El Gobierno no ve “ninguna intromisión” en que Pedro Sánchez defendiera el domingo la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, coincidiendo con la celebración del juicio oral al máximo representante del Ministerio Público por supuesta revelación de secretos.
“El Gobierno continúa creyendo en su inocencia”; “Cree en la inocencia del fiscal general del Estado y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún”; “La verdad se acabará imponiendo”, afirmó el jefe del Ejecutivo el domingo, en una entrevista en El País. Tanto el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como la Asociación de Fiscales (mayoritaria), han criticado las palabras de Sánchez, al entender que atentan contra la separación de podres.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha defendido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el “respeto absoluto a la Justicia” por parte del presidente, así como la confianza total del Gobierno en García Ortiz.
“[Sánchez] No dijo nada que no haya verbalizado en otras ocasiones”, incidió Alegría, que también le restó hierro a estas palabras por haber sido verbalizadas “bajo el contexto de una entrevista periodística”. “El respeto a la justicia no es contradictorio a manifestar una opinión”, apostilló, antes de acusar al PP de intentar “crear una falsa polémica”.
Alegría, también ministra de Educación, compareció en solitario para presentar el anteproyecto de ley para “mejorar la calidad del sistema educativo” y de las “condiciones” de profesores, maestros y alumnos, ya aprobado en primera vuelta. El texto apuesta por “revertir los duros recortes que el mundo educativo sufrió en 2012”, bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y por fijar nuevas ratios de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, que ostentan la mayoría de competencias educativas.
La norma que inicia su tramitación contempla rebajar de 25 a 22 la ratio de alumnos por aula en la educación primaria, y de 30 a 25 educandos en la secundaria. También que los alumnos con necesidades educativas especiales computen “por dos”, y rebajar la carga lectiva de profesores y maestros (a 18 y 23 horas semanales, respectivamente)