La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado indicios que sitúan al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cúspide de un entramado mercantil que recibía presuntos sobornos de constructoras y que se apoyó en otros dirigentes socialistas para manipular concursos de infraestructuras en España, según informa El Confidencial.
La información intervenida por la Benemérita indica que la organización tenía una tarifa estándar del 2% por proyecto adjudicado. Numerosas empresas pagaron ese precio, pero la principal de Servinabar 2000 SL -empresa de la que Cerdán posee un 45%- fue Acciona, que transfirió casi seis millones de euros a la sociedad entre 2015 y 2024 para asegurarse la concesión de equipamientos públicos, edificios singulares, carreteras y líneas de ferrocarril de alta velocidad de los gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite.
La supuesta organización criminal estaba tan vinculada a la formación socialista, asegura este medio, que necesitaba que el partido controlara las instituciones para poder operar. Cabe recordar que Sánchez gobierna con el apoyo del PNV desde junio de 2018, mientras que la socialista Chivite preside el Ejecutivo navarro desde 2019 con los votos de Geroa Bai, la coalición electoral en la que están los nacionalistas vascos.
Los agentes de la UCO manejan indicios de que el exdirigente socialista utilizó la sociedad Servinabar 2000 SL, creada en 2015 por el empresario Antxon Alonso, para canalizar el presunto cobro de comisiones ilegales. El propio Cerdán, como así atestiguó la Guardia Civil, era dueño del 45% de las acciones de Servinabar 2000 SL desde junio de 2016, aunque esto es algo que no se descubrió hasta pasados nueve años.
La mayoría de los supuestos sobornos se quedó en esta empresa, pero un millón de euros fue triangulado usando dos cooperativas opacas, Noran y Erkolan. En Noran figuraban como directivos el propio Antxon Alonso y Koldo García. Los investigadores creen que el que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos ejerció de testaferro de Cerdán. En total, Servinabar 2000 SL transfirió a esta primera cooperativa al menos 732.000 euros.
Por su parte, Erkolan recibió otros 258.000 euros de Servinabar 2000 SL entre 2019 y 2024. El grueso de ese dinero habría terminado en cuentas bancarias de la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, Belén, concejala del PSOE en Milagro (Navarra), expresidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta de la comunidad foral y persona a la que Erkolan le pagó una nómina durante años por realizar supuestas labores de administrativa.
Registros en Acciona
En este contexto, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó el pasado viernes nuevos registros después de analizar el informe sobre Cerdán. La UCO entró en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y se incautó de material de uno de sus directivos, Manuel José García Alconchel, director de Zona Sur y África de Acciona Construcción.
En paralelo, otros funcionarios de la UCO entraron en las empresas Tecade y Freyssinet, que obtuvieron en noviembre de 2020 un contrato de la Dirección General de Carreteras para reformar, junto a Acciona, el Puente del V Centenario de Sevilla con un presupuesto de 88 millones de euros.
Un empresario próximo al PNV
Según revela El Confidencial, otros proyectos y compañías en el punto de mira de los investigadores. Un empresario próximo al PNV, Jon Iñaki Alzaga Etxeita, exconsejero de Euskaltel y presidente del Grupo Noticias, que edita varios diarios regionales (Deia, Diario de Noticias de Navarra y Noticias de Gipuzkoa), logró un contrato del Gobierno navarro para construir un colegio público en colaboración con el socio de Cerdán, Antxon Alonso, y Acciona.
Los registros del pasado viernes afectaron a las sedes de Noran y Erkolan, las dos cooperativas que empleó el antiguo número tres del PSOE para, presuntamente, desviar el dinero de las comisiones ilegales a su círculo de confianza. Además de cohecho y tráfico de influencias, a los investigados se les atribuye el delito de pertenencia a organización criminal.
El juez Puente sospecha que, mientras una parte de la trama se encargaba del cobro de comisiones, una segunda rama que supuestamente lideraban Ábalos y otros dirigentes socialistas en Navarra se encargaba de adulterar materialmente los concursos para que ganaran las compañías corruptas. En esta segunda estructura sobresalen los nombres del exdirector general de Carreteras Javier Herrero y de la exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
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