El Gobierno activó ayer la maquinaria presupuestaria con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo lunes, 17 de noviembre. Tras meses de retraso, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, pisa ahora el acelerador con una tramitación que se prevé por la vía de urgencia. El objetivo inmediato del Ejecutivo es enviar al Congreso el techo de gasto y la senda de estabilidad para su debate en el pleno antes de que acabe el mes. Con el calendario en contra y tras la posición cada vez más dura de Junts per Cataluña, Pedro Sánchez intenta marcar la agenda con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, unas cuentas públicas que nacen prácticamente muertas antes de presentarse.
Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, Hacienda presentará a las comunidades autónomas la propuesta de estabilidad -senda de déficit- y el límite de gasto no financiero -techo de gasto- en el CPFF. Montero tiene asegurada su aprobación, dado que el sistema de votación del Consejo otorga los mismos votos a la Administración Central que a las comunidades autónomas. Es decir, solo necesita el apoyo de una para salir adelante. Un día después, el martes 18, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, paso previo para su envío a las Cortes Generales.
Un calendario al límite
De esta forma, el Gobierno confía en que el Congreso pueda debatir la propuesta de senda de déficit -que requiere la aprobación del Parlamento, mientras que el techo de gasto tiene un mero carácter informativo- antes de final de mes. Si en una primera votación es rechazada, como previsiblemente ocurrirá, el Ejecutivo deberá repetir el trámite un mes después, con el tiempo prácticamente agotado. El último pleno ordinario del año está previsto para el 18 de diciembre.
El margen institucional es mínimo, pero con este movimiento el Ejecutivo mantiene la consigna de Pedro Sánchez de este año de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Al mismo tiempo, busca evidenciar un intento de acuerdo con sus socios, como señaló la semana pasada: “Sudaremos la camiseta”. Aunque, en cualquier caso, como también ha repetido, “con o sin nuevos presupuestos, el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
Margen presupuestario
En el terreno técnico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reiterado que las comunidades autónomas no necesitan más margen respecto a la tasa de déficit fijada el pasado año. La institución considera adecuado mantener el 0,1% para 2026 y 2027, frente al 1,8% asignado a la Administración Central y el equilibrio presupuestario (0%) de las corporaciones locales.
“Con nuestras previsiones, que apuntan a un equilibrio presupuestario en 2026, no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor de déficit”, señaló recientemente su presidenta, Cristina Herrero, que participará en el CPFF del lunes —sin derecho a voto—. En esa misma reunión, Hacienda abordará también el estado de la reforma del sistema de financiación autonómica, un compromiso pendiente desde hace más de una década.
Una reunión tensa con las comunidades autónomas
La cita del próximo lunes no solo servirá para someter a informe los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Sobre la mesa estará también la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto pendiente desde hace más de una década. Sin embargo, frente al discurso de Pedro Sánchez, que ayer expuso en el Pleno 300.000 millones de euros adicionales para servicios públicos, en trasferencias a las comunidades autónomos, la reunión se anticipa tensa. Y no sería la primera vez que las comunidades autónomas de la oposición abandonan la sesión en señal de protesta.
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Comparecencia del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, a petición propia, en el @Congreso_Es para informar de las últimas cumbres internacionales y la situación de los servicios públicos. https://t.co/EshO2Z1S5g
— La Moncloa (@desdelamoncloa) November 12, 2025
El Gobierno trabaja desde hace semanas en una propuesta que permita actualizar el modelo vigente, con el compromiso de que sea “positivo y beneficioso para todas las regiones”, según ha trasladado la propia ministra María Jesús Montero. En paralelo, Hacienda ha recordado que el nuevo sistema deberá aprobarse con el respaldo de las Cortes Generales, lo que obliga a buscar acuerdos más allá del propio CPFF.
Las comunidades gobernadas por el PP, por su parte, han vinculado la condonación de deuda planteada por el Ejecutivo a esta reforma y reclaman que se debata conjuntamente. Consideran que la quita de deuda “no resuelve el problema de fondo” y piden que el nuevo modelo garantice una distribución más equilibrada de los recursos.
Montero afronta el lunes una doble prueba: aprobar la senda de estabilidad, previsiblemente superada, y reconducir el diálogo -que se anticipa muy difícil- con las comunidades, en medio del bloqueo político. Su reto, mientras tanto, es mantener viva la maquinaria presupuestaria, aunque ello implique un duro trámite en el Congreso.