afirman ahora no haber escuchado que Junts haya hablado de un “veto total”. Afirmar, como han hecho los independentistas, que no quieren “negociar y hablar”, no supone que vayan a votar “en contra de todo”, sostienen. Su intención es seguir llevando proyectos, tratar de “surfear” la marejada.
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