La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este viernes las sedes de la empresa Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla dentro de la investigación del caso Koldo, por una diligencias declaradas secretas en una pieza separada de la instrucción del Tribunal Supremo. Los agentes también registran Noran y Erkolan, dos cooperativas a las que Servinabar transfirió un millón de euros.
Acciona aparece en 200 ocasiones en el informe de la UCO que provocó la dimisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Esta compañía de energía y construcción es la empresa que más obras había recibido por parte de la Administración, presuntamente facilitadas por la trama. En total, el instructor vincula las obras amañadas en favor de la constructora en 500 millones de euros. Al margen de Acciona, han acudido a otra empresa con sede Sevilla en este caso por un requerimiento de información.
Informe de la UCO
El informe de la UCO que propició la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posibles irregularidades en adjudicaciones de obra y al cobro de comisiones junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
En dicho informe, los agentes de la Guardia Civil sostenían que la operativa investigada por el Supremo habría comenzado en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo García, quienes tenían “una estrecha relación” a cuenta de la política local; y en el año 2015, desde cuando la UCO observa “una continuidad temporal” en las relaciones de Koldo García con Acciona.
La UTE de Acciona
La UCO señaló como punto de partida “una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón” que “contrató los servicios de Acciona” en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con “otra pequeña mercantil, Servinabar“. A raíz de ese informe, el Supremo recabó información para analizar varias UTE de Acciona con empresas de menor entidad.
Desde el 30 de junio
Cabe recordar que Cerdán permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio como presunto cabecilla de la trama de obra pública del caso Koldo, aunque el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ya ha anticipado en varios autos que prevé ordenar su puesta en libertad antes de que agote el plazo legal de seis meses, que vence el 30 de diciembre. Antes, quedaba asegurar algunas pruebas, indicó.
Ábalos y Koldo, a un paso de juicio por la presunta trama de mascarillas, permanecen en libertad pero con medidas cautelares, las mismas que el Supremo impuso al exdirectivo de Acciona Fernando Merino y al dueño de Servinabar, Antxon Alonso, “amigo” de Cerdán: prohibición de salida del país, con entrega de pasaporte, y obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
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