El Gobierno lleva dos años y dos meses sobreviviendo a una mayoría parlamentaria que se tensiona, fractura y a veces desaparece, siempre vendiendo sus esfuerzos para pactar con todos los partidos y presumiendo de sus victorias. Tras las derrotas en el Congreso de los Diputados con las que ha iniciado el nuevo curso, y particularmente después de las nuevas grietas en esa mayoría que han surgido esta semana, insiste en pasarle la pelota a los grupos parlamentarios.
Que Podemos rompiera el bloque de investidura para votar contra la proposición de ley del PSOE y Junts, de delegación de competencias en materia migratoria a la Generalitat, les obliga a trabajar para acercar posturas. Aunque primero dejarán pasar algo de “tiempo”, para que los ánimos se calmen. “La pasión de la tribuna provoca averías”; “Es difícil que los puentes se restablezcan rápidamente”, afirman fuentes del Ejecutivo.
Sin embargo, las mismas voces se lamentan de que los grupos parlamentarios “no se hacen eco de que tienen que pactar entre ellos”. “El Gobierno”, afirman, “tiene que hacer de intermediario”, pero los partidos también tienen que sentarse juntos a negociar entre ellos, defienden ahora. Las relaciones con Junts, con quien se reúnen mensualmente en Suiza, son particularmente difíciles; los golpes de Yolanda Díaz -con la reducción de la jornada laboral- y el portazo de Podemos este martes, tampoco ayudan a mantener la paz con los independentistas.
El martes, el partido de Ione Belarra se cerró en banda a aprobar una norma cuya exposición de motivos trata la inmigración como “un problema”. Y los morados aprecian en las sucesivas declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, una clara demostración de que el partido de Carles Puigdemont está ahondando en su deriva más “racista” para competir con la ultraderechista Aliança Catalana.
“Más del 40% de los inmigrantes en Catalunya no trabajan y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir”, afirmó Nogueras en tribuna esta semana. En la misma jornada de pleno, Junts defendió una proposición no de ley -una iniciativa no vinculante- para restringir el acceso a las prestaciones por paternidad de los trabajadores temporeros migrantes.
Como Podemos, otras formaciones de izquierdas aliadas de Sánchez, especialmente ERC y EH Bildu, también diagnosticaron que Junts vira a posiciones extremas por su pulso con la ultraderecha. Pero eso no les ha impedido reclamar responsabilidad a los morados, o considerar que está parapetándose en excusas para debilitar a la coalición de PSOE y Sumar.
El miércoles, en TVE3, el líder histórico de Podemos, Pablo Iglesias, arremetió con dureza contra Junts y contra ERC. Había escuchado las críticas del exdirigente de ERC Joan Tardà a los morados, y decidió no morderse la lengua.
“Que Junts sea de derechas no le puede sorprender a nadie y que digan que los migrantes llegan a Cataluña a acabar con la identidad catalana, no le sorprende a nadie”, afirmó. Para después acusar a su “amigo” Tardà y a Gabriel Rufián de responder “bajando las orejas después de que él dijera que era una ley racista, y tragándose toda esta mierda de Junts y del puyolismo”. Daba cuenta del enfado que late entre los morados, que durante buena parte de la legislatura han encarrilado su actividad parlamentaria junto a ERC, Bildu y BNG. Hoy, los dos primeros le piden que no boicotee a Sánchez.
Tampoco las aguas bajan tranquilas en Junts. Su secretario general, Jordi Turull, se reunió el miércoles con alcaldes del partido para intentar rebajar tensión con los alcaldes, precisamente a cuenta de la inmigración y del avance de los ultraderechistas catalanes. El Gobierno prevé intentar acercar posturas planteando modificaciones en la exposición de motivos del mismo texto, pero fuentes de Junts no aclaran si están dispuestos a contemplar este escenario.
Los morados exigen, además, el impulso de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar la situación administrativa de miles de ciudadanos migrantes, que sigue atascada en el trámite parlamentario. Y desde Sumar responden que fue Podemos quien impidió un pacto en esta materia antes del verano, con o sin intención de lograrlo.
“Con Podemos se puede intentar”, afirman fuentes del Ejecutivo. Aún si lo logran, no es el único puzzle político que sólo pueden resolver si cuentan con los cuatro votos de los morados.
Sánchez apela al “sentido común” para convalidar el embargo de armas
Otro de los puntos candentes tiene que ver con el real decreto ley de embargo de armas a Israel que el Consejo de Ministros aprobó el martes. Desde Nueva York, el propio Sánchez apeló al “sentido común” de los grupos para que el decreto, ya en vigor, no decaiga.
Sin embargo, fueron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la diputada de Podemos Martina Velarde, quienes escenificaron el choque de posturas a cuenta de esta norma. Durante la interpelación urgente de los morados en el pleno, el miércoles, Montero defendió que el Ejecutivo “ha agotado todo su margen legal disponible” con esta norma, que persigue consolidar el embargo que dicen aplicar desde 2023, aunque siga habiendo contratos armamentísticos con Israel o sus empresas.
La excepción para poder firmar futuros contratos con el único aval del Consejo de Ministros también ha generado recelos en Sumar, que advierte de que exigirá que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder enmendarlo. Velarde, por su parte, sostuvo que el texto es “sospechoso”, porque sólo viene a reforzar el embargo que el Gobierno lleva dos años defendiendo, y que no ha impedido el comercio con el régimen de Benjamin Netanyahu. Para los morados, es “la nada”.
El mismo miércoles, la formación de Belarra remitió un duro comunicado sobre este “embargo fake”. “Tras analizar el texto, el partido morado considera que estamos ante un ‘engaño’ del Gobierno y ante un ‘auténtico coladero para mantener la complicidad y las relaciones con los genocidas'”. “Por ejemplo, entre las numerosas omisiones y excepciones que contiene la norma, Podemos denuncia que no impide el comercio de armamento con las filiales de empresas israelíes”, reza el texto. En Moncloa asumen que no va a ser fácil la labor de “intermediación” para conseguir todos los votos que necesitan.