Lo ha dicho tantas veces y lo manifiesta con una convicción tan abrumadora, que son cada vez más los que empiezan a dudar de que Pedro Sánchez pueda cumplir su promesa de seguir gobernando hasta 2027 y de que tenga que convocar elecciones en el próximo año. Es aquí donde se cumple una máxima que se cumple con una precisión solamente superada por la Ley de la Gravedad: la rotundidad y reiteración con la que Sánchez hace una promesa es directamente proporcional a la certeza de su incumplimiento.
Si uno otea el horizonte, ya sea electoral, judicial, económico, social o institucional, es complicado encontrar un solo lugar donde el presidente pueda encontrar un asidero en el que apoyarse o tomar impulso. De ir a las urnas, el escenario que se abriría sería el de un gobierno de derechas que tendría por delante la delicada tarea de darle la vuelta a ocho años de tensión institucional y desgaste del Estado de Derecho.
Desde esta perspectiva, aspirar a gobernar no debería significar únicamente ganar elecciones, pactar con quien corresponda, sentarse en la Moncloa y gestionar el día a día del poder, sino ofrecer una dirección clara y un proyecto capaz de revertir el deterioro democrático acumulado. Cuando un partido se limita a presentarse como una versión más ordenada o prudente del adversario, su papel deja de ser el de alternativa y pasa a ser el de un resignado gestor del desastre recibido.
La sensación de que el PP aspira a convertirse en una especie de “contable del PSOE” refleja esa falta de ambición transformadora: no basta con revisar cifras y corregir excesos, se hace necesario cuestionar las bases de un modelo que muchos ciudadanos ya perciben como agotado. Es imprescindible legislar para tapar las grietas del entramado institucional y dotar a España de los contrapesos de poder necesarios para blindar al Estado ante futuros dirigentes populistas, que los habrá.
Sin agallas para afrontar esas reformas —aunque sean extraordinariamente costosas social y electoralmente—, la política se vacía de contenido y se reduce a una pugna por el poder en sí mismo. Renunciar al riesgo de cambiar las cosas, conllevará como resultado una democracia más pobre, donde la alternancia no implica rumbo nuevo, sino simple continuidad con distinto patrón. Y, lo peor de todo, dará alas a fuerzas populistas cuyo mensaje calará rápidamente en la creciente desesperanza social.
No habrá cambio en España si cuando lleguen unas elecciones quien ocupe el poder renuncia a:
Eliminar de una vez por todas cualquier influencia del poder político en el Poder Judicial. Devolver la independencia a todas las instituciones carcomidas por la designación de cargos políticos. Reestructurar nuestro marco de relaciones laborales para empezar a solucionar el paro estructural español. Acabar con el mayor depredador de nuestra geografía que no es otro que un sistema fiscal confiscatorio que vacía los bolsillos de los ciudadanos. Acotar el problema de la deuda desbocada mediante una política económica y fiscal austera y responsable. Repensar con urgencia el gasto desaforado del sistema de pensiones para garantizarlas a las generaciones futuras. Diseñar un modelo educativo renovado que forme a las futuras generaciones en los valores del mérito, el esfuerzo y la excelencia. Plantear una política migratoria integradora basada en los intereses nacionales y no en postulados morales demagógicos. Debatir de forma responsable un nuevo modelo energético eficiente que garantice la independencia de otros países. Dialogar para establecer un sistema de financiación autonómica justo y equilibrado, priorizando a las autonomías que realmente lo necesitan y no a quienes se quejan sin motivo. Modificar la Ley electoral para hacerla más proporcional a los intereses nacionales relegando los intereses de los nacionalistas.
Y ya si se puede modernizar nuestra Constitución para hacerla más acorde a nuestro tiempo.
Conclusión: España no necesita gestores de promesas, sino líderes que se atrevan a transformar su futuro desde el primer día. Todo lo demás será abocarnos a la mediocridad.