El Gobierno mantiene su discurso de que cumplirá con el mandato constitucional y presentará las cuentas públicas del año 2026 en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el pasado 26 de septiembre que “para nada dan por perdidos los presupuestos. Están trabajando en ellos y seguirán “todos los trámites”.
Sin embargo, el cumplimiento de “todos los trámites” -que no es otra cosa que la aplicación de la Ley General Presupuestaria- obligará al Ejecutivo a un ‘vía crucis’ previo en el Parlamento. La puntilla la acaba de poner Junts. La formación está sopesando si sigue apoyando o no al Gobierno. Tomará la decisión antes de que termine el otoño. El secretario general, Jordi Turull, avanzó el 21 de diciembre como fecha límite, con la intención de extender la agonía a la que mantiene sometido al Ejecutivo. A su vez, Podemos necesita reforzarse en el bloque de la izquierda y tira de la cuerda frente a Junts. La semana pasada, volvió a romper la mayoría del bloque de investidura al tumbar la delegación de competencias a Cataluña.
En la fragilidad actual con sus socios de investidura, el Ejecutivo podría tener que asumir dos derrotas parlamentarias antes de poder presentar los Presupuestos en el Congreso. Siempre y cuando, María Jesús Montero no logre asegurar la mayoría para aprobar los objetivos de déficit. En 2024, la negativa de Junts a aprobar en una segunda votación la senda de estabilidad, llevó al Gobierno a retirar su tramitación para evitarse un nuevo fracaso. Y con esta decisión, dejó el proyecto presupuestario de 2025 en el cajón.
¿En qué fase están los Presupuestos de 2026?
La legislación presupuestaria establece el 30 de septiembre como fecha límite para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos. Esta se ha incumplido en innumerables ocasiones, pero este año el Ejecutivo lleva aún más retraso que el anterior. El pasado verano, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó de la demora en los primeros pasos del procedimiento presupuestario al no haberse publicado la orden para su inicio. Este hito, el único cumplido, se superó el pasado 3 de septiembre con su publicación en el BOE y un plazo hasta el 12 de septiembre para que los diferentes ministerios presentaran sus propuestas.
Ahora el Gobierno se afana en llevar al Consejo de Ministros la propuesta de objetivos de estabilidad (senda de déficit) y la aprobación del límite de gasto no financiero (techo de gasto). Antes tendrá que sentarse con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que de momento no tiene fecha prevista. Su convocatoria requiere un mínimo de 72 horas de anticipación.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, apuntó la semana pasada que “estamos ya en las semanas decisivas para su convocatoria“. Entonces, se presentará el informe de situación económica y la senda de déficit, a partir de los cuales se determina el techo de gasto. Este órgano emitirá un informe previo, que debe ser tenido en cuenta para la preparación de los presupuestos autonómicos. En este trámite, el Ministerio de Hacienda tiene asegurada su aprobación porque el apoyo de una sola comunidad autónoma es suficiente.
Del Consejo de Ministros al Parlamento
Superado este procedimiento, el Consejo de Ministros estará en disposición de aprobar la propuesta de senda de déficit, el techo de gasto y el informe sobre la situación de la economía española, para su remisión al Congreso. El techo de gasto tiene carácter informativo, mientras que la propuesta de objetivos de estabilidad requiere su aprobación por el Parlamento. Fuentes gubernamentales aseguran que ya se está negociando con los grupos parlamentarios y restan importancia al hecho de que no sea aprobada. Es más, ven a su favor un mayor margen presupuestario, al enmarcarse en la anterior.
Pero ello no evitará que, si en una primera votación es rechazada, el Ejecutivo se vea obligado a volver a presentarla. Esto requerirá que sea aprobada de nuevo en el Consejo de Ministros-. Y solo entonces, tras dos votaciones -derrotas, si fuera el caso-, María Jesús Montero estaría en condiciones de recuperar la foto a las puertas del Congreso con el libro amarillo de los Presupuestos.
Con todo, el riesgo de no contar con unos presupuestos es alto, como así ha alertado la AIReF. Su presidenta, Cristina Herrero, cuestionó la semana pasada que el marco fiscal nacional “está completamente anestesiado”, ya que vive sin objetivos que afectan al resto de Administraciones públicas: “Vive no ya sin presupuesto, sino sin proyecto de presupuestos, porque si por lo menos hubiera un proyecto, podríamos saber lo que el Gobierno pretende hacer”.
Incumplimiento con la Unión Europea
En 2025, el Gobierno no solo incumplió con la obligación constitucional de presentar los presupuestos en el Congreso, también lo hizo ante la Unión Europea. Cristina Herrero recordó que España fue el “único país” de la Unión Europea que no presentó ante Bruselas el plan presupuestario del año 2025. “También me extraña que no se haya exigido [por parte de la Comisión Europea] la presentación del Plan Presupuestario 2025”, lamentó en una conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Antes del próximo 15 de octubre, España debería enviar a su plan presupuestario para 2026 ante las instituciones europeas. Un documento que recoge no solo las líneas fundamentales de los presupuestos de la Administración Central y la Seguridad Social, sino del conjunto de las administraciones públicas. De esta forma, el Gobierno debería especificar cómo va a cumplir con los compromisos del Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo (PFEMP) 2024-2028). Con la excepción de 2025, una práctica habitual cuando no fue posible presentar los presupuestos ha sido remitir este documento a políticas constantes. Toca ver qué hará este año.
Calendario ajustado
La obligación constitucional de presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior ya no podrá cumplirse. El desafío para el Ejecutivo es, si verdaderamente quiere cumplir con la Constitución, asumir la posibilidad de dos fracasos parlamentarios. Y solo entonces, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
Esta es la circunstancia en la que está España desde diciembre de 2022, cuando ‘in extremis’ se aprobaron las cuentas para 2023. Tras dos prórrogas consecutivas, ¿habrá una tercera?