En su objetivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 en el Parlamento lo antes posible, el Consejo de Ministros aprobará hoy el techo de gasto y la senda de déficit. Estos son los pilares financieros de las cuentas públicas y se remitirán a la Cámara Baja por la vía de urgencia. En los fallidos presupuestos de 2025, el límite de gasto no financiero se situó en 195.353 millones, sin incluir los fondos europeos. Esta cifra suponía un aumento del 3,2% sobre 2024, equivalente a casi 6.140 millones.
Para 2026, el techo de gasto rozará los 200.000 millones -y podría superar esta barrera-, si se traslada al Presupuesto los incrementos que ya reflejan las cifras oficiales de financiación autonómica. Con esta disponibilidad de recursos, a la que hay que sumar las transferencias pendientes de los fondos europeos, el Ejecutivo busca diseñar un presupuesto con más gasto social y con la vivienda en el centro. Se trata de presentar una oferta difícil de rechazar en sede parlamentaria y que atraiga a sus socios de investidura y, al mismo tiempo, obligue a retratarse con su rechazo, con el foco en el Partido Popular, como principal partido de la oposición.
Entregas a cuenta
En esta línea, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, María Jesús Montero presentó a las comunidades autónomas unas cifras históricas de recursos. Se prevé un incremento del 7% de las entregas a cuenta, por un total de 157.731 millones. Este porcentaje se eleva al 7,7%, hasta los 170.300 millones, con la previsión de liquidación de 2024. “El buen comportamiento de estas entregas a cuenta no es algo regalado ni que caiga del cielo. Se debe a la fortaleza que sigue demostrando la economía española, un aspecto fundamental a la hora de elaborar la senda de estabilidad y abordar la reducción del déficit y también de la deuda”, puntualizó la ministra. El Ejecutivo recibió ayer una noticia positiva, ya que el Bruselas elevó en tres décimas la previsión de crecimiento para España en 2025 y 2026.
Hay que recordar que, en su tramitación en el Congreso de los Diputados, el techo de gasto tiene un carácter informativo, mientras que los objetivos de estabilidad sí deben votarse. Antes de que el Gobierno pueda presentar el proyecto de PGE de 2026, la senda de déficit debe someterse a dos votaciones -en el caso de que se rechace en la primera-.
La VP @mjmonteroc ha comunicado a las CC AA, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que recibirán en 2026 un nuevo récord de entregas a cuenta de 157.731 millones para el refuerzo de sus servicios públicos y dar más impulso a políticas socialeshttps://t.co/NXfbqGHrG0 pic.twitter.com/vVlRCLW2Nv
— Ministerio de Hacienda (@Haciendagob) November 17, 2025
Advertencia: casi 5.500 millones menos
Consciente de que, sin el apoyo de Junts, decaerá su aprobación, la ministra presentó también su impacto. Así, advirtió de que las comunidades autónomas perderán casi de 5.485 millones si el Congreso tumbara la senda de estabilidad planteada. “Rechazar la senda de estabilidad no es perjudicar al Gobierno, sino perjudicar a los ciudadanos”, recalcó la vicepresidenta primera.
A su vez, las entidades locales también dispondrán de cantidades históricas de recursos. En total, recibirán 29.246 millones, lo que supone un 8,7% más que el año anterior. Si se suma, la previsión de liquidación para 2024, los ayuntamientos y corporaciones recibirán 30.216 millones, un 4,6% más que en 2025.
Senda de déficit
Tal y como estaba previsto, el Gobierno también trasladó a las comunidades una senda de déficit más flexible para los próximos tres años. El CPFF aprobó que las autonomías puedan incurrir en 0,1 puntos de déficit anual hasta 2028. Hacienda recupera la propuesta que hizo el año pasado, aunque no entró en vigor al no aprobarse en el Congreso. En consecuencia, las regiones ahora están obligadas a reducirlo en 0,1 puntos. “Esto significa que, en todo el periodo de la senda, las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo añadido para reducir su déficit. Dicho de otra forma, la consolidación fiscal recaerá en su totalidad en la Administración General del Estado (AGE) y también en la Seguridad Social”, puntualizó Montero.
A su vez, informó a las comunidades de los objetivos de deuda. En el ejercicio 2026, el conjunto de las regiones deberá reducir su ratio de deuda hasta el 19,6%. Para 2027, la caída deberá ser hasta el 18,9%. Por último, en 2028 tendrá que situarse en el 18,3%.
Transferencias a la Seguridad Social
De esta forma, la administración central tendrá que un objetivo de reducción del déficit del 1,8% en 2026, del 1,5%, un año después y del 1,4% hasta el 2028. Esto supone que la administración general asume el 90% de la reducción del déficit en este periodo. Es también la misma propuesta del año pasado, con un ejercicio adicional. Además, Montero recalcó que del total del objetivo de déficit para 2026 de la Administración Central, 1,4 puntos corresponden a transferencias a la Seguridad Social procedentes del Pacto de Toledo. “Un gasto que el Ministerio de Hacienda evidentemente no tiene capacidad de minorar y que suma más de 23.000 millones de euros”, informó.
La titular de Hacienda añadió que si se considera además la transferencia a las comunidades del impuesto a la banca -1.500 millones-, 1,5 puntos de los 1,8 puntos que corresponden al Gobierno se transfieren a las comunidades.
AIReF
Consciente de la importancia de los apoyos del bloque del investidura, el Ejecutivo ha optado por mantener -como ya hizo en 2025- su oferta territorial, pese a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que las administraciones regionales no necesitan mayor margen. Como así apuntó recientemente su presidenta, Cristina Herrero, quien ayer participó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -sin derecho a voto-.
En este sentido, Carolina España, consejera de Hacienda de Andalucía -comunidad a la que Montero es candidata-, advirtió de que la propia AIReF ha indicado que “no se puede instar a las comunidades a tener más déficit si no van a poder cumplir con la regla de gasto”. Fue también muy crítica con las entregas a cuenta: “La señora Montero debe tener claro que el dinero no es de ella, hasta ahí podríamos llegar. Se recibe más porque se recauda más, pero no hay ni una partida adicional. El modelo de financiación, es decir, el criterio bajo el que se reparten los impuestos entre las autonomías, sigue siendo el mismo pacto del PSOE con ERC”.
Piedras en el tejado
“Nunca el Reino de España se queda sin objetivos de estabilidad. […] Si no hay una nueva senda de estabilidad aprobada por el Congreso, se aplicará automáticamente el equilibrio presupuestario que se prevé en la ley. Es algo similar a lo que ya ocurrió en años anteriores, en donde algunas veces digo que hay partidos políticos que se tiran las piedras sobre su propio tejado. Porque esto no beneficia más que a las comunidades autónomas”, avisó Montero.
En realidad, una llamada de atención para trasladar la presión al Congreso. El objetivo de Montero es que la senda de déficit pueda votarse en 2025 -incluidas las dos votaciones que exige la ley-, lo que permitiría presentar los Presupuestos Generales del Estado a comienzos de 2026